La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, con mayoría conservadora, autorizó hoy al presidente demócrata Joe Biden a aplicar la política que escoja en materia de deportación de inmigrantes indocumentados, un tema que divide profundamente a la sociedad y que podría ser crucial en las elecciones generales de 2024.
Por una abrumadora mayoría de ocho jueces de nueve, el alto tribunal rechazó por razones de procedimiento una apelación presentada por los estados de Texas y Luisiana, en manos de republicanos.
"Los estados pretendían que la justicia federal ordenara al Ejecutivo modificar su política de detenciones para proceder a más detenciones", pero la Corte Suprema ha aclarado en numerosas ocasiones que solo las personas que son objeto de esa política pueden cuestionarla, explicó el magistrado Brett Kavanaugh en nombre de la mayoría del tribunal.
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Consideró que "en aplicación de este principio fundamental, concluimos que los estados no tienen potestades para interponer esta demanda", según informó la prensa local y la agencia de noticias AFP.
Sin embargo, aclaró que "la decisión no debe entenderse como una sugerencia de que el Ejecutivo tiene total libertad" en la materia, con lo que dejó abierta la posibilidad de futuras demandas.
El poderoso grupo de derechos civiles Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) acogió con satisfacción el rechazo "sensato" de la Suprema Corte a la iniciativa de Texas y Luisiana de "obligar al gobierno a implementar la política de control de inmigración más draconiana".
Por el contrario, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, dijo en Twitter que se trataba de una "decisión escandalosa".
La Corte Suprema "da carta blanca a la administración de Biden", escribió, y prometió seguir desplegando a la Guardia Nacional de su estado para disuadir a los migrantes en la frontera con México.
Esta sentencia permite la entrada en vigor de una directiva adoptada en septiembre de 2021 por el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, que reclamaba a la Policía de Migración (ICE) centrar sus esfuerzos en los extranjeros que supongan una amenaza terrorista o delictiva y los que arribaron al país después del 1 de noviembre de 2020.
Más de 11 millones de inmigrantes indocumentados viven en Estados Unidos.
"No tenemos recursos para arrestar y deportar a cada uno de ellos", justificó Mayorkas, al defender una visión contrapuesta a la del expresidente republicano Donald Trump.
La directiva fue impugnada de inmediato ante la justicia por las autoridades de Texas y Luisiana, alegando que les generarían costos adicionales en materia de educación, policía y servicios sociales.
Un juez federal falló a su favor en junio de 2021 y bloqueó la implementación de esta política.
El gobierno de Biden recurrió entonces a la Corte Suprema, que finalmente respaldó su postura sin entrar a considerar los argumentos de fondo.
Las llegadas clandestinas a la frontera sur de Estados Unidos habían alcanzado máximos históricos antes del cambio en las reglas de inmigración hace seis semanas, y siguen siendo altas, con casi 170.000 detenciones en mayo.
Este tema, que divide profundamente a la sociedad estadounidense, se anticipa como uno de los principales de la campaña presidencial para las cruciales elecciones de 2024.
Con información de Télam
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