¿Se acelera la inflación?

Durante esta semana, el Banco Central adoptó dos medidas que marcarán el rumbo del mercado cambiario y financiero local, al menos hasta fin de año:

1. Un candado casi absoluto sobre la posibilidad de adquirir moneda extranjera para atesoramiento, restringiendo las compras individuales mensuales a u$s 200 a través del sistema bancario; un tope de u$s 100 a las efectuadas en efectivo y otro de u$s 50 a los adelantos de fondos con tarjetas de crédito en el exterior.

2. Suprimió la posibilidad de las entidades financieras de integrar las exigencias de efectivo mínimo sobre depósitos a la vista con títulos emitidos por el Ente Rector (LeLiq y NoBac) que remuneraban esa inmovilización de dinero.

El 8 de marzo de este año, en el programa televisivo del periodista Maxi Montenegro, afirmé que era imprescindible establecer regulaciones cambiarias sobre la compra de dólares para atesoramiento, dado que el Gobierno, a pesar del importante respaldo financiero multilateral recibido y el brutal ajuste monetario y fiscal que llevaba a cabo, había sido incapaz de estabilizar las variables económicas y restablecer la oferta privada de dólares.

Este planteo fue duramente cuestionado por operadores del mercado. Sin embargo, desde esa fecha hasta el presente se perdieron más de u$s 25.000 millones, cifra que asciende a u$s 41.000 millones si se agregan los u$s 16.000 millones aportados por el FMI, que desaparecieron con mucha pena y sin gloria en el frenesí de la fuga.

Este escenario de irresponsabilidad en materia cambiaria y financiera obligó al  exacerbado control de cambios que se implantó recientemente. Ahora, esta medida es curiosamente apoyada por los mismos operadores que señalaban la medida regulatoria como una herejía digna de la hoguera. Seis meses atrás, el costo hubiera sido infinitamente menor.

Un rígido control cambiario, combinado con el fin del subsidio a los bancos que significaba remunerar a costa del Banco Central el dinero que obligadamente tienen que inmovilizar por prudencia técnica, parecieran medidas compatibles con administrar una coyuntura compleja en la transición política.

Ahora bien, estas decisiones apresuradas para responder a la realidad caliente a la que nos llevó el Gobierno -frenado por el voto popular- carentes de un plan macroeconómico de estabilización más completo, puede liberar liquidez a la economía sin la existencia de una demanda de pesos que canalice la misma hacia la producción y el consumo. Situación que puede provocar una presión sobre las cotizaciones alternativas del dólar, como el contado con liquidez, ampliando así, en forma indeseable, la brecha con el precio definido en el mercado oficial.

El riesgo reside en que un círculo espiralizado que acelere la salida de depósitos en pesos del sistema bancario por el imperio de una tasa de interés negativa respecto de la inflación, creando una artificial burbuja de liquidez sin expansión de la actividad económica, puede consolidar una brecha de cotizaciones en el mercado cambiario muy amplia y retroalimentar la suba de precios.

Es curioso que se hayan apresurado el descongelamiento de precios de los combustibles, un insólito aumento de las tarifas de energía en la Provincia de Buenos Aires decretado por la Gobernadora saliente y que numerosos precios de insumos difundidos en alimentos y salud hayan tomado esa señal para comenzar a incrementarse.

El corolario de varios años de "carry trade" -o arbitraje entre tasa de interés y cotización del dólar- es la realización de enormes ganancias financieras que salen del país (a agosto de 2019, desde el inicio de la gestión de Macri, la Formación de Activos en el Exterior alcanzó la suma de $ 81.000 millones) y que se solventan con deuda de mercados y/o organismos multilaterales. El proceso resulta en un deterioro del valor de los activos reales argentinos y en una distorsión completa de los precios. Esperemos que esto último no sea el esquema de despedida de Cambiemos.