El gobierno nicaragüense anunció el viernes varias reformas legales para aumentar el control sobre organizaciones no gubernamentales, en un contexto donde más de 4,000 asociaciones de ese tipo han sido cerradas, según recuentos de defensores de derechos humanos.
Las medidas incluyen la imposición del requisito de contar con una autorización gubernamental para los planes de trabajo y proyectos de las ONGs y la eliminación de exoneraciones fiscales para esas entidades.
La relación entre el Estado y esas asociaciones ahora se regirá bajo un nuevo mecanismo llamado "Acuerdo de Asociación". Cada organización enviará al Gobierno una propuesta de proyecto a ejecutar, según un comunicado gubernamental.
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"El Gobierno y las Entidades del Estado podrán, o no, aceptar las propuestas", señala el comunicado. Además, "ningún programa o proyecto será objeto o sujeto de exoneraciones u otros beneficios fiscales", agrega.
Desde la crisis de 2018, cuando más de 362 personas murieron en protestas antigubernamentales, según organismos de derechos humanos, las autoridades nicaragüenses han cerrado más de 4,000 ONGs, confiscando sus bienes, mientras sus directivos abandonaban el país.
El Gobierno las ha acusado de financiar a grupos opositores que desde 2018 piden la salida del presidente Daniel Ortega, elecciones con observadores internacionales y la posibilidad de que vuelvan al país los más de 700,000 nicaragüenses que han salido de él desde hace seis años.
El mandatario ha ilegalizado a los partidos políticos opositores y expulsado a Estados Unidos a representantes y líderes de la oposición, además de cerrar medios de comunicación independientes.
Con información de Reuters
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