El canciller israelí, Israel Katz, afirmó hoy que cuenta con "pruebas irrefutables" de la participación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa) en actos "terroristas" en la Franja de Gaza y señaló que presentó un "expediente" para demostrar su implicación en "atrocidades".
Katz señaló que la organización opera como una rama del movimiento islaelita palestino Hamas y acusó de tener "personal implicado en actos de violencia".
"Su sede en Gaza está vinculada a túneles de Hamas, las pruebas son claras", puntualizó durante su intervención con motivo de la Conferencia de Seguridad de Múnich.
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Luego pidió la renuncia del director de la agencia, Philippe Lazzarini, y aseguró que "no puede formar parte del paisaje de Gaza", al tiempo que recalcó que Israel "solo busca la paz" y "no tiene intención de expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza", recogió la agencia de noticias Europa Press.
Así, remarcó que doce empleados de la Unrwa estuvieron involucrados en los ataques del 7 de octubre cuando milicianos de Hamas infiltrados en Israel desde Gaza mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y se llevaran de rehenes a otras 240, incluyendo una veintena con nacionalidad argentina.
Israel respondió al ataque con una de sus campañas militares más mortíferas, que ha dejado al menos 28.775 muertos y 68.552 heridos en Gaza, según el Ministerio de Salud local.
"El regreso de los secuestrados es el objetivo más importante del Ministerio de Exteriores. El comportamiento de Hamas es idéntico al de los nazis hacia los judíos durante el Holocausto", ejemplificó Katz.
En este sentido, acusó a Hamas de utilizar "emplazamientos civiles" e hizo hincapié en que su objetivo "no es perjudicar" a la población local por lo que subrayó que estos han sido trasladados a "zonas seguras" mientras Hamas "trata de impedirlo".
Por último, instó a la comunidad internacional a detener a Irán -aliado de Hamas-, que "representa una amenaza para Europa". "Si la comunidad internacional no se moviliza para detenerlo, habrá muchos Gazas en Berlín, La Haya y en toda Europa", mencionó antes de pedir la imposición de sanciones contra Teherán para evitar que obtenga armas nucleares.
Este mismo viernes, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, reveló públicamente las identidades de los doce miembros del personal de la Unrwa que supuestamente participaron activamente en los ataques de Hamas.
"Además de estos doce trabajadores, tenemos importantes indicios basados en datos de Inteligencia que apuntan a que más de 30 trabajadores de la Unrwa participaron en la masacre, facilitaron la toma de rehenes y saquearon y robaron a comunidades israelíes", dijo, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.
Gallant recalcó que la Unrwa ha "perdido legitimidad y ya no puede funcionar como un organismo de la ONU", y por lo tanto ha ordenado al Ejército que "transfiera las responsabilidades de la entrega de ayuda en la Franja a otras organizaciones humanitarias".
Las acusaciones de Israel llevaron a varios países, encabezados por Estados Unidos, a suspender su financiación a la Unrwa, la mayor organización humanitaria en la Franja de Gaza.
La agencia anunció que despidió a "varios" empleados acusados por Israel y lanzó una investigación al respecto.
Además, el secretario general de la ONU, António Guterres, anunció luego la creación de una comisión independiente para evaluar la "neutralidad" del organismo.
La Unrwa trabaja "en condiciones extremadamente difíciles para prestar asistencia vital a los dos millones de personas en la Franja de Gaza que dependen de ella (...) en medio de una de las mayores y más complejas crisis humanitarias del mundo", dijo el secretario general.
Ante el aluvión de suspensiones de ayuda financiera, Guterres dijo que de los 12 empleados acusados por Israel, nueve fueron despedidos inmediatamente, uno fue confirmado muerto y "la identidad de los otros dos está siendo aclarada".
También llamó a todos los países a mantener su financiación y advirtió que si los fondos siguen suspendidos, la Unrwa probablemente tendrá que cesar sus operaciones en febrero.
Antes del conflicto, contaba con 13.000 empleados y daba alimentos a dos millones de personas, así como asistencia sanitaria a 30.000 personas al día y educación a 400.000 alumnos palestinos.
Con información de Télam
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