El presidente de Perú, Pedro Castillo, sigue sumido en una crisis de Gobierno constante que todos los meses consume al menos a uno de sus ministros y, en los últimos días, hasta incluyó su expulsión virtual del partido que lo llevó al poder. En ese contexto de inestabilidad y rumores, el Congreso Nacional, un Poder con peor imagen que el Ejecutivo, busca sobrevivir a una posible explosión política y este martes votará una ley que, pese a ser tratada como una ley normal, esconde una importante reforma constitucional: reestablecer el Senado -es decir, una segunda cámara- y permitir la reelección de los legisladores, dos figuras que habían sido ampliamente rechazadas en un referéndum hace solo cuatro años.
Los mismos sectores de derecha -encabezados por el fujimorismo- que se negaron a apoyar la convocatoria de una Asamblea Constituyente, como había propuesto desde el inicio el Gobierno de Castillo y sus ahora ex aliados de la izquierda progresista -Nuevo Perú- y marxista-leninista -su antigua fuerza, Perú Libre- para modificar la Carta Magna que dejó el Alberto Fujimori luego de su autogolpe, impulsan esta ley que, para el analista político y experto en Políticas Públicas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas, es "un proceso constituyente camuflado".
"No hay antecedentes de un proceso así. Cuando Fujimori renunció y asumió Valentín Paniagua, o cuando Pedro Pablo Kuczynski se fue y asumió Martín Vizcarra no hubo un proceso constituyente camuflado. Pero hoy el Congreso tiene un nivel de desaprobación mayor que el presidente y, como existe el riesgo cada vez mayor de que el presidente Castillo no termine su mandato, los legisladores están buscando la fórmula para no tener que irse también", explicó en diálogo con El Destape.
La actual Constitución peruana establece que si el presidente es destituido por un proceso del Congreso -un mecanismo al que Castillo ya sobrevivió dos veces- y su única vicepresidenta, Dina Boluarte, sufre una suerte similar -actualmente un pedido de destitución en su contra se está discutiendo en comisión-, asume el titular del Poder Legislativo y este debe llamar de inmediato a elecciones generales, es decir, tanto para renovar el Poder Ejecutivo como el Legislativo. Según la Carta Magna vigente de 1993, los legisladores no pueden reelegirse.
En otras palabras, si Castillo y Boluarte caen, también caerá el actual Congreso y ninguno de sus miembros terminará su mandato de cinco años. Aún les queda casi cuatro años.
El proyecto de ley fue presentado por la legisladora Patricia Juarez, la misma que fue candidata a vicepresidenta de Keiko Fujimori en las elecciones del año pasado, y fue aprobado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pese a que modificaría hasta 50 artículos de la Carta Magna, la impulsora de la norma y las autoridades del Legislativo sostienen que se trata de una ley normal y, por lo tanto, puede ser aprobada en un proceso simple, sin mayorías especiales, solo 87 de los 130 parlamentarios.
Por eso, si el pleno lo aprueba este martes, todo dependerá del presidente Castillo, que puede vetarlo completamente, observarlo y devolverlo al Legislativo para que lo revisen, promulgarlo o hacer una cuestión de confianza y pedir una votación especial.
El origen del Congreso unicameral
Hasta 1992, el año en que Alberto Fujimori dio un autogolpe y -según la mayoría de los análisis- terminó de consolidar su Gobierno autoritario, Perú tuvo un Congreso bicameral, con un Senado y una Cámara Baja. La Constitución se redactó post cierre del Congreso, intervención del Poder Judicial y suspensión de la Carta Magna de 1979, y bajo una hegemonía fujimorista incuestionable. "Se quería consolidar un régimen autoritario y el congreso unicameral se convirtió en la practica en un apendice del Poder Ejecutivo. No existía ningún contrapeso", explicó Cárdenas.
"Funcionó muy bien mientras duró el fujimorismo, pero se comenzó a resquebrajar con la restauración de la democracia porque el modelo de democracia sin partidos de Fujimori se mantuvo de alguna manera con partidos débiles. Por eso, cada vez más la ciudadanía se aleja de la clase política y los partidos políticos y el Congreso son de los más repudiados de América Latina", agregó el académico y puso como ejemplo que el referéndum para reestablecer el Senado y permitir la reelección de los legisladores terminó con un rechazo aplastante.
Un análisis similar hizo para este portal el secretario general de Nuevo Peru, Enver León: "En el 2018 a través de un referéndum la población con casi el 90%, votó rechazando la bicameralidad y la re elección de congresistas. Este actual Congreso con una aprobación, según una última encuesta, del 85% de rechazo de la población pretende modificar más de 50 artículos de la constitución política, optando por la aprobación mayoritaria del Congreso en dos legislaturas y no bajo un referéndum, que vendría ser otra forma de modificaciones constitucionales. El fin de esta modificación constitucional es beneficiar a grupos de poder, que además agrega el cambio de 2 a 3 el número de cuestión de confianza del Ejecutivo para disolver el legislativo", opinó y agregó: "Si verdaderamente se quieren hacer cambios constitucionales debe ser mediante un referéndum que apruebe o no una asamblea constituyente que cambie las reglas de juego de fondo. Darle el poder al soberano es lo que necesita el Peru".
Crisis sin estallido
No es la primera vez que las advertencias o análisis de profundas crisis políticas no se condicen con la relativa calma en las calles de Perú o la estabilidad de sus cifras macroeconómicas. Muy de vez en cuando, la crisis desata un estallido social, como el que forzó la destitución del presidente interino Manuel Merino en noviembre de 2020 luego de solo cinco días en el cargo o más recientemente cuando miles rechazaron el aumento de los precios de los combustibles y desafiaron el toque de queda de Castillo. Pero -según Cárdenas- son movimientos "coyunturales", que se disuelven rápidamente.
"Por su misma estructura productiva, Perú es muy dependiente de la exportación de minerales. En los últimos 20 años, hemos tenido absoluta bonanza de los principales productos estrella del Perú. Independientemente del desastre que se genera adentro, los productos siguen generando divisas a nivel macro. A nivel micro, la historia es otra. Antes de la pandemia, teníamos el mayor nivel de tuberculosis después de Haití en la región; tenemos importantes niveles de desnutrición, contaminación ambiental y fuimos el país con mayor tasa de muertos por covid", sostuvo Cárdenas.
Esta precariedad, continuó, no se traduce en conflictividad social porque en Perú "no hay movimientos sociales fuertes".
"En Ecuador los indígenas se mantuvieron movilizados 20 días, en Argentina se consiguió el aborto en las calles, en Chile el movimiento estudiantil logró abrir un proceso constituyente...aquí no existe esta capacidad de convocatoria ni una base con fuerza suficiente para ejercer presión constante sobre el sistema político", explicó y agregó: "Esto significa que, por un lado, te puedes echar abajo a un presidente con muy poca movilización, como pasó con Merino, pero, por otro lado, los políticos pueden seguir avanzando sus intereses sin resistencia en las calles."
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