Estados Unidos: radiografía del estado donde se pone en duda la democracia electoral

En noviembre, Georgia será un estado clave para decidir quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Es un estado sureño con una larga tradición conservadora -y una historia de violencia y racismo-, pero también uno de los epicentros del movimiento de derechos civiles que encabezó Martin Luther King Jr en los años 50 y 60. Esta constante tensión queda al desnudo en cada elección y, por eso, se ha vuelto un campo fértil para todo tipo de denuncias contra el sistema electoral. Por un lado, desde hace ocho años, demócratas y militantes afroestadounidenses acusan a los republicanos en el poder de imponer leyes que solo buscan suprimir, obstaculizar o restar poder a sus votos. Por otro lado, los republicanos y, especialmente, los seguidores de Donald Trump siguen sosteniendo que les "robaron" la elección en ese estado en 2020, aunque nunca lo probaron. A cinco meses de unos nuevos comicios presidenciales, la polarización y los temores que sobrevuelan todo el país son una realidad que domina todas las decisiones y conversaciones en este estado sureño. 

Desde 1996, cuando Bill Clinton fue reelecto, hasta 2016, cuando ganó Trump, Georgia siempre votó mayoritariamente por los candidatos republicanos. Barack Obama nunca logró imponerse. Además, desde 2003, los republicanos rompieron décadas de dominio demócrata en la gobernación. Pero, cuando todo parecía estar dominado por el cada vez más conservador Partido Republicano, una ex congresista negra demócrata de 45 años, Stacey Abrams, ganó la candidatura a gobernadora en 2018 e inició una batalla política y legal que redefinió la discusión pública en Georgia y en todo Estados Unidos: perdió por 54.723 votos frente al actual gobernador, Brian Kemp, y, aunque finalmente, reconoció su derrota, siempre denunció que "el juego estaba arreglado en contra de los votantes de Georgia".

Solo ese mismo año, el Gobierno de Georgia había cancelado el registro de más de 85.000 votantes por considerar que presentaban irregularidades. Kemp era entonces el secretario de Estado y, por lo tanto, el encargado de ejecutar y avanzar el proceso electoral. En Estados Unidos, no solo el voto es voluntario, sino que además, los ciudadanos deben estar registrados para poder participar de las elecciones. Tanto Abrams como la comunidad negra reconocieron que las decisiones de las autoridades republicanas fueron legales, pero las calificaron de "antidemocráticas". 

La xenofobia, el autoritarismo y la agresividad legitimada desde el Gobierno de Trump generó movimientos de resistencia en distintas partes del país, como demostró Abrams en Georgia, pero también dio luz verde a una mayor manipulación de las leyes electorales en los estados para evitar que estas reacciones demócratas o contestatarias ganen en las urnas. El propio Obama lo denunció dos años después en la modesta iglesia donde realizaba sus sermones Martin Luther King Jr, en Atlanta, la capital del estado. "Hay quienes desde el poder estar haciendo lo imposible para desincentivar a la gente de votar cerrando los centros de votación que tienen más cerca y atacando a las minorías y estudiantes con leyes de documentos de identidad restrictivas", aseguró en el funeral del congresista John Lewis, uno de los líderes del movimiento de derechos civiles de los años 50 y 60.

Solo cuatro meses después, Biden ganaba la Presidencia, gracias en gran parte a Georgia, donde se impuso por apenas 12.670 votos. La participación en ese estado sureño fue la más alta en años y Trump y los republicanos hicieron todo lo que pudieron para instalar la idea de un fraude electoral, especialmente en el condado de Fulton, donde se encuentra Atlanta y el principal bastión demócrata del estado. Trump y sus seguidores nunca aceptaron la derrota en Georgia, pero el gobernador, legisladores y funcionarios republicanos finalmente lo hicieron. Eso sí, pisaron el acelerador en las reformas electorales para, según denuncian los demócratas, evitar que se repita.

Al año siguiente, la Legislatura local aprobó una ley que prohibía ofrecer agua o alimentos a las personas que hacen cola para votar -filas que se volvieron kilométricas en los últimos tiempos con el cierre de centros de votación- y creó un mecanismo para el Gobierno del estado pueda tomar el control por un tiempo de las comisiones electorales de los condados, que son los directamente responsables de contar los votos, si detectan irregularidades y deciden abrir una investigación. Durante las elecciones de medio mandato de 2022, el temor era que lo hicieran en el condado Fulton. No sucedió.

