(Agrega postura de Estados Unidos)
La ONG Save the Children confirmó hoy la muerte de dos de sus empleados desaparecidos desde la masacre de unos 35 civiles en el este de Myanmar (ex Birmania), el 24 de diciembre, que huían de combates entre soldados y rebeldes prodemocráticos.
"Es con profunda tristeza que confirmamos hoy que dos miembros del personal de Save the Children se encontraban entre las al menos 35 personas, incluyendo mujeres y niños, que murieron el viernes 24 de diciembre en un ataque del ejército de Myanmar en el estado de Kayah", dijo la ONG en un comunicado reproducido por la agencia de noticias AFP.
Estados Unidos volvió a pedir hoy que "se ponga fin a la venta de armas" a la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de 1 de febrero.
"La comunidad internacional debe hacer más para avanzar en este objetivo y prevenir la repetición de atrocidades en Myanmar, incluso poniendo fin a la venta de armas y tecnología de doble uso" a la junta militar, afirmó el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado.
"Apuntar a personas inocentes y cooperantes es inaceptable, y las atrocidades generalizadas del ejército contra el pueblo de Myanmar subrayan la urgencia de responsabilizar a sus miembros", dijo Blinken.
El país del Sudeste Asiático está sumido en el caos desde que las Fuerzas Armadas hicieron un golpe de Estado, decretaron el estado de emergencia y detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la gobernante de facto, Aung San Suu Kyi.
Los combatientes que se enfrentan al ejército afirman haber hallado más de 30 cadáveres quemados, incluidos mujeres y niños, en una ruta en el estado de Kayah, donde los rebeldes prodemocracia luchan contra los militares.
Ayer, la ONG afirmó que "los militares obligaron a las personas a salir de sus automóviles, arrestaron a algunas, mataron a otras y quemaron sus cuerpos".
Más tarde, la agencia local de noticias Myanmar Now reportó 35 cuerpos calcinados hallados el 25 de diciembre en el estado de Kayah, donde también encontraron ocho automóviles y cinco motocicletas quemadas.
Tras estos hechos, Save the Children, que lleva trabajando desde 1995 en programas de salud, nutrición, educación y protección de la infancia, suspendió sus operaciones en los estados de Kayah y en el occidental de Chin, y en algunas partes de la región de Magway, en el centro-oeste del país.
Los dos hombres habían estado "trabajando en una respuesta humanitaria en una comunidad cercana cuando se vieron atrapados en el ataque", dijo la organización humanitaria.
El ejército de Myanmar niega las acusaciones.
Estados Unidos impuso una serie de sanciones a los dirigentes de la junta militar y, al igual que otros países, lleva tiempo restringiendo las armas al ejército de Myanmar, que durante la transición democrática anterior al golpe fue acusado de crímenes contra la humanidad por una campaña brutal contra la minoría rohinya.
Ayer, el director del departamento para los organismos internacionales del Ministerio de Exteriores de Rusia, Piotr Ilichiov, declaró que la posible imposición de sanciones contra las autoridades militares de Myanmar no está en la agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La posición de Rusia respecto de las sanciones unilaterales consiste en que la aplicación de estas contradice las normas del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, así como socava las prerrogativas del Consejo de Seguridad.
La Asamblea General de la ONU votó en junio que se impidan los envíos de armas a Myanmar, pero la medida fue simbólica al no ser adoptada por el Consejo de Seguridad, en el que China y Rusia tienen poder de veto.
Estos dos países y la vecina India son los principales proveedores de armas de Myanmar.
Los altos mandos del Ejército, que habían gobernado Myanmar durante décadas, justificaron el golpe de este año por denuncias de fraude masivo en las elecciones generales de noviembre de 2020, que dieron una clara victoria a la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Suu Kyi.
La toma del poder por parte de los militares se enfrentó a manifestaciones no violentas en todo el país, que las fuerzas de seguridad reprimieron con fuerza letal.
La ONG Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP) estima que entre el 1 de febrero y el 25 de diciembre al menos 1.375 personas murieron a causa de la represión militar.
De las 11.202 personas arrestadas en este período, 8.254 siguen detenidas.
Las protestas pacíficas continúan en medio de la severa represión, pero también creció una resistencia armada, hasta el punto de que los expertos de la ONU advirtieron que el país podría caer en una guerra civil.
Con información de Télam
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