Biden en su laberinto: El escenario electoral de medio mandato de los Estados Unidos

Los temas que marcaron la campaña estadounidense y podrían explicar los resultados del martes a la noche, y las consecuencias que estos últimos tendrán para el mundo.

07 de noviembre, 2022 | 00.05

Este martes se realizan las elecciones de medio mandato de los Estados Unidos, en lo que se conoce como un nuevo “supermartes”. En la jornada se ponen en juego, ni más ni menos, que 36 de los 50 gobernadores de estado, y la conformación de ambas cámaras, en las que se renovarán 35 senadurias nacionales y 435 representantes (diputaciones), es decir, la totalidad de la Cámara de Representantes y más de un tercio del Senado. 

Los resultados actuarán, en tal sentido, como una especie de referéndum de los dos años de gestión del demócrata Joe Biden, su correlación de fuerzas dentro y fuera del Partido, y su posición de cara a las presidenciales del 2024

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En términos estratégicos, esta contienda expresa el enfrentamiento entre el proyecto estratégico globalista, consolidado en la cúpula Clinton-Obama del Partido Demócrata, y el proyecto estratégico neoconservador, personificado en la conducción trumpista del Partido Republicano, de características neofascistas, “retrasado” económicamente y asentado en un núcleo económico (agroindustria, construcción, petróleo) identificado en el Programa Político del “American First”.

Ambas propuestas responden, al mismo tiempo, a una contradictoria unidad de un núcleo básico de intereses del gran capital financiero de origen anglo-americano, que excede por mucho la geografía de los Estados Unidos. Hablamos de la denominada “angloesfera”, la territorialidad central del sistema económico capitalista, que “derrama” su poder económico por el mundo respondiendo a un desarrollo histórico con origen en el Imperio Británico del siglo XIX y del imperialismo yanqui en el siglo XX.

En la agenda institucional: la interna expresada en ejes de conflicto

Cuando se analiza el frente político “interno” la imagen de Biden rueda cuesta abajo, por la misma pendiente por la que sube la del ex presidente Donald Trump. Es que el proceso electoral ocurre en medio de un escenario mundial muy complejo para la sociedad norteamericana. La guerra en Ucrania, con su consecuente encarecimiento en los precios de los alimentos y la energía, que desató un proceso inflacionario global, vaticina una profundo y prolongado estancamiento de la economía mundial, en medio de recomendaciones ortodoxas para la suba de tasas, algo que pondrá sobre la espalda de las y los que menos tienen, el costo de la crisis.

En ese marco, la economía doméstica estadounidense se encuentra sacudida por el aumento del costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. El país presenta una inflación extraordinariamente elevada, llegando al 9% anual, lo que impactó en el alza en la canasta básica familiar, sobre todo en el sector alimenticio. El aumento del precio de los combustibles y la energía completan el escenario. 

Pese a los problemas financieros, alimenticios, laborales y energéticos que tiene el país, a inicios de junio Joe Biden, aprobó un paquete de ayuda por más de U$S 700 millones para dotar al ejército ucraniano con un sistema de artillería, respaldado por el Secretario de Estado (canciller), Antony Blinken. No extraña, entonces, que un sondeo del diario New York Times hace poco más de un mes atrás afirmara que el 85% de la población estadounidense se siente insatisfecha con la dirección del país, independientemente de su partido político. Demócratas y republicanos “juegan” a la guerra, mientras las y los trabajadores estadounidenses hacen malabares para llegar a fin de mes.

Volviendo a la política doméstica norteamericana, en los mismos comicios se elegirán además 35 fiscales federales, 27 secretarios de Estado (responsables de los procesos electorales) y 28 tesoreros de Estado. Además se consultará a la ciudadanía sobre el derecho de las personas gestantes a la interrupción voluntaria del embarazo en los estados de California, Vermont, Michigan, Kentucky y Montana, luego de los recientes retrocesos por fallos judiciales y decisiones legislativas que lo limitaron en estados gobernados por republicanos como Florida (Ron DeSantis), Oklahoma (Kevin Stitt), Misuri (Mike Parson), Texas (Greg Abbott) y Dakota del Sur (Kristi Noem), entre otros.  

