Entre el 22 y el 25 de julio la crisis carcelaria volvió a desbordarse al interior de los centros penitenciarios y en las calles del Ecuador. La Penitenciaria del Litoral -la más grande del país, ubicada en Guayaquil- volvió a ser el centro de una escena sangrienta y violenta, en la que fueron asesinadas, al menos, 31 personas dentro del penal, pero también tuvo su correlato en las calles con explosiones de coches bomba, balaceras y ataques a una sede de la Fiscalía General, así como en otras cárceles con la retención de efectivos policiales. Ante esto, el Gobierno de Guillermo Lasso respondió con la declaración del estado de excepción durante 60 días en las 53 cárceles del país. “Hay un intento por imponer una falsa paz a través de acuerdos entre bandas criminales”, denunció ante El Destape Fernando Bastías Robayo, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CHD) y de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
La última vez que se había registrado una situación similar había sido en noviembre del año pasado. Entonces, se detectaron 12 atentados en los que murieron cuatro policías, hubo heridos y tomas de rehenes dentro de las cárceles ubicadas en Guayas y Esmeralda, ubicadas al suroeste y al noroeste del país, epicentro de la violencia. El disparador había sido el rumor que corrió entre los familiares sobre traslados no informados de los prisioneros. En esta ocasión, señaló Bastías Robayo, la situación fue la misma, aunque es un dato poco difundido en los medios locales. La organización anti penitenciaria Mujeres de Frente también se pronunció en el mismo sentido y afirmó que la violencia en las prisiones se da por la “amenaza de traslados masivos”, precisó el portal GK.
La ola de violencia sin precedentes se da ante un Gobierno que está de salida, con un presidente que como última acción ante la crisis de seguridad decidió permitir la tenencia de armas a la población para la defensa personal. Esa medida había estado prohibida durante once años, una medida que fue dada marcha atrás el 2 de abril de este año.
“Hay una relación directa entre dentro y fuera de las prisiones, se debe al autogobierno que existe dentro de las cárceles, lo venimos advirtiendo, hay que rehabilitar a las personas y no sólo hacer inteligencia policial, porque cuando haces eso ofreces una serie de privilegios a unos y esos se vuelven más fuertes. Ahora son los que comandan las prisiones en Ecuador”, precisó Bastías Robayo ante este medio.
Según explicó, las primeras dinámicas de violencia que había en los centros penitenciarios “sucedieron apropósito de pugna de territorio por el mercado de la droga”, sin embargo, ese mercado “se diversifico” y la consecuencia es la que se ve en la actualidad: “Muchas bandas queriendo tener los mismos territorios”. Ante esta situación, indicó, la intención del Gobierno es mediar. “Eso no es una solución, es un hecho de no reconocer que existe una corrupción muy grande dentro de las fuerzas públicas”, apuntó.
En el marco de una espiral de violencia que parece imparable, Bastías Robayo señaló que el primer paso para ponerle un freno es “impedir que vuelvan a ingresar armas y drogas dentro de las cárceles”. En segundo término, “es tener una posición política de depurar la fuerza pública, porque evidentemente hay filtraciones de corrupción ahí dentro”. Por último, recomendó “tratar de transitar del modelo penitenciario securitista a uno rehabilitador”. Para el CDH, en tanto, la gestión de la seguridad en el Sistema Penitenciario del Ecuador “se ha limitado únicamente a reaccionar, de forma inoportuna, frente a hechos de violencia”, y sugirió que las acciones de la fuerza pública “deben ir destinadas a contener la violencia en el respeto irrestricto a los estándares del uso progresivo de la fuerza y el respeto a los derechos humanos”.
“El Gobierno no debe instaurar una guerra en los centros carcelarios, su obligación es contener la violencia que las instituciones públicas permitieron que se desarrolle”, denunciaron desde la organización.
¿Qué pasó entre el 22 y el 25 de julio en las cárceles del Ecuador?
Una imagen que se difundió fue la de un efectivo policial a quien amenazaban con un arma en la cabeza. El video estremecedor, compartido por el expresidente Rafael Correa, se viralizó juntos con otros tantos más. Del lado de afuera, en tanto, familiares de los detenidos, esperaban hacía días por repuestas. Así lo denunciaron desde el CDH en un comunicado difundido este martes en el que hicieron un racconto de los hechos y dieron cuenta de que habían alertado sobre distintos hechos de violencia desde el sábado 22. “Identificaron hechos como bombas lanzadas desde drones a centros carcelarios, tiroteos entre pabellones e intentos de ingreso forzosos de personas privadas de libertad a otros pabellones con la finalidad de iniciar enfrentamientos”, indicaron e informaron que solicitaron entonces la activación oportuna de protocolos de seguridad, de lo que “no hubo novedades”.
