A quince días de iniciadas las protestas en Colombia, enmarcadas en el Paro Nacional, el pueblo colombiano no abandona las manifestaciones en las calles. Sindicatos, comunidades de pueblos indígenas, movimientos estudiantiles, culturales, feministas, camioneros y personas que no pertenecen a ninguna organización condensan su descontento contra el gobierno de Iván Duque. El Destape dialogó con distintos protagonistas de la ya histórica protesta, quienes relatan acerca de la vulneración de derechos que caló en todas las instancias del territorio.
El Comité Nacional del Paro, la entidad que nació para elaborar un cronograma de actividades en todo el territorio, está ultimando detalles para una gran movilización el 19 de mayo. Sin embargo, el paro trascendió de tal manera que las personas están organizándose en sus lugares, con sus propias improntas y según cada necesidad.
En 2019 el pueblo colombiano empezó a movilizarse en contra de un paquete de medidas que el gobierno de Duque había anunciado y, si bien las manifestaciones debieron frenarse por la llegada del COVID-19, volvieron a encenderse el pasado 28 de abril. Interceptación de teléfonos, transmisiones censuradas, correos electrónicos pinchados y bloqueo de cuentas de redes sociales que graban lo que sucede. Así es la seguidilla que conforma parte del rompecabezas de lo que está sucediendo en el país del café.
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Andrea Puentes puede dar cuenta de ello. Ella trabaja en la revista Cartel Urbano, es de Bogotá, y aborda temas referidos a la cultura popular y al arte callejero. El 19 de noviembre de 2019, dos días antes del contundente Paro Nacional, llegaron aproximadamente 27 policías a la sede de la revista donde Puentes trabaja con una orden de allanamiento por tener vínculos con artistas urbanos a los que consideraban terroristas. “Estamos en un estado paramilitar viviendo una masacre, no solo en Bogotá sino en Medellín, en Pereira, en Cali y en otras regiones”, denuncia la fotógrafa de 26 años que también pertenece al Movimiento de Expresiones Latinoamericanas de Hip Hop (MELAH).
“Nadie es invasor en una tierra robada. Colombia es territorio indígena”, dice la pancarta que una chica de no más de 20 años en el duodécimo día de paro, en la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño, al suroeste de Bogotá. Allí, otros jóvenes sostienen consignas que aluden a la policía con petitorios de que no los maten por defender su patria, o piden perdón a sus madres por preocuparlas al ir a luchar.
En esa ciudad, de más de 300 mil habitantes, también vive (y marcha) Juan Camilo González Delgado, integrante del Comité de Derechos Humanos, creado a fines del 2018 en la Universidad de Nariño, institución en la que el joven de 21 años estudia abogacía. “Este paro es la continuidad del que empezamos en 2019, cuando intentaron poner la primera Reforma Tributaria, por lo que las masacres y las muertes vienen desde ahí”, afirma. El problema, dice, “es que ahoras están intentando colocarnos en un estado de sitio”. González Delgado es también miembro activo de la Comisión de Verificación de la Protesta Social que se articula con la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades. “La gente tiene miedo, pero también tiene hambre, y está cansada porque el gobierno en la pandemia apoyó a multinacionales, y a los grandes bancos y dejó morir a los pequeños empresarios”, advierte.
En Colombia, para poder acceder a la universidad es necesario que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) apruebe un préstamo para poder costear la educación superior. “Los ricos utilizan las universidades públicas y los pobres deben acceder a las privadas endeudándose, porque las públicas tienen filtros muy altos, y la educación en primaria y bachillerato son muy básicas”, dice Juan Camilo.
“Más del 50 por ciento de la población en Colombia no tiene trabajo registrado”, describe el politólogo Felipe Durán Carrón desde Zipaquirá, una localidad al noreste de Bogotá, y subraya que “Colombia es una sociedad despolitizada, pero que de esta marcha han salido desde personas mayores a los jóvenes, que son el 80 por ciento de los manifestantes”.
El también concejal de la coalición Colombia Humana menciona otra Reforma del ámbito sanitario, un proyecto de ley que viene tramitándose desde el año pasado, que aboga por reforzar la mercantilización de la salud, con valores adicionales como los copagos para el acceso a medicamentos y ciertos tratamientos. Dicha Reforma quedó un poco opacada por la Tributaria, pero también es una amenaza que no considera la salud como un derecho.
La militarización de los territorios y el avance de la represión por parte de civiles que se infiltran en las protestas está siendo moneda corriente. En las calles de Colombia, junto a la Policía Nacional y el Ejército, se despliega el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), una fuerza de seguridad rechazada porque “fue creada por el estado para reprimir la protesta social”, expresa Durán Carrón.
En orden de cifras, la plataforma Grita, de ese país, busca facilitar las denuncias de violencia policial a través de la ONG Temblores y hasta el domingo 9 de mayo registró a nivel nacional 1.814 casos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Y en su informe, entre otros números, detalló: “39 víctimas fatales por parte de las fuerzas represivas, 963 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 28 víctimas de agresiones oculares, 111 casos de disparos de arma de fuego, 12 víctimas de violencia sexuales”. Desde organismos en defensa de los Derechos Humanos señalan: “Se supone que son civiles pero el régimen de juzgamiento es militar, y necesitamos que los juzguen bajo la categoría de delitos comunes, para que no sean absueltos ni indultados”.
Por su parte, Juan Camilo González Delgado describe: “Los paramilitares son civiles armados hasta los dientes que andan en camionetas blindadas que ninguno de nosotros podría jamás tener, y cuando los manifestantes se defienden, ahí es cuando los graban para después decir que fueron atacados”. Y ante la pregunta si la prensa hegemónica está disfrazando las represiones de enfrentamientos, afirma que “como el estado tiene el control de las noticias, muestran a los indígenas como los malos". Y aclara que lo mismo sucede con las cifras de las personas violentadas. "Mientras ellos (el gobierno) dicen 21 muertos, los registros dicen 43 y van en alza", suma.
En la región oeste de Colombia, en la ciudad de Pereira, Martha Viviana de las Salas Ramírez se refiere a su sobrino, Lucas Villa (que recibió ocho balazos a la altura del cráneo mientras se manifestaba pacíficamente y falleció este lunes). Sostiene que Lucas “siempre ha sido un hombre muy valiente que le ha temido a la violencia, y muy activista en el tema de la protesta pacífica, con los argumentos suficientes como para pronunciarse”. A sus 54 años, Martha revela que nunca vio una movilización “tan maravillosa como la de este momento”. Y añade: “Somos más las personas inconformes con la injusticia social y con la inequidad, que aquellas que pueden estar en una situación más favorable, que no se van a pronunciar porque vulneren sus derechos”.
Y desde Bogotá, el bailarín e investigador Jairo Cuero resalta: “Colombia por naturaleza es muy artístico y las danzas están en la cotidianeidad de la gente”. El activista afrocolombiano distingue que “las personas encuentran en las artes la expresión sin violencia en contra de un gobierno represivo y dictatorial como el que tenemos”. Desde el mapalé (danza tradicional del Caribe) y el currulao del Pacífico colombiano hasta las danzas urbanas que se divisan por Bogotá, Colombia no duerme, y se sigue desplegando por todo el territorio hasta que sus reclamos sean escuchados.
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