Costa Rica no es el país más pobre ni el más desigual ni el más violento de Centroamérica. Por el contrario. Durante mucho tiempo fue ejemplo de continuidad democrática y Estado de bienestar. Sin embargo, hoy, sumido en una crisis económica y política, la abstención alcanzó el récord del 40% y ninguno de los dos candidatos que pasaron al balotaje emocionó lo suficiente para alcanzar el 30%.
El ganador con el 27,3% de los votos fue el expresidente José María Figueres, el abanderado de 67 años del Partido Liberación Nacional, la fuerza más antigua y grande del país, que recuperó apoyo después de la debacle de hace cuatro años, pero demostró que su nuevo piso es muy inferior al de décadas pasadas.
Segundo quedó con el 16,7% Rodrigo Chaves del joven Partido Progreso Social Democrático, la sorpresa de la jornada que no aparecía entre los favoritos de las encuestas, un clásico ya en las previas electorales de muchos países.
De cara al balotaje del 3 de abril próximo, está claro que ninguno de los dos emocionó demasiado a los costarricenses y las razones varían según el sector de la sociedad.
En primer lugar, ambos prometieron "sanear" u "ordenar" las cuentas públicas, pero ninguno presentó un plan claro para salir de la crisis económica y, en concreto, para destrabar la situación con el FMI, luego de haber firmado el año pasado un acuerdo por 1.778 millones de dólares, que rápidamente quedó trabado por la imposibilidad del gobierno saliente de aprobar en el Congreso las reformas y los nuevos impuestos que demanda el Fondo.
El objetivo declarado del acuerdo era utilizar el 90% del préstamo -que se debía desembolsar en su totalidad en tres años- para pagar la deuda pública que habían asumido a altas tasas, lo que se suponía permitirá al país ahorrarse 68 millones de dólares en intereses y empezar a liberar un poco la tensión fiscal.
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Pero, por un lado, los sectores de izquierda o centro-izquierda se opusieron al ajuste del gasto público que el acuerdo reclamaba en un momento en que el desempleo ya superaba el 14% y la pobreza el 23% y, por otro, sectores más cercanos al empresariado, rechazaron un nuevo impuesto para las grandes compañías.
"Estas elecciones supusieron un giro a la derecha en la composición del Congreso. Ahora habrá solo 6 diputaciones progresistas entre las 57 de la asamblea unicameral. En Costa Rica, las bancas son más bien mixtas, hay diferentes posiciones y, además, hay gente que es progresista para algunas cosas y no para otras. Pero de manera general podríamos decir que antes había unas 12 ó 14 diputaciones vinculadas a los sectores más progresistas", explicó al Destape la socióloga Monserrat Sagot, directora Centro de Estudios de la Mujer e investigadora de la Universidad de Costa Rica.
En un momento en el que en Argentina se discute si ha nacido un FMI con mayor autocrítica, Costa Rica vive una realidad mucha más parecida a las viejas costumbres del organismo de crédito internacional.
"Uno de los pedidos del FMI que generó más oposición fue la llamada regla fiscal, es decir, las empresas públicas no pueden gastar en un año más que un pequeño porcentaje de lo que gastaron el año anterior. Y en esa regla quedarían afectadas el Ministerio de Educación, las universidades públicas, las políticas sociales redistributivas y hasta se plantea que la linea de emergencia 911 tendría que cerrar", ejemplificó Sagot.
Los dos candidatos se declararon a favor de renegociar el acuerdo de 2021 -una realidad que ya casi nadie rechaza en Costa Rica-, pero sus antecedentes hacen dudar que sea una negociación áspera.
Figueres centró su campaña en la necesidad de invertir y ampliar la infraestructura pública, pero su gobierno en los 90 estuvo marcado por varias de las clásicas políticas liberales del Consenso de Washington. Sargot incluso sitúa en su mandato el inicio de la crisis gradual del Estado de bienestar, que hoy se ve en carne viva.
Chaves, en tanto, buscó atenuar su imagen de execonomista del Banco Mundial con un perfil de experto en salvar a economias de países emergentes y como uno de los que defendió con más fuerza la creación de un impuesto a las grandes empresas durante su fugaz paso por el gobierno saliente.
Aunque la falta de horizonte económico es la preocupación principal de los sectores más vulnerables, especialmente tras dos años duros de pandemia, para el importante movimiento feminista del país el balotaje de abril próximo no podría ser peor.
Chaves fue sancionado por un tribunal interno del Banco Mundial que consideró que las autoridades del organismo de crédito internacional no respondieron de manera correcta ante serie de denuncias contra el economista costarricense por un patrón de acoso sexual entre 2009 y 2013. El ahora candidato presencial rechazó las acusaciones y sostuvo que se trató de “diferencias culturales y comportamientos que, para otras personas, no serían ofensivos”.
La denuncia contra Figueres no surgió desde el ámbito laboral, sino el familiar.
Su hermana y exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Christiana Figueres, lo acusó el año pasado por ejercer violencia de género con su madre cuando la intentó internar por la fuerza en un geriátrico en 2019. El caso está abierto en la Justicia.
"Es un escenario muy deprimimente para las feministas y las mujeres en general. En Costa Rica ha revivido una cultura muy autoritaria, en la que los hombres se presentan como fuertes y con capacidad para gobernar en el país, sin importar lo que hacen en su vida personal. Y la ciudadania está dispuesta a apoyarlos. En las redes, por ejemplo, algunos hombres nos decían: 'Yo estoy eligiendo a un presidente, no a un hombre que cuide a mis hijas'", contó Sagot.
Por último, para la académica el tercer elemento que marcó la apatía de la elección fue la atomización del espectro de candidatos. En total hubo 25 aspirantes a la Presidencia y, según Sagot, en su mayoría era difícil diferenciarlos: "Fue una elección confusa para gran parte de la ciudadanía".
La polarización natural de un balotaje podría ayudar a las dos campañas a definir mejor sus perfiles en los próximos dos meses. Sin embargo, la gran incógnita es qué propuesta concreta presentará un expresidente que prefiere olvidar su pasado y hacer borrón y cuenta nueva, y un ex economista con más experiencia fuera del país que dentro de él y que apenas logró sobrevivir seis meses como ministro de Hacienda.
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