El Congreso del Perú aprobó en la noche del viernes la reforma que prevé la vuelta a la bicameralidad parlamentaria, abolida por la Constitución impuesta por el fujimorismo, en 1993. La normativa, aprobada por 71 votos a favor, 45 en contra y seis abstenciones, no alcanzó los 87 escaños afirmativos para su implementación inmediata por lo que deberá ser sometida a referéndum.
Según informó el medio local RPP, la aprobación de esta ley significará la modificación de 53 artículos de la Constitución Política a fin de que exista una Cámara de Diputados, con 130 representantes, y una Cámara de Senadores con 60 miembros. Pese a lo que indica el procedimiento la titular de la Comisión de Constitución e impulsora de este cambio, Patricia Juárez, anunció que planteará una reconsideración para evitar que la ley vaya a ser plebiscitada ante la sociedad.
Perú tuvo Congreso bicameral hasta 1992, cuando el entonces presidente, Alberto Fujimori, lo disolvió mediante un autogolpe de Estado. La Constitución de 1993, de clara esencia fujimorista, estableció el Congreso unicameral que funciona ahora. En 2018, ante una creciente crisis de representación plasmada en masivas protestas antifujimoristas y contra un Poder Legislativo desprestigiado -entre otros puntos por conocidos casos de corrupción-, el entonces presidente Martín Vizcarra convocó a un referéndum en el que las y los peruanos evaluaron distintas reformas constitucionales. Entre ellas, 14 millones de peruanos rechazaron el regreso a la bicameralidad, contra 1,5 millones que lo aprobaron.
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Paradójicamente, la posibilidad del regreso a las dos cámaras fue impulsada por el fujimorismo congregados en el partido Fuerza Popular -antes gran enemigo de esa figura-, que se excusó en que las condiciones han cambiado y que es necesario adoptar ese sistema para un mejor funcionamiento. Desde este sector, además, también han rechazado la posibilidad de poner en marcha un proceso constituyente para escribir una nueva Carta Magna.
La propuesta, en tanto, obtuvo el acompañamiento de Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular y Alianza para el Progreso.
Según la norma, en caso de un plebiscito favorable, las y los miembros de ambas cámaras en el Congreso serán elegidos por un periodo de cinco años mediante un proceso electoral conforme a ley. Además, la Cámara de Diputados podría aumentar en número, mediante ley orgánica, en relación con el incremento poblacional. El dictamen también dispone que los candidatos a la presidencia o vicepresidencia de la república puedan postularse, simultáneamente, como legisladores nacionales.
En tanto, a la Cámara de Diputados le corresponderá el procedimiento de control político, la interpelación, la cuestión de confianza y la censura; así como ejercer labores en comisiones investigadoras y el procedimiento de acusación de altos funcionarios.
El diario La República, indicó que el Senado tendrá el control político para aprobar, modificar o rechazar las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados. Asimismo, fiscalizarán decretos de urgencia y decretos supremos que declaran regímenes de excepción. Este grupo también verá la elección del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo y contralor general de la República.
Acusación de corrupción contra Castillo
En la sesión, las y los legisladores también dieron el visto bueno para avanzar en una recomendación para acusar de corrupción al presidente Pedro Castillo, según informó la agencia Télam. El informe parlamentario de la Comisión de Fiscalización y Contraloría propone que se “formule Acusación Constitucional ante el Pleno contra el Presidente José Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión del delito de organización criminal, colusión y negociación incompatible", sostiene, lo que podría derivar en un nuevo pedido de destitución a poco de cumplir un año de mandato.
El texto fue aprobado por 72 parlamentarios a favor, 40 en contra, y cero abstenciones.
Según el documento, de 360 páginas, Castillo "direccionaba" con un grupo de colaboradores de su entorno inmediato la concesión de contratos de obras públicas y la aprobación de controvertidos ascensos militares. La misma comisión del Parlamento unicameral también recomienda que el expediente sea remitido a la Fiscalía de la Nación "a efectos de que emita el pronunciamiento correspondiente", consignó la agencia de noticias AFP.
El Ministerio Público investiga a Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar. Sin embargo, no puede llevarlo ante la justicia, ya que tiene inmunidad como jefe de Estado. Su mandato concluye en 2026.
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