Ecuador paga un alto precio por su posición geoestratégica clave y por su ambición soberna. El actual vacío institucional -rápidamente llenado por el crimen organizado transnacional- y la degradación de la democracia tomó, en los meses previos a las elecciones presidenciales y legislativas del 20 de agosto, la forma de un aumento de asesinatos, secuestros, extorsiones y crímenes políticos sin precedentes.
En el Indice de Paz Global (elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, con sede en Sídney), cuando se fue Rafael Correa de la presidencia en 2017, Ecuador ocupaba el puesto 57 (de 163 países) con mejor nivel de paz. En seis años, descendió 40 puestos: al lugar 97. ¿Cómo y por qué un país se puede degradar así?
Retrocedamos a 1999, año clave para la Patria Grande. En febrero, Hugo Chávez asumió la presidencia y, a fin de año, Estados Unidos (después de intentar durante dos décadas todo tipo de trucos) tuvo que cumplir con el acuerdo firmado en 1977 por el presidente estadounidense James Carter y su par panameño Omar Torrijos (luego murió en un sospechoso accidente de avión) y cerrar su poderosa base militar en Panamá.
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La decisión del Pentágono fue entonces expandirse en un triángulo de “seguridad” que abarcara no sólo el Caribe y Centroamérica sino, por primera vez, América del Sur. En julio de 1999, el presidente Bill Clinton y el colombiano Andrés Pastrana acordaron el Plan Colombia (militarización contra la droga) y el Comando Sur abrió sus bases militares en Manta (Ecuador), Reina Beatrix y Hato Rey (Aruba-Curaçao) y Comalapa (El Salvador).
No por casualidad, las máximas ventajas que EEUU saca de las naciones periféricas coinciden con profundas crisis económicas y sociales en esos países. En el caso de Ecuador, la base de Manta fue negociada en 1999 por el entonces presidente Jamil Mahuad con el embajador norteamericano Richard Brown a espaldas del Congreso ecuatoriano, aprovechando que el país se hallaba en estado de shock por su gravísima situación de inestabilidad -como la de Argentina en 2001- que terminó en la dolarización de su economía. El embajador Brown sacó más ventajas: Mahuad aprobó contratos petroleros que le otorgaban a la empresa Oxy (Occidental Petroleum) un vergonzoso 80% de la producción dejando sólo el 20% para los ecuatorianos.
En 2006, entre otras medidas soberanas, Rafael Correa, al asumir la presidencia (con el 57% de los votos), le anunció a la Casa Blanca que deberían irse de la base militar. “Somos respetuosos de los tratados internacionales, pero en el 2009, cuando venza el acuerdo de Manta, no renovaremos ese convenio”, explicó. La decisión fue avalada por la nueva Constitución ecuatoriana de 2008 que condena la injerencia de un Estado en otro y “cualquier forma de intervención, agresión, ocupación o bloqueo, incluyendo la instalación de bases con propósitos militares”.
Lawfare y narco estado
La contraofensiva de la oligarquía local e imperial contra Ecuador comenzó rápido. Primero fue el intento de golpe de Estado y magnicidio contra Correa el 30 de septiembre de 2010, con una insurrección de policías en Quito como puntapié inicial. Luego vino la traición de Lenin Moreno, votado en 2017 para continuar el gobierno correísta de Revolución Ciudadana. Ese mismo año empezó la guerra judicial contra Correa. El camino hacia el “estado fallido” estaba pavimentado.
El actual estadio de violencia es posible por el “desmantelamiento del Estado emprendido por el exmandatario Moreno y profundizado por su sucesor, Guillermo Lasso.”, asegura el analista ecuatoriano Eloy Osvaldo Proaño. “Moreno sometió al país a los designios de Washington, puso en marcha una contrarrevolución oligárquica, desmanteló los avances sociales alcanzados en la década previa y emprendió una persecución implacable contra Correa y todos los que permanecieron fieles al movimiento popular.”
“El aumento exponencial de crímenes han convertido al Ecuador de un país tranquilo durante el gobierno de la Revolución Ciudadana en uno de los más violentos de la región”, aseguró el ex ministro de Cultura y ex canciller de Correa, Guillaume Long. “Los homicidios se ha acelerado marcadamente desde que Lasso asumió la presidencia en 2021. Su discurso buscó reducir eso a una lucha entre bandas criminales, pero la realidad evidencia que la criminalidad afecta a la población en general (asesinatos y extorsiones) y a las personas vinculadas a la vida política en particular.”
En 2021, los asesinatos alcanzaron una cifra record: 13,89 por cada 100.000 habitantes. Pero en el 2022 la cifra se duplicó: 4.823 homicidios, es decir, 26,68 personas cada 100.000. El 2023 amenaza con ser aún peor, acaso el más violento de la historia ecuatoriana. Desde el 1 de enero al 2 de julio se registraron 3.568 asesinatos, una tasa cercana al 40 por 100.000 habitantes.
En cuanto a los homicidios políticos, a dos semanas de las elecciones, el 14 de agosto, el dirigente correísta Pedro Briones fue asesinado de dos balazos, en la puerta de su casa, en la provincia de Esmeraldas. Cinco días antes habían matado al candidato del partido derechista “Construye”, Fernando Villavicencio (cuarto lugar en las preferencias electorales). Dos días antes, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, denunció haber recibido amenazas contra su integridad. El 23 de julio, fue asesinado el alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago y, la semana previa, el candidato a la Asamblea Nacional por la alianza “Actuemos” Rider Sánchez. En las elecciones locales de febrero pasado, fueron asesinados Omar Menéndez, alcalde de Puerto López y Julio César Farachio, que iba por el municipio de Salinas, además de conocerse varios atentados sin víctimas fatales.
“La virtual desaparición del Estado ecuatoriano quedó exhibida, cuando Lasso entregó a la FBI estadounidense las indagatorias en torno al asesinato de Villavicencio, quien lo había favorecido como congresista al frenar los esfuerzos parlamentarios de investigar sus actos de corrupción”, opina Proaño. “La declaratoria del estado de excepción por 60 días (mucho más allá de las elecciones del 20 de agosto) es el último acto del irrefrenable deslizamiento del gobierno derechista hacia el autoritarismo y de su determinación de descarrilar lo que queda de democracia en el país.”
“Ecuador no es un “rara avis” en el subcontinente –advierte Proaño-. Varias democracias sudamericanas se encuentran bajo un doble acecho: el del narcoestado y el de la restauración salvaje, orquestada desde las embajadas de EEUU, de las políticas neoliberales que devastaron a la región hace tres décadas, y de cuyos efectos apenas comenzaban a reponerse las naciones que experimentaron el giro a la izquierda de inicios de siglo XXI.”
Candidatos
En este contexto ocho candidatos buscan ocupar la presidencia luego de que en mayo, el presidente Lasso, acorralado por las acusaciones de corrupción y un juicio político, disolvió la Asamblea y llamó a comicios presidenciales y legislativos, acogiéndose a un mecanismo constitucional llamado “muerte cruzada”. El binomio ganador gobernará hasta terminar el período de Lasso, es decir hasta 2025.
Según las últimas encuestas autorizadas, Luisa González, del partido del expresidente Rafael Correa, es la candidata favorita con más de 30% de intención de voto. Ella es la única que presentó propuestas sociales y de bienestar para la población, según considera Proaño.
Aprovechando el clima de inseguridad reinante, el resto de los candidatos pusieron el eje de su campaña en el control del crimen y la mano dura. El más agresivo (y que al parecer escala en las encuestas) es el empresario y ex militar de la Legión Extranjera de Francia, Jan Topic, quien gusta presentarse como el “Rambo ecuatoriano” y tener la determinación de “hacer lo que hay que hacer”.
El único postulante de un pueblo originario es Yaku Pérez. Se presenta por la coalición “Alianza Claro que se Puede”. En las elecciones del 2021 llegó al tercer lugar. Otros candidatos son Christian Zurita, periodista designado el pasado 13 de agosto como sucesor del asesinado Villavicencio; Daniel Noboa (alianza “ADN”), quien en las últimas horas denunció un virtual atentado en su contra; Otto Sonnenholzner (alianza centrista “Actuemos”) es un economista que ejerció como vicepresidente de Moreno (2017-2021); Xavier Hervas (movimiento “Reto”) y Bolívar Armijos (movimiento “Amigo”).
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