La Casa Blanca criticó hoy un proyecto de ley de Florida que prohíbe la mayoría de los abortos después de seis semanas, una iniciativa apoyada por el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis.
El parlamento de Florida, de mayoría republicana, "envió una nueva prohibición del aborto extrema y peligrosa a la oficina del gobernador DeSantis para su firma", afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un comunicado recogido por la agencia de noticias AFP.
Agregó que "la prohibición va en contra de las libertades fundamentales".
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El texto fue aprobado por la Cámara Baja con 70 votos a favor y 40 en contra después de haber sorteado también la votación en el Senado, y será enviado al despacho de DeSantis para su firma.
Es la segunda vez en un año que las dos cámaras de Florida, de mayoría republicana, votan un proyecto para recortar el plazo legal del aborto. En abril de 2022, DeSantis firmó una ley que lo redujo de 24 a 15 semanas, sin excepciones por violación ni incesto.
El gobernador, estrella ascendente de los republicanos tras impulsar una agenda muy conservadora y por el momento principal rival de Donald Trump en la interna partidaria, tomó esa iniciativa anticipando la anulación por el Tribunal Supremo estadounidense del derecho federal al aborto, algo que acabó ocurriendo en junio de 2022.
"Esta prohibición evitaría que cuatro millones de mujeres en edad reproductiva de Florida accedan a servicios de aborto después de seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas", recalcó la portavoz de la Casa Blanca.
La nueva propuesta de ley establece que las mujeres no podrán abortar en Florida después de las seis semanas de gestación, salvo que el feto no sea viable, que el embarazo ponga en peligro a la madre, o que sea fruto de una violación o un incesto y no supere las 15 semanas.
Aunque DeSantis firme el texto, algo que se da por hecho, éste no entrará en vigencia mientras el Supremo de Florida no se pronuncie sobre un recurso presentado por varias asociaciones contra el límite de 15 semanas, bajo el argumento de que esa ley vulnera una cláusula de privacidad estatal.
Con información de Télam
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