Recuperar el aborto legal, la otra batalla electoral en Estados Unidos

En noviembre se elegirá presidente y un nuevo Congreso en Estados Unidos, pero además al menos 11 estados del país podrían definir si recuperan o no el acceso legal al aborto que Corte Suprema eliminó, después de 50 años, en 2022. El oficialismo demócrata y su candidato a la reelección, Joe Biden, están convencidos que es un tema que puede sumarles votos; sin embargo, en medio de un clima nacional de apatía en el que su campaña no termina de despegar, organizaciones civiles, ONGs y activistas decidieron dar las peleas a nivel local y sin identificación partidaria, lo que revivió la esperanza incluso en algunos estados conservadores.

El fallo de 2022 de la Corte Suprema demostró que los efectos del Gobierno de Donald Trump no terminaron con su mandato. El ex mandatario y actual favorito en las encuestas para recuperar la Casa Blanca consiguió que el Senado apruebe a los tres jueces que nominó para la Corte. Todos son ultraconservadores y tienen menos de 60 años, lo que se considera joven dado que el cargo puede ser vitalicio. En otras palabras, es muy probable que la actual mayoría conservadora del tribunal, que no es para nada ajustada y puede soportar incluso el ingreso de un par de miembros liberales, dure muchos años. 

Por eso, está claro que la vía para ganar derechos en Estados Unidos, esta vez, deberá ser política y no judicial. En los últimos dos años, luego que la Corte Suprema borrara de un plumazo lo que el movimiento feminista había conseguido en 1973, la lucha por el aborto legal reactivó la militancia en estos círculos. Algunos estados, considerados más progresistas (o liberales, como le dicen los estadounidenses), como California y Vermont, rápidamente aprobaron enmiendas para incluir el acceso al aborto y a métodos anticonceptivos en sus constituciones. En total, ya son siete estados los que lo hicieron, inclusive algunos más conservadores como Ohio, el año pasado. Por el contrario, los distritos más conservadores hicieron activar leyes que ya tenían listas para prohibir o restringir al máximo el acceso al aborto una vez que el máximo tribunal cambiara la jurisprudencia. 

En esos estados, donde los republicanos controlan las legislaturas y muchas veces también las gobernaciones, renació toda una red de organizaciones y activistas que ayuda a cualquier persona gestante que quiera interrumpir su embarazo, por la razón que sea. Las acompañan a cruzar a estados donde sí sobrevivió este derecho para la consulta previa y para concretar la interrupción. A veces son viajes de varios días que muchas personas no pueden costear. También existen plataformas que facilitan el pedido y envío de medicamentos como misopostrol para evitar el viaje. Este tipo de solidaridad de base se volvió fundamental, especialmente en los estados más conservadores que no solo impusieron una prohibición total o casi total, sino que además desfinanciaron instituciones centrales como Planned Parenthood.

Después de estos dos años de militancia de base, el apoyo para garantizar estos derechos reproductivos en las leyes y hasta las constituciones fue creciendo. Pero, con un Congreso federal completamente trabado en Washington por la polarización cada vez más extrema y ahora el clima electoral, la decisión de la mayoría de estas redes fue dar las peleas en los congresos de cada estado, incluso en aquellos que dominan los republicanos y en donde nadie duda que en noviembre ganará el ex presidente Donald Trump. 

Hasta ahora, cuatro estados ya aprobaron incluir una consulta popular en las elecciones de noviembre: Colorado, Florida, Maryland y Dakota del Sur. Missouri ya entregó las firmas y todo parece listo para que se sume, mientras que Arkansas, Arizona, Montana, Nebraska, Nevada y Nueva York tienen hasta este mes o el próximo para presentarlas. 

Missouri, la esperanza en un estado republicano

Este estado se encuentra en el corazón rojo de Estados Unidos, en el centro-oeste del territorio. Cuando la Corte revirtió el fallo de 1973 conocido como Roe vs Wade, Missouri fue uno de los distritos que tenía lista una ley para prohibir casi por completo el aborto. La única excepción es si la vida de la madre corre peligro. Además, desfinanció a toda organización o centro médico por el solo hecho de estar afiliado a instituciones que realizan abortos. Hoy es uno de los estados más restrictivos y muchas personas gestantes no tienen otra opción más que cruzar el río Mississippi y atenderse en el vecino Illinois, la cuna política de los Obama, donde la interrupción del embarazo es legal hasta que el feto sea considerado viable (alrededor de la semana 24 a 26 de gestación), lo cubre el plan estatal para las familias de bajos recursos, Medicaid, y los seguros médicos privados están obligados a hacerlo también. 

Viajar hasta el estado de al lado no parece gran cosa. Pero para los y las trabajadoras que cobran el salario mínimo de 12,3 dólares por hora y no pueden perder un día o dos de paga -ni mucho menos justificar la ausencia por un aborto ante sus empleadores-, se vuelve una posibilidad muy complicada. Según cifras oficiales, la tasa de pobreza de Missouri fue del 13,2% en 2022, es decir casi un punto porcentual por encima del promedio nacional de ese mismo año.

No hay dudas de qué lado de la grieta estadounidense está Missouri: los republicanos controlan una holgada mayoría en ambas cámaras del Congreso y el gobernador Mike Parson, también republicano, no dudó la semana pasada en salir a apoyar a Trump y repudiar la condena que emitió un jurado en Nueva York por falsificación de documentos para tapar un escándalo sexual antes de su primera campaña presidencial en 2016. "Este peligroso abuso del poder político de los demócratas y el Gobierno de Biden debe terminar. No dejemos que roben esta elección. Por nuestra Constitución y el estado de derecho, debemos votar el 5 de noviembre y salvar a nuestra nación", tuiteó Parson, quien no buscará su reelección y apoyará la candidatura de Jay Ashcroft, su actual secretario de Estado e hijo de uno de los hombres centrales de la guerra contra el terrorismo de George Bush hijo, el ex fiscal general John Ashcroft. 

En los pronósticos de los analistas políticos, Missouri, uno de los estados con más casos de violencia armada en el país, siempre está pintado de rojo, el color asignado al Partido Republicano. Nadie espera que sorprenda en noviembre; sin embargo, los mismos que dan por sentado la victoria de Trump y los republicanos en el Gobierno y Legislatura locales creen que la propuesta de incluir el derecho al aborto en la constitución -que en breve debería aprobarse para ser votada el mismo día de la elección general- puede ganar. Quizás por eso, la Iglesia Católica comenzó a jugar fuerte para evitarlo, luego que en Kansas tuviera éxito y consiguiera aprobar algunas leyes para socavar el acceso al aborto, que hoy está garantizado hasta la semana 22.

Hace un par de meses, la Universidad de St Louis y la encuestadora YouGov publicaron un sondeo que sostenía que un 44% apoyaría la enmienda constitucional en Missouri, mientras que 37% la rechazaría. Un 19% seguía indeciso. A principios de mayo, la campaña a favor del aborto se anotó una victoria cuando entregó más del doble de las firmas que exige la ley para imponer un referéndum en una elección -juntaron 380.000 firmas- y, la semana pasada, celebraron otro logro cuando la mayoría republicana en la Legislatura local no consiguió cambiar las reglas para la aprobación de las enmiendas constitucionales. 

Querían establecer que además de obtener una mayoría del voto popular en todo el estado, debía ganar en al menos cinco de los ocho distritos electorales en los que está dividido el territorio. Esto es central porque en Estados Unidos el diseño y rediseño de los distritos electorales se volvió un arte. La práctica de redibujar los límites para garantizar que la mayoría dentro de cada distrito sea favorable para una u otra fuerza política se conoce como gerrymandering y todos los hacen, republicanos y demócratas. En el caso de Missouri, se imponen los criterios de los primeros y, en parte por eso, consiguen dominar sin problemas los tres poderes del Estado, pese a que, por ejemplo, las dos principales ciudades del territorio son claramente más liberales. 

"Nuestro mensaje es simple y claro. Queremos poder decidir sobre nuestros cuerpos sin interferencia política", explicó una de las voceras de la campaña y abogada de ACLU, una de las principales organizaciones de derechos civiles del país, Tori Schafer, utilizando un tipo de lenguaje que busca conquistar a los republicanos más moderados, los independientes y los demócratas más conservadores que rechazan, ante todo, la intervención estatal en los asuntos privados. 

Muchos ojos están puestos en lo que pasará en este estado del centro-oeste del país especialmente si gana la enmienda. Por un lado, los republicanos más moderados seguramente interpretarán que su base electoral no está completamente tomada por el trumpismo más extremo, aún si el ex mandatario gana las presidenciales allí. Por otro lado, para las organizaciones y militantes que hace años denuncian la manipulación y el carácter injusto de los procesos electorales en Estados Unidos, demostrará lo que ya se volvió evidente en las últimas elecciones presidenciales: cuando se vota de manera directa y se toma el voto popular -y no la versión indirecta del colegio electoral de las presidenciales o el sistema unidistrital de los estados-, los resultados pueden ser muy distintos. 

Arizona y Nevada, dos estados clave para la presidencial

Tanto en Arizona como en Nevada quieren incluir en sus constituciones una provisión que garantice el acceso al aborto legal hasta que el feto sea considerado viable, la semana 22 y la 24, respectivamente. Esto implicaría darle status constitucional a lo que ya existe en Nevada, pero significaría un gran avance para Arizona, donde la Corte Suprema local ratificó en abril pasado una prohibición casi total del aborto de 1864, es decir, previa a la fundación del estado. Ese mismo día, la Casa Blanca emitió un repudio de Biden. 

De los 11 estados en donde se puede llegar a incluir una consulta popular sobre el aborto en estas elecciones presidenciales, hay dos que se encuentran del grupo denominado como oscilantes, es decir, los que no poseen una mayoría demócrata o republicana definida y, por lo tanto, son los que definirán la elección ya que no se trata del número total de votos, sino de cuántos delegados consiga en el colegio electoral.

Por eso, desde hace meses, la campaña de Biden se quiere pegar a las campañas para aprobar enmiendas que incluyan el derecho al aborto -con más o menos restricciones- en las constituciones locales. "Arizona y Nevada son estados en los que la gran mayoría apoya el derecho de las mujeres a elegir y donde el derecho al aborto seguramente esté en las urnas. Además, son estados que se están beneficiando mucho de las políticas del presidente con decenas de miles de nuevos trabajos bien pagos en energía limpia y producción de chips", destacó hace unas semanas un miembro de la campaña oficialista, según la cadena de noticias ABC. 

Biden ganó Nevada en 2020 por unos puntos, pero en Arizona su ventaja fue de solo 0,3%. Hoy, a cinco meses de las elecciones y cuando aún no está claro cuánto afectará la condena judicial a la campaña de Trump, el actual presidente está muy abajo en ambos estados en las encuestas. En realidad, está abajo en los siete estados que se proyectan como oscilantes para estas elecciones. Por eso, este oficialismo que no logra emocionar o movilizar siquiera a su propia base electoral quiere ofrecerse como un aliado de estas extendidas redes de solidaridad y militancia feminista que tienen tanto acceso a todo tipo de hogares y a prácticamente todos los sectores de la sociedad, aún los más despolitizados.