Los restos del fundador de La Falange española, José Antonio Primo de Rivera, serán exhumados el lunes de la basílica del Valle de los Caídos, anunció hoy el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, Félix Bolaños.
"Es un paso más en la resignificación del Valle", remarcó Bolaños.
Los restos de Primo de Rivera serán enterrados de nuevo en el cementerio de San Isidro, en Madrid, donde ya se encuentran varios familiares.
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En octubre último, su familia se adelantó a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y solicitó al Gobierno la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos.
El lunes se cumplirán 120 años del nacimiento del fundador de Falange.
Los familiares solicitaron la salida de Primo de Rivera antes de que el Valle se convirtiera en cementerio civil con la entrada en vigor de la Ley de Memoria, vigente desde octubre, para cumplir la voluntad manifestada en su testamento.
"Deseo ser enterrado conforme al rito de la religión Católica, Apostólica, Romana, que profeso, en tierra bendita y bajo el amparo de la Santa Cruz", señala una de las cláusulas, según recogía el comunicado emitido entonces por la familia.
Como víctima de la Guerra Civil, Primo de Rivera tiene derecho a permanecer inhumado en el Valle de los Caídos bajo los preceptos de la nueva ley.
Esa norma, sin embargo, impide la presencia de restos de dirigentes del golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista en lugares preeminentes de acceso público.
Bajo ese precepto, se ordenó la retirada de los restos mortales del general Gonzalo Queipo de Llano -que participó en el golpe de Estado de 1936- y del auditor de guerra Francisco Bohórquez, a partir de un requerimiento realizado por el Gobierno central.
Por esta misma disposición de la norma, aún está por decidir si deben seguir el mismo camino el general José Moscardó y el teniente general Jaime Milans del Bosch, ya que ambos permanecen inhumados en el sepulcro del Alcázar de Toledo junto a otros 200 cuerpos aproximadamente.
Los dos forman parte del total de 1.785 personas que permanecieron encerradas en el interior del Alcázar de Toledo durante 68 días en 1936, hasta que las tropas sublevadas entraron en la ciudad en una de las gestas más simbólicas de la Guerra Civil para el Ejército franquista.
Respecto a la congregación de monjes benedictinos que residen en el Valle, el Gobierno tiene que aprobar un real decreto que establecerá el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros, determinará su organización y funcionamiento y ordenará, entre otras cosas, si los monjes pueden permanecer o deben abandonar el lugar.
El Ejecutivo tenía intención de aprobar este real decreto "con la mayor celeridad posible", según indicaron fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a Europa Press poco después de entrar en vigor la ley.
Sin embargo ya pasaron seis meses sin que el ministerio haya informado de avances en este punto.
Con información de Télam
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