El histórico y conservador fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 24 de junio de este año anuló el derecho constitucional al aborto después de 50 años de vigencia. Tal decisión desató una serie de movilizaciones de protesta de los feminismos, mientras Biden afirmaba que “la decisión tendrá consecuencias inmediatas. Las mujeres y niñas serán forzadas a tener el hijo de su violador. Esto me conmueve y me sorprende. Es un día triste para el país". Las decisiones de la corte son irrevocables. En Estados Unidos no hay apelaciones posibles a la Corte Suprema. La única posibilidad es un cambio en la Corte, que equipare las fuerzas, dado que hoy la mayoría es conservadora en un 6 a 3.

No obstante, según indican especialistas, ese escenario es el menos probable.

La descentralización del poder de juzgar la legalidad del aborto implicó, desde entonces, una sucesión de hechos a lo largo y ancho de los Estados del país, algunos reforzando el derecho al aborto y otros prohibiéndolo. Llegando inclusive a poner el tema como uno de los ejes centrales de la campaña de las y los candidatos, donde se visualiza un Partido Republicano anti-aborto y uno Demócrata pro-aborto. El 14 de septiembre, el senador republicano Lindsey Graham presentó un proyecto de ley que prohibiría el aborto en todo Estados Unidos después de las 15 semanas de embarazo.

La actual y ajustada ventaja demócrata en ambas cámaras, 50 a 48 en el Senado y 220 a 212 en la Cámara de Representantes, no ha permitido a Biden gobernar con margen de maniobra. De hecho, a finales de septiembre del 2021, los líderes demócratas lucharon por aprobar una serie de legislaciones de gran importancia. Entre ellas, destacó una Ley Bipartidista de Infraestructura (BIL), cuyo presupuesto ascendía a un U$S 1,2 billones, y la Ley Reconstruir Mejor (Build Back Better Act), el plan de gastos públicos de diez años valuado en 3,5 billones de dólares que pretendía la ampliación de la red de seguridad social del país y un plan de combate al cambio climático.

En el proceso de negociación, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, se reunieron con Biden en el Despacho Oval, al tiempo que las divisiones internas del Partido Demócrata ponían en peligro la agenda legislativa del presidente, donde destaca el “fuego amigo” del senador Joe Manchin, ex gobernador del estado de Virginia Occidental, un empresario de la industria del carbón. Por esas mismas internas, y la valentonada trumpista, los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron por un estrecho margen un proyecto de Ley para aumentar el límite de la deuda nacional hasta finales de 2022.

La circulación de armas y el control de su venta también es un tema central en la agenda del norte. El 24 de mayo, el FBI publicó datos alarmantes que muestran un patrón creciente de tiroteos públicos en los Estados Unidos. Identificó 61 ataques de “tiradores activos” en 2021, que mataron a 103 personas e hirieron a otras 130.

Un mes después, el tema volvió a ingresar a la agenda legislativa a raíz de un tiroteo ocurrido en un Supermercado en la Ciudad de Buffalo, en el marco de un atentado racista, y en una escuela primaria de la Ciudad de Uvalde, en el Estado de Texas, dos hechos que aumentaron la tensión social sobre el tema. Biden pronunció un discurso frente al Congreso pidiendo por leyes de regulación sobre la tenencia y uso de armas, algo resistido por la poderosísima “Asociación Nacional del Rifle”, en un país con generaciones y generaciones de veteranos de guerra, con policías adoctrinados en la violencia y el “gatillo fácil”, y con un sistema político embebido en un neoliberalismo dogmático que no está dispuesto a abordar a la salud mental como un problema de la salud pública. 

El país entero se movilizó pidiendo una legislación al respecto: se organizaron unos 450 actos en ciudades como Washington, Nueva York, Chicago y Los Ángeles, tras un mes en el que los tiroteos dejaron decenas de muertos, entre ellos 19 niños y dos profesores asesinados en la Escuela de Uvalde.

En ese contexto el 24 de junio el senado aprobó la Ley de Comunidades más seguras en el marco de un acuerdo bipartidista que recibió el apoyo de 50 senadores demócratas y 15 republicanos. El Acuerdo incluyó la mejora de la comprobación de los antecedentes de los compradores menores de 21 años, 11.000 millones de dólares de financiación para la salud mental y 2.000 millones de dólares para programas de seguridad escolar. En la Cámara de Representantes la ley se aprobó por 217 a 213 votos.

Todos menos dos republicanos votaron en contra, junto con un puñado de demócratas. Un comité de la Cámara de Representantes, en un informe publicado esa semana, dijo que los fabricantes de armas estadounidenses habían ganado USD mil millones en los últimos 10 años con las ventas de armas semiautomáticas estilo AR-15.

Sin embargo, la victoria parlamentaria duró poco. La Corte Suprema conservadora anuló una centenaria ley de Nueva York, que restringía la portación de armas de fuego ocultas, quedando expuesta una vez más la influencia y la inversión del complejo militar-industrial en la política norteamericana. 

En relación al conflicto migratorio, de importancia para nuestra región, la situación no es mucho más favorable para la actual gestión de la Casa Blanca. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, en lo que va del 2022, más de 830 personas migrantes murieron en la frontera sur del país. Un lamentable récord estadístico que esconde el drama humanitario de cientos de miles de personas, expulsadas de sus países a causa del desempleo, el hambre, y el narcoparamilitarismo, temas en donde los “gobiernos del norte” deben asumir su importante cuota de responsabilidad.

En este marco, existen claros indicadores electorales de cambios en las estructuras sociales, culturales y políticos ocasionados por la migración latina en estados tradicionalmente republicanos. En este contexto, el debate parlamentario giró sobre el derecho a sufragio, con diversas propuestas, debates y leyes de restricción del voto, un tema que intenta sostener la fuerza institucional del GOP (Grand Old Party, un apodo del Partido Republicano) de cara a las presidenciales del 2024.

Ya en noviembre de 2021 se contabilizaba la aprobación de 33 leyes en 17 estados que limitaban el sufragio de hispanos, afroamericanos y personas con menos recursos económicos. El 19 enero de este año, los republicanos desplegaron el obstruccionismo del Senado, frustrando el logro de un acuerdo para cambiar una regla denominada “filibusterismo” o “ley de obstrucción”, que bloquea el debate de cualquier propuesta si no logra antes un respaldo mínimo de 60 senadores.

Así, el Senado de Estados Unidos rechazó la reforma electoral impulsada por el presidente Biden dando rienda suelta a las medidas federales que en cada jurisdicción limitan la participación de esta población que acompaña, en mayor medida, a los demócratas y que fue centro de atención en la campaña de Biden a la presidencia, junto con las comunidades originarias y las diversidades sexuales.

Las elecciones impactarán sobre la política exterior

La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca significó un relanzamiento de una dinámica multilateral de construcción de la hegemonía angloamericana. La Presidencia demócrata apostó a “ganarle el siglo XXI a China”, desde la OTAN y G7 como propuestas de entendimiento con la Unión Europa, con un despliegue económico global a través de la propuesta del B3W (Build Back Better for the World), ó “Reconstruir Mejor el Mundo”, como alternativa a la Iniciativa Belt and Road (BRI), ó “Ruta de la Seda”, del gigante asiático.

La apuesta de Biden fue dejar atrás el unilateralismo de la administración de Donald Trump, quitando también a Medio Oriente, en general, y a Irán, en particular, como epicentro del conflicto mundial. A diferencia del período de Donald Trump, Biden señaló desplegó a dos territorialidades como punto de conflicto: el “Indopacífico”, con eje en el Mar Meridional de China y la isla de Taiwán como una espacialidad en disputa, y la llamada “Conexión Euroasiática”, con epicentro en Ucrania. Mientras en el primero de los territorios mencionados se vive un escalamiento del conflicto desde el surgimiento de la nueva alianza militar de la angloesfera, el AUKUS (Australia, Reino Unido y Estados Unidos), y la visita de Nancy Pelosi a Taipei, capital de Taiwán, en agosto de este año; en el segundo de los mencionados se vive desde febrero de este año un conflicto armado de consecuencias mundiales.

En términos internacionales, ninguna elección “doméstica” es tan determinante como la norteamericana. El proceso electoral de los Estados Unidos es el laberinto democrático más determinante del planeta. Globalistas y neoconservadores ponen, en el tablero electoral estadounidense, todas estas diferencias estratégicas en juego. Un eventual triunfo del trumpismo, en estas elecciones de medio término, sin dudas desencadenará un claro bloqueo al despliegue de la política exterior de Biden y, con ello, a la estrategia de conducción hegemónica de los actores globalistas con asiento en la Casa Blanca. Sin dudas, sus resultados tendrán enormes consecuencias internacionales.

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