En los últimos días el INDEC anunció que el desempleo había sido del 7,2% en el cuarto trimestre de 2017, 0,4 puntos porcentuales menos que el de igual trimestre de 2016. Pasada la euforia que esto provocó en el gobierno, intelectuales y medios afines, y dada la encrucijada mentira/verdad con la que nos desafía constantemente el gobierno de Cambiemos, plantemos aquí una serie de cuestiones que hacen a la estructura ocupacional en nuestro país.
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En primer lugar, una observación integral de los datos. Si bien la creación de empleo durante 2017 permitió absorber tanto el crecimiento de la población económicamente activa como parte del desempleo, no menos cierto es que la subocupación demandante (es decir, las personas que aun trabajando buscan ocupar más horas, típicamente para completar ingresos) sigue en los mismos niveles que hace un año atrás, al tiempo que la mayor parte de la creación de empleo privado se dio en sectores no asalariados (6,6% más de monotributistas y 9,8% más de monotributistas social entre diciembre 2016 y 2017) o en empleos de menor salario y mayor incidencia de informalidad laboral - construcción, comercio minorista, hoteles y restaurantes - en detrimento de una destrucción neta en la industria que alcanzó los 20 mil puestos y acumula más de 60 mil desde el ascenso de Cambiemos al poder. Es decir, estamos frente a una mayor precarización del mercado de trabajo: trabajamos menos, con menores salarios, con mayor inseguridad de perder el trabajo.
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Un segundo lugar, la dinámica de estas tendencias puede estar generando, modificando potencialmente la duración del desempleo, la distribución del ingreso y la pobreza. Esto se debe a la incidencia de la informalidad y la precarización laboral, que según como se lo mida alcanza a un tercio a la mitad de la estructura ocupacional, y en promedio un sueldo informal se encuentra un 40% por debajo de lo que se gana en puestos formales. No hay nada para festejar, vamos a un camino de mayor desigualdad.
En tercer lugar, es importante considerar la problemática de la Argentina en materia laboral con una mirada de mediano y largo plazo, dada la incapacidad estructural en nuestro país de generar suficientes oportunidades de empleo de calidad, lo cual se ha hecho más evidente desde mediados de la década de 1970.
Durante la dictadura cívico-militar, la apertura comercial, el fuerte atraso cambiario y la retracción del Estado en distintas esferas de la economía puso manifiesto las fuertes brechas de competitividad que nos separaban del mundo industrializado. Este camino fue continuado en la década de los 90s, y la consecuencia fue el más profundo deterioro de capacidades sociales y económicos del que se tenga memoria, destruyendo eslabones enteros en el entramado de la pequeña y mediana empresa, y cientos de miles de puestos de trabajo, afectando lógicamente las trayectorias del salario real, la distribución y el mercado interno.
Hoy día, cuando la solución a los problemas de largo aliento parecen descansar en el mismo recetario neoliberal de siempre, parece útil recordar que pasó en esos 25 años: el PBI per cápita prácticamente no creció, el desempleo subió del 4,7% al 24,3%, la distribución del ingreso se deterioró sistemáticamente (el ratio entre el decil más rico y el más pobre se amplió de 8 a 33 veces) y la pobreza saltó del 5% a cerca del 40% de los hogares, en un marco donde se produjo un persistente proceso de extranjerización y concentración en la generación de valor agregado.
Es decir, más allá del número concreto de desocupación, el problema reside en el conjunto de medidas económicas y en la forma de estado del gobierno Cambiemos. Que el árbol no nos tape el bosque. De una población activa de poco más de 20 millones de personas, cerca de la mitad tiene serios problemas de empleo, sea porque ganan muy poco, no tienen ningún tipo de beneficios o derechos y la continuidad laboral pende de un hilo. Y dar respuesta a estos desafíos supone - hoy como ayer - definir en qué país queremos vivir, qué estilo de desarrollo necesitamos y con qué la planificación lo vamos a realizar.
Este es un proceso complejo donde se entremezclan cuestiones como una macroeconomía que garantice la acumulación de capital productivo y desaliente la especulación y la fuga de capitales y las actividades rentísticas. Pero también la puesta a punto en materia de infraestructura, innovación, educación y salud y una fuerte apuesta por una política industrial de nueva generación, que salde los problemas de generación de empleo del país.
La lógica detrás de ese proceso supone decisiones políticas: que el Estado supla la ausencia de inversión privada, que corrija los desajustes distributivos y garantice el cumplimiento de objetivos de productividad. A este punto, y dada la agenda que nos propone Cambiemos, lo realmente necesario para que baje la tasa de desocupación es ciencia ficción.
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