Dos hechos golpearon a la sociedad brasileña en el último mes: un nuevo atentado a la sede de los Tres Poderes y las acusaciones contra el ex presidente Jair Bolsonaro catalogado como “líder” de la trama golpista del 8 de enero de 2023. Mientras que la reacción por parte de los líderes de la derecha del país vecino fue el silencio o la moderación, un sondeo realizado por el Monitor de Debate Público (MDP) evidenció la fuerte “polarización”, así como que los grupos bolsonaristas radicales “están activos”. Crece la expectativa por cuál será el impacto de esto en las intenciones de Bolsonaro de volver a ser presidente en 2026, pese a estar inhabilitado.
Lo que está claro es que Bolsonaro no se da por vencido: quiere volver a ser presidente de Brasil. Sin embargo, sus planes se empantanaron y la pregunta sobre su sucesor sobrevuela en un debate público que tiene varios actores: los referentes y líderes de la derecha extrema derecha y a un sector de la sociedad, cuyos votos se disputarán en 2026.
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Bolsonaro y la Justicia
El primer golpe lo recibió el año pasado, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo declaró “inelegible” por ocho años por “abuso de poder” y difusión de fake news, por haber puesto en duda al sistema electoral ante delegaciones internacionales (como se contó aquí). Luego vinieron la falta de reconocimiento de los resultados, su ausencia en el traspaso de mando y el intento de golpe de Estado.
Pese a todo ello, acuñó su poder político y tuvo fuerte protagonismo en las municipales de este año, escenario fértil sobre el que comenzó a preparar un pedido de amnistía para los condenados por el 8 de enero que también lo beneficiaría. Cuando todo parecía avanzar, el ex candidato a concejal bolsonarista por el Partido Liberal en Santa Catarina Francisco Wanderley Luiz hizo explotar un auto en la sede de los Tres Poderes, luego detonó los explosivos que llevaba en su cuerpo y murió. “Los grupos extremistas están activos y precisan que actuemos de manera enérgica”, dijo un día después el jefe de la Policía Federal, Andrei Rodrígues, en declaraciones a la prensa, y dio por enterrada la ley del perdón para los golpistas.
Como si eso no bastara, la Policía Federal acusó a Bolsonaro y a otras 36 personas por la tentativa de golpe de 2023. Tenía “pleno conocimiento” del plan denominado “Verde y amarillo”, concluyó la Policía Federal brasileña, que es la encargada de llevar adelante las investigaciones. También revelaron un plan para asesinar al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva; al vice, Geraldo Alkmin; y al presidente de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, archienemigo político del expresidente.
La reacción bolsonarista
“Los extremistas están activos, la movilización existe”, aseguró a El Destape la analista política y directora general del MDP, Carolina de Paula.
El MDP, realizado con apoyo de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ) y del Instituto de Democracia y Democratización de la Comunicación (INCT), trabaja a través de WhatsApp con cinco grupos focales “de uso continuo” con 50 participantes cada uno en donde combinan sexo, edad, etnia, ingresos, escolaridad, región y religión en igual proporción a la sociedad brasileña. Para su elaboración colocó un prefiltro entre bolsonaristas para poder identificar entre “convencidos/radicales” y “moderados” con la pregunta de si apoya o no los actos del 8 de enero. También incluyeron otras categorías, siempre basadas en las elecciones de 2022: “preferencias fluctuantes” (quienes votaron blanco o nulo en la segunda vuelta); “lulistas descontentos” (votaron a Lula, pero reprueban la actual gestión) y lulistas.
En las últimas semanas publicaron dos informes: uno elaborado en la semana del 11 al 17 de noviembre y, otro, del 25 de noviembre al 1 de diciembre. En el primero estuvo presente la reacción ante el atentado en Brasilia; en el segundo, las nuevas revelaciones en torno al intento de golpe, la acusación contra Bolsonaro y la ley de amnistía que preparaban en el Congreso.
La conclusión de De Paula sobre la actividad de los grupos extremistas de se basa en las respuestas que dan desde 2022, cuando comenzaron los sondeos: son todas parecidas, determinadas y rápidas, lo que permite imaginar que “existe una cadena de transmisión de contenido organizado”, aunque marcó que es difícil “mensurar” el tipo de organización que llevan adelante porque desconocen si quienes participan del sondeo son parte de grupos extremistas aún más radicales. Otra característica que tienen es que las cuestiones que podrían perjudicar la imagen de Bolsonaro por lo general “no tienen ningún impacto. Él puede hacer lo que sea que estarán de su lado”, dijo la analista.
Ahora bien, cuando sucedió el atentado en Brasilia, notaron por primera vez una reacción diferente: “Estaban perdidos en cuanto a qué postura tomar y en cómo definir lo que había pasado”, apuntó De Paula. Es que, ese hecho definitivamente sorprendió a más de uno. La narrativa que instaló con el correr de los días el bolsonarismo y que los sondeados tomaron fue que el hombre del atentado “tenía problemas mentales” y que como estaba insatisfecho con el gobierno “adoptó una postura radical”, algo que también deslizaron los moderados. El resto –entre fluctuantes y lulistas- todos atribuyeron los hechos al “fanatismo político”, lo que a entender de los analistas “evidencia cómo los argumentos sobre polarización política permanecen vivos en el imaginario de la población”.
Lo que refiere a las revelaciones hechas por la Policía en torno a la investigación por el intento de golpe, la acusación contra Bolsonaro y el proyecto de amnistía, en el grupo más radicalizado predominó la idea de “persecución e inocencia” del líder ultraderechista, de “imparcialidad judicial”, así como que se trata de una "estrategia de la izquierda para debilitar la carrera de Bolsonaro”. También, defienden la amnistía como una forma de “corregir supuestas injusticias y condenas excesivas”. Los moderados coincidieron con los dos primeros puntos, excepto con el tercero: consideran que la amnistía no debe darse de forma indiscriminada. En la síntesis del análisis, marcaron que en esos dos grupos no creen en la veracidad del plan revelado de asesinato a Lula