Además, se autorizó a cualquier ciudadano a cuestionar un número indefinido de registros de votación, si considera que no su dirección no coincide o vive en otro estado, por ejemplo. Antes de las elecciones de 2022, hubo una lluvia de este tipo de cuestionamientos. Según el portal de investigación ProPública, hubo 100.000, de los cuales 89.000 fueron presentados por seis militantes de extrema derecha, en su mayoría contra personas registradas como demócratas. Unos de los condados a los que apuntaron, nuevamente, fue Fulton. En diálogo con El Destape, la directora del Departamento de Asuntos Externos de este distrito, Jessica Corbitt-Dominguez, rechazó que haya un esquema masivo de personas que manipulan el registro para afectar las elecciones en Georgia, como sostienen algunos republicanos. "No es lo que vimos en la mayoría de los casos que son cuestionados", aseguró.

El posible efecto sobre las elecciones 2024

Para Abrams y su organización Fair Fight (Pelea Justa) estas leyes electorales que se vienen aprobando en el estado buscan "suprimir el voto". "Todo lo que el Partido Republicano está haciendo tiene que ver con esos 12 mil votos que le dieron la victoria a Biden en 2020. Están enfocados en encontrar formas de recortar esos votos para ganar y crear las condiciones para dar vuelta los resultados que no les gustan", denunció la CEO de Fair Fight Lauren Groh-Wargo en su Twitter.

Pero las constantes denuncias y acusaciones no hicieron mella en la Legislatura y la Gobernación de Georgia, ambas dominadas por los republicanos. El mes pasado, Kemp promulgó una nueva ley electoral que, por un lado, crea nuevas reglas para facilitar los cuestionamientos a registros de votantes y, por otro, facilita la inscripción de candidatos presidenciales independientes. Ya no debe juntar firmas dentro del estado, sino que puede competir si su boleta fue aceptada en otros 20 estados. Por ahora ya está inscripto o presentó las firmas necesarias en 10, entre ellos 3 considerados oscilantes (es decir, los indefinidos que pueden decidir quién ganará). Su campaña informó que pidió competir en otros 30, pero aún no terminó el proceso de inscripción.

Para la directora ejecutiva de ACLU en Georgia, la principal organización defensora de derechos civiles del país, Andrea Young, se trata de otro "retroceso en los derechos de los votantes y del acceso al voto". La nueva norma, sin embargo, no parece estar dirigida solo a "suprimir votos" como denuncia Fair Fight, sino que además alimenta las versiones de que una de las estrategias del Partido Republicano y de la campaña de Trump es hacer crecer una tercera candidatura independiente para robarle votos a Biden, en este caso la de un ex demócrata que atrae a jóvenes y desencantados por su discurso anti establishment, aunque a muchos le hace ruido su discurso anti-ciencia. Kennedy posee entre 8 y 10 puntos de intención de voto en la mayoría de los estados que podrían definir las elecciones, según las últimas encuestas, y, aunque aún faltan cinco meses y todo puede cambiar, lo que se está disputando en Georgia son apenas un puñado de votos.

Vale repetir: Biden ganó en 2020 por poco más de 12.000 votos en uno de los siete estados que la mayoría de los analistas coinciden hoy que definirán la elección el próximo 5 de noviembre. Georgia otorga 16 delegados al colegio electoral. Este número puede parecer pequeño frente a los 270 que se necesitan para ser proclamado presidente; sin embargo, los siete estados considerados oscilantes suman 123 y cada uno de ellos puede ser el responsable de decidir el resultado final.

El último promedio de encuestas, según el portal especializado Five Thirty Eight, le da una ventaja de 5,7% a Trump en Georgia y más del 8% de intención de voto a Robert Kennedy Jr. Los que conocen la evolución de los humores políticos en los años electorales en Estados Unidos sostienen que es muy temprano para dar por cerrada la elección. Aún quedan cinco meses y desde la Casa Blanca prometen que la campaña de reelección está por agarrar vuelo y tienen esperanza de que la condena a Trump por falsificación de documentos afecte su imagen.

Sin embargo, hasta ahora, lo cierto es que la candidatura de Biden no emociona ni mucho menos moviliza. En 2020, el aumento de la participación en Georgia fue clave para que el actual presidente ganara por muy poco, pero ganara. Cuatro años después, con leyes electorales que los demócratas denuncian como más restrictivas, un nuevo mapa electoral diseñado por los republicanos y rechazado por los demócratas, y sin una evidente movilización popular, el escenario no se presenta nada fácil para Biden en este estado.