Esta semana en Texas, Estados Unidos, Salvador Ramos ingresó armado a una escuela de la localidad de Uvalde y asesinó a 21 personas, entre las que había 19 niñxs y dos docentes. El joven de 18 años había comprado hacía pocos días legalmente los dos rifles que utilizó, lo cual resulta paradójico ya que en dicho Estado a esa edad ni siquiera se puede consumir alcohol. Luego de cometer el crimen fue abatido por la policía. “¿Cuándo, por el amor de Dios, nos vamos a enfrentar al lobby de las armas?”, fue la primera reacción del propio presidente estadounidense, Joe Biden. "Este tipo de tiroteos masivos rara vez ocurren en otras partes del mundo. ¿Por qué?", se preguntó. Al día siguiente decidió impulsar lo que definió como "la reforma policial más importante en décadas", que implica una Orden Ejecutiva para promover una "vigilancia policial eficaz" y "fortalecer la seguridad pública".
Lo ocurrido en el estado sureño de EU despertó el miedo latente de millones de familias y puso sobre la mesa la necesidad de retomar urgentemente el debate sobre la tenencia de armas y el derecho a la auto defensa. El tema resulta muy complejo ya que ha tenido gran relevancia en el imaginario colectivo patriótico y atraviesa la cultura identitaria de los Estados Unidos. En el Senado existen varios proyectos para establecer leyes más estrictas, entre los que se destaca una de las iniciativas que impulsa la verificación de antecedentes penales antes de comprar un arma. Si bien gran parte de la población apoya que se aprueben mayores controles, los proyectos terminan cajoneados y no avanzan como consecuencia del fuerte lobby de sectores conservadores ligados al Partido Republicano y la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), que aportó más de 30 millones de dólares a la campaña presidencial de Donald Trump y tiene 19 millones de miembros en todo el país.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
La foto de esta semana está dividida políticamente: mientras el actual Presidente demócrata y su esposa viajaron a Texas en los próximos días para encontrarse con las familias de las víctimas, el ex Presidente Trump participó de una convención de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), en Houston. Se trata de la primera reunión presencial de la asociación después de la pandemia, que no pensaron en suspender tras el doloroso hecho en la escuela. En Estados Unidos existe una cultura del arma de fuego sostenida por un sector de la población más conservador para quienes tener un arma es un derecho y una protección indispensable. De hecho los miembros de las NRA suelen coleccionarlas y se entrenan regularmente, amparados por la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho a poseer armas de fuego.
Esta Asociación existe desde mediados del siglo XIX, pero en sus inicios estaba conformada por aficionados a la caza y a las armas con uso recreativo. Su actividad más política y el lobby de la industria del armamento se produjo a partir de 1970. Joan Burdick, en su libro Gun Show Nation explica que la enmienda constitucional tuvo sus mayores efectos a partir de los 60 y 70, cuando los grupos ultraconservadoras la impulsaron como medida para defenderse de los movimientos sociales de la época, la sublevación negra, comunista y feminista, asociando su uso a un pasado mistificado: la de los verdaderos americanos de la libertad y el patriotismo. Si hacemos un breve repaso histórico y conectamos la cultura de armas con la historia no resulta casual entonces que exista una peligrosa tradición de violencia política que terminó con el asesinato de los presidentes Lincoln, Garfield, McKinley y Kennedy, y de grandes referentes como Martin Luther King y Robert Kennedy.
Las estadísticas son aterradoras y demuestran que la problemática es mucho más compleja que casos aislados: en los últimos 20 años se registraron al menos 25 tiroteos con características similares en edificios educativos y según cifras del Archivo de la Violencia Armada o Gun Violence Archive (GVA) en lo que va de 2022 se han registrado 215 tiroteos masivos, con una media semanal de 10. El crecimiento de este tipo de agresiones se ha incrementado en los últimos años y sobre todo con la pandemia: en 2019 se registraron 417; en 2020 611; y en 2021 se informan 693, la cifra más alta de los últimos años. En este sentido desde el Centro para Soluciones de Violencia de Armas de la Universidad Johns Hopkins indican que las lesiones por armas de fuego fueron la causa principal de muerte entre niños y adolescentes en 2020, por encima de incidentes viales y covid.
Pero las cifras no alcanzan para interpelar a la ciudadanía. La falta de acciones al respecto tiene que ver con una construcción discursiva y narrativa histórica sobre los derechos civiles, las armas y la violencia, que tiene implicancias políticas y económicas. La cultura de las armas es parte de la “identidad americana” y no será considerada un problema social si el común de la gente no lo piensa así, aunque haya investigadores, especialistas, políticos u observadores alertando. Los problemas sociales son también el producto de las tradiciones, acciones simbólicas, comunicacionales y publicitarias, y no solo el resultado de actos utilitarios y funcionales.
Hasta ahora las interpretaciones sobre los fenómenos de tiroteos como el de la escuela de Texas y asesinatos masivos en lugares públicos suelen quedar reducidas a posturas reduccionistas y funcionalistas que no incorporan la problematización de los factores socioculturales y sistémicos. En gran parte de los medios y la opinión pública se patologiza a lxs criminales y se los ubica por fuera de los parámetros de la normalidad. Al hacer el perfil se pone especial atención en analizar las circunstancias personales de salud mental. De esta manera se refuerzan prejuicios que llevan a limitar la discusión cultural. La verdadera razón para etiquetar a un hecho social como producto de enfermedades mentales es la intención de proteger el statu quo, ya que permite correr el tema a una cuestión estrictamente individual y médica, y lo desvincula del enfoque social y cultural.
La sensación es la del no registro de las variables sociales intrínsecamente relacionadas con el desarrollo de una sociedad desigual y fuertemente asimétrica. En la población y el imaginario persisten la violencia y la autodefensa como mecanismos legítimos de seguridad y protección de las familias, frente al monopolio de la fuerza de un Estado del que muchos desconfían. El sociólogo Jerson Tralma S. en su artículo “El dilema de los School Shooters: Una mirada sociológica”, identifica que para muchos “culpar a un desorden mental, o a los videojuegos, como causantes que motivaron la masacre, pareciera que resulta mucho más tolerable que decir que el sistema en general tiene la culpa”, y en ese sentido se pregunta “¿Por qué nos cuesta dar un paso adelante, y observar el panorama desde un ámbito más amplificado? Las escuelas y las familias sólo reproducen lo que la sociedad exhibe como funcionamiento correcto. ¿Cómo podemos siquiera pensar en acabar con el abuso escolar, o con los tiroteos en centros educacionales, si las sociedades capitalistas fomentan la estratificación y desigualdad social?”
“El Proyecto Violencia : Cómo detener una epidemia de tiroteos masivos” es un trabajo de la investigadora y psicóloga Jill Peterson y el sociólogo James Densley quienes realizan un análisis del fenómeno de los tiroteos masivos en Estados Unidos y un llamado urgente a implementar estrategias basadas en evidencia para detener estas tragedias. La iniciativa es la primera base de datos integral de tiradores masivos y fue la ganadora del premio del libro de Minnesota 2022.
La investigación “explora a los tiradores, sus antecedentes, armas y motivaciones”. Dos datos llamativos que recopilan es que la edad media de los atacantes es 18 años, y que de los 172 eventos tiroteos masivos estudiados solamente 4 fueron realizados por mujeres, y en dos de esos casos fueron en asociación con un varón. Por lo que se percibe una clara tendencia ligada al patriarcado y los comportamiento temerarios. Por otro lado señalan el efecto contagio por el que inspirados por los atacantes anteriores, “buscan fama y notoriedad”. Los número certifican que un tiroteo aumenta las chances de que otros puedan ocurrir en dos semanas, y ese efecto dura cerca de 13 días.
Pero lo el punto vertebral que señalan es que “la mayoría de los atacantes de centros escolares están motivados por la ira. Su camino hacia la violencia implica odio a sí mismos y una desesperación que se vuelve contra el mundo”. En este sentido concluyen que a menudo comunican la intención de hacer daño por adelantado “como un último y desesperado grito de ayuda . La clave para detener estas tragedias es que la sociedad esté atenta a estas señales de alarma y actúe de inmediato”. Esto no llama la atención en el contexto de una cultura donde la violencia resulta aceptable y hasta es representada como heroica en las narrativas bélicas, los consumos culturales y la publicidad .
¿Por qué cuesta tanto que se analicen las cuestiones sociales y se tiendan a realizar observaciones simplistas y funcionales? Tal vez este evento pueda convertirse en un quiebre paradigmático que permita empezar a construir espacios y preguntas donde problematizar la cultura de las armas en la agenda pública. Aunque pasar del debate a la acción concreta será un desafío teniendo en cuenta el poder real de la NRA y el negocio de las armas.