El Gobierno brasileño expresó estar “extremadamente preocupado” por la crisis política en Nicaragua, durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, e informó que se dispone a recibir a las y los ciudadanos a quienes el Gobierno de Daniel Ortega consideró “traidores a la patria” y les quitó la nacionalidad. Se trata de más de 300 personas -todos opositores- a las que, también, les confiscaron sus bienes e inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos. Entre ellos, se encuentran los escritores y ex militantes sandinistas como Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
“Brasil está preocupado con los relatos de serias violaciones a los derechos humanos y por las restricciones a la democracia en ese país, particularmente, por las ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y las torturas contra disidentes políticos”, sostuvo el embajador brasileño ante la ONU en Ginebra, Tovar Nunes. En esa línea, reafirmó “el compromiso humanitario de proteger a las personas apátridas” en el contexto de la decisión de la gestión de Ortega de quitarle la ciudadanía a más de 300 personas y expulsarlas del país.
Nunes sostuvo que el gigante sudamericano está preparado para explorar distintas maneras de abordar la situación de “manera constructiva”, para establecer diálogos con sus pares nicaragüenses y otros actores relevantes.
La ONU acusó al Gobierno de Nicaragua de cometer crímenes contra la humanidad
En el mismo sentido, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva firmó una resolución elaborada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) sobre Nicaragua –creado en 2018, cuando estallaron las protestas contra el Gobierno en un intento de una reforma de pensiones-, en el que se acusó a la gestión de Ortega de cometer “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, los cuales constituyen “crímenes contra la humanidad”, entre ellas, se mencionan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho de permanecer en el propio país.
“Son cometidos de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y constituyen crímenes de lesa humanidad, de asesinato, prisión, tortura, incluyendo violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”, afirmó Jan Simon, integrante del Grupo de Expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, tal como reportó el portal G1, sobre las declaraciones dadas en una conferencia de prensa dada en Ginebra.
“La población vive aterrorizada”, denunció. A su turno, la experta Ángela María Buitrago, sumó, además, que sobre la población nicaragüense pesa la “amenaza constante” de ser llamados “traidores”, de que su nacionalidad sea cancelada o de que sean deportados.
Ortega, de 75 años, fue líder del primer Gobierno sandinista en Nicaragua en 1979 tras el triunfo de la revolución y fue elegido presidente en 1984. Luego de ser derrotado en las urnas en 1990 por Violeta Chamorro, regresó al poder en 2007 con una alianza que incluyó a sus viejos enemigos, entre ellos figuras de la Iglesia Católica y de los llamados Contras. Cada vez con más poder propio y sin necesidad de socios, fue reelegido en 2011 y 2016 tras una reforma constitucional que le permitió postularse nuevamente.
La avanzada de los últimos sobre la oposición se dio de manera "legal" en el país. Antes de las elecciones generales de 2021 -en las que la pareja presidencial resultó electa por más de 70 por ciento de los votos-, el Parlamento aprobó una serie de leyes, entre ellas la ley de “defensa de los derechos del pueblo, la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, que abrió la posibilidad al encarcelamiento de dirigentes de manera más rápida y masiva. Entonces, la normativa contó con el voto favorable de 70 legisladores oficialistas, el rechazo de 14 opositores y cinco abstenciones.
El pasado 9 de febrero, su Gobierno, la Justicia y la Asamblea Nacional dispusieron la liberación y la deportación de 222 personas detenidas. Entre ellos, se encuentran religiosos, ex candidatos presidenciales, diplomáticos y dirigentes con pasado de altos cargos en el sandinismo, a quienes se les quitó su nacionalidad, fueron inhabilitados en forma perpetua para ejercer cargos públicos y enviados a Estados Unidos, en un acuerdo tejido con Washington. Aunque algunos, entre ellos, un sacerdote, se resistieron y fueron detenidos nuevamente.
Días más tarde, la misma decisión se repitió contra otras 94 personas, entre las que se encuentran el escritor y ex militante sandinista, ex vicepresidente de Ortega (1985-1990) Sergio Ramírez; y la poeta y escritora ex militante sandinista Gioconda Belli.
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