Las autoridades intentaron el viernes ejecutar una orden de detención contra el presidente destituido de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, mientras una multitud de manifestantes se enfrentaba a la policía frente a su residencia y juraba bloquear cualquier intento.
Yoon está siendo investigado por insurrección por su breve intento de instaurar la ley marcial el 3 de diciembre. Una detención no tendría precedentes para un presidente surcoreano en funciones.
Funcionarios de la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altas Autoridades (CIO), que dirige un equipo conjunto de investigadores que incluye a la policía y la fiscalía, habían llegado a las puertas del recinto de Yoon poco después de las 7 de las 2200 GMT del jueves, según testigos de Reuters.
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La agencia de noticias Yonhap informó que se había movilizado a unos 3.000 policías en preparación.
No estaba claro si el Servicio de Seguridad Presidencial, que ha bloqueado el acceso de los investigadores con una orden de registro a la oficina y residencia oficial de Yoon, intentaría impedir la detención.
Los medios de comunicación informaron que los vehículos de la CIO no entraron inmediatamente en el recinto.
Los manifestantes se reunieron antes del amanecer cerca de su residencia y el número se elevó a centenares ante las informaciones de los medios de comunicación de que las autoridades investigadoras intentarían ejecutar en breve la orden de detención aprobada el martes después de que Yoon se negara a comparecer.
"Tenemos que bloquearlos con nuestras vidas", se oyó decir a uno de los manifestantes. Alrededor de una docena de personas intentaron bloquear a un grupo de policías a la entrada de un pasarela peatonal.
Algunos coreaban "El presidente Yoon Suk Yeol será protegido por el pueblo" y pedían que se detuviera al jefe de la CIO.
El 3 de diciembre, Yoon anunció a última hora de la noche que impondría la ley marcial para superar el bloqueo político y erradicar las "fuerzas antiestatales".
Sin embargo, a las pocas horas, 190 legisladores habían desafiado los cordones de tropas y policía para votar en contra de la orden de Yoon. Unas seis horas después de su decreto inicial, Yoon lo anuló.
Los abogados de Yoon han afirmado que la orden de detención era ilegal e inválida porque la CIO no estaba facultada por la legislación surcoreana para solicitarla.
Yoon ha estado aislado desde que fue destituido y suspendido del poder el 14 de diciembre.
Aparte de la investigación penal, su caso de destitución está actualmente en manos del Tribunal Constitucional, que debe decidir si lo restituye o lo destituye definitivamente. El viernes está prevista una segunda audiencia.
Con información de Reuters
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