El 23, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SINAI) advirtió sobre el secuestro de agentes penitenciarios en las cárceles de Cotopaxi, Cañar, Napo, Azuay y El Oro, pero “están en buen estado”, dijeron desde la institución. El 24, una situación similar se replicó en otras cinco cárceles con el secuestro de 96 efectivos. La situación fue en escalda, hubo huelgas de hambre, balaceras en las calles que obligaron a la suspensión de las clases, explosión de coches bombas y hasta un atentado a la Fiscalía General, en la sede de la ciudad de Esmeraldas -ciudad ubicada en la costa norte del país-, otro de los epicentros de la violencia.
Recién el 25 por la mañana, Lasso emitió el decreto ejecutivo 823 que dispuso estado de excepción en todos los centros penitenciarios del país. Allí, entre otros puntos, dispuso el ingreso de las Fuerzas Armadas a los centros penitenciarios “hasta retomar el control y garantizar que no existe amenaza o afectación grave a la vida, integridad física”, se suspendió el derecho a la libertad de reunión dentro y en los perímetros de los centros carcelarios. Con intervención con más de 1500 integrantes de las fuerzas armadas, el comandante general de la Policía Nacional del País, Fausto Salinas Samaniego, informó la detención de seis personas y la “desarticulación de una organización delictiva” que operaba en Esmeralda y Guayas: “Intervención Firmeza145 permitió la desarticulación de una estructura delictiva que operaba en Esmeraldas y Guayas. Los antisociales se dedicarían al tráfico internacional de drogas por vía marítima”, escribió en consonancia con la versión oficial de la crisis que atraviesa el país que apunta al enfrentamiento entre organizaciones criminales y narcotraficantes que operan dentro y fuera de las cárceles.
Según informó el portal Primicias, las investigaciones apuntan a que eran parte del grupo criminal conocido como "Los Tiguerones", con vínculos con el cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación. En el mismo sentido, señaló el portal, se refirió el decreto ejecutivo en donde se detalló que el conflicto en la Penitenciaría del Litoral se originó por una disputa ente los pabellones 8 y 9 de ese centro carcelario, donde están recluidos los integrantes de las bandas Los Lobos y Tiguerones -el link está caído y no se puede ingresar-.
¿Qué contempla el estado de excepción?
El decreto ejecutivo 823 contempla:
- En caso de existir incidentes flagrantes, sus zonas perimetrales, vías y zonas de influencia, la Policía Nacional, de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, podrá actuar de modo urgente.
- La movilización y participación de las Fuerzas Armadas será en coordinación con las labores que lleve a cabo la Policía Nacional.
- La intervención de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y, de todos los servidores públicos encargados de la ejecución de este estado de excepción deberá obligatoriamente respetar los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
- Se dispone requisiciones al interior y exterior de los centros de privación de libertad.
La violencia en las cárceles
La situación no es nueva. Según el Inredh (Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos) del Ecuador, los primeros hechos de violencia en las cárceles se detectaron en 2020. Desde entonces, la violencia fue en escalada. Entre 2018 y 2022, los restos 591 personas privadas de su libertad fueron retirados de las cárceles del Ecuador: el 76% fueron asesinadas en crueles ataques, durante al menos 15 masacres, según los registros del CDH.
En función de los conteos publicados por el portal Primicias, se dieron 14 masacres en 18 meses. Mientras, que los datos recabados por el portal Metro, marcan que los hechos de violencia este año comenzaron el 4 de abril, cuando tres personas fueron asesinadas en la cárcel de máxima seguridad La Roca. Días después, otras seis fueron asesinadas. El 14 de ese mes, fueron 12. Para el 15 de abril, en la cárcel de Loja, otra persona más y el 3 de mayo, hubo un nuevo asesinato en la cárcel de El Inca. El 21 de junio, se sumó uno más en la cárcel de Riobamba. Este 20 de julio, en tanto, en la cárcel de Portoviejo y Jipijapa, se registró el asesinato de tres personas.
Quiénes están en las cárceles y en qué condiciones
Según el último censo penitenciario del Ecuador publicado en 2022, el 49% de los encuestados respondió no tener un acceso permanente al agua potable y, alrededor del 65%, calificó de regular y malo los servicios higiénicos, informó el Inredh. El Sistema Penitenciario del Ecuador está desagregado en 56 centros en donde hay unas 38.999 personas, pese a que sus instalaciones tienen capacidad para 30.099. De acuerdo al instrumento de planificación estratégica de la Política Nacional del Sistema de Rehabilitación Social del Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social, el 93.45% (36.446) son hombres y el 6.55% (2.553) son mujeres. Y, además, sólo el 58.32% tiene sentencia firme, reportó el CDH en su informe 2022.
El Centro de Investigación Kaleidos indicó que los delitos por los cuales las personas están detenidas son: los relacionados con drogas en un 28.1% de los casos; contra la propiedad (26.1%), contra la integridad sexual y reproductiva (16.3%) y contra la "inviolabilidad de la vida" (13.5%). Lo delitos de asociación ilícita y delincuencia organizada representan el 4.1% y, por último, están las contravenciones y apremio de alimentos (11.9%).
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