En ocasión de la apertura de sesiones legislativas ordinarias en la Provincia de Buenos Aires, el pasado lunes 2 de marzo el gobernador Axel Kiciloff planteó con precisión el abordaje que exige resolver el corset estructural que padece la provincia.
Jurisdicción que reúne el principal complejo agro-industrial del país, cuyo Producto Bruto Geográfico alcanza al 40% del PIB nacional y sin embargo los gobernadores a poco de andar quedan reducidos a meros “pagadores de sueldos” sin poder atenuar los fuerte desequilibrios y contrastes existente, sobre todo entre el Área Metropolitana y las zonas rurales.
El gobernador Kicillof describió serenamente las graves carencias recibidas de la administración de María Eugenia Vidal, en términos de inversión social e inversión en infraestructura, la cual, sin embargo, contó con los recursos extraordinarios proporcionados por U$S 4.300 millones frescos de deuda tomada en divisas, sin elevarse las citadas tasas de inversión. Al contrario, los indicadores se ubicaron por debajo del gobierno de su predecesor Daniel Scioli.
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El plan de gobierno expuesto por Kicillof comprende un programa de emergencia que revierta las debilidades inmediatas que exige la coyuntura: asistencia alimentaria, puesta en funcionamiento de los sistemas de salud y educación, reordenamiento tarifario, recuperación de niveles razonables de recaudación propia y sustentabilidad de la deuda heredada. Lo cual no es poco.
Ahora bien, resolviendo esos baches, la debilidad socio-económica de la Provincia subsiste como consecuencia de un conjunto de factores muy bien descriptos en el mensaje:
-Las oleadas desindustrializadoras que dejaron sin destino productivo al Área Metropolitana, situando tres: la dictadura cívico-militar, las reformas de mercado de los 90 y la apertura comercial indiscriminada y sin sentido del macrismo.
-La resistencia de las patronales agrarias y la ausencia de políticas públicas sostenidas para generar manufacturas agropecuarias en origen, desconcentrando población del Área Metropolitana
-La necesidad fiscal de la Provincia de contar con mayores recursos nacionales en forma automática para poder impulsar políticas de reversión estructural de los déficit territoriales y sociales.
La formulación realizada por el gobernador Kicillof hacia la Nación se centró en concluir con el Estado pasivo que gestionó Vidal acompañando el mazazo aperturista y tarifario sobre el tejido productivo provincial, en parte por voluntad política pero también por falta de recursos.
En concreto, el mandatario avanzó sobre la necesidad de participar en el sistema de reparto de regalías petroleras como provincia refinadora y la demanda de mayores fondos con destino a un aglomerado urbano pauperizado por el neoliberalismo.
Subyace un reclamo de revisión profunda del pacto federal-fiscal realizado en Olivos en 1993 y plasmado en la Constitución promulgada en 1994.
La Carta Magna vigente le ha otorgado en los hechos rango constitucional al sistema de alícuotas de distribución secundaria de los recursos coparticipables al exigir (en su artículo 75, inc.2, cuarto párrafo) que cualquier modificación debe ser ratificada por las provincias. Este sistema emergió de un acuerdo celebrado en 1988 entre un gobierno nacional débil y un conjunto de gobernadores peronistas de provincias no pampeanas. El Pacto de Olivos de 1993 coronó ese acuerdo fiscal con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la elección de un tercer senador, requerimientos de la Unión Cívica Radical en el llano para habilitar legislativamente la reforma constitucional.
El saldo fue la institucionalización de la debilidad fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que se plasmó en el terreno político con sendas derrotas electorales de gobernadores peronistas frente a jefes de gobierno porteños anti-peronistas en 1999 y 2015. Habida cuenta que los presidentes peronistas provinieron de provincias extra-pampeanas: La Rioja y Santa Cruz.
El sistema federal-fiscal de 1994 probó su efectividad. Tanto que los mandatarios peronistas de la provincia tampoco pudieron hacer sentir su peso territorial y electoral en los gobiernos nacionales peronistas. Incluso el actual gobierno nacional no giró los fondos necesarios para un aterrizaje suave de Kicillof ante el vencimiento inmediato de la deuda y el pago de la clausula gatillo salarial a los docentes. Ambos desembolsos obligados y heredados que hubieran sido resueltos con menos del 10% de la ampliación de Base Monetaria por $400.000 millones ocurridos en diciembre-febrero.
El gobernador, consciente de esta realidad y decidido a revertir este fatalismo de “provincia inviable” perpetrado en los acuerdos descriptos, puso la pica en Flandes en la apertura de sesiones: la revisión del pacto federal-fiscal consagrado hace un cuarto de siglo.
El Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires exige este planteo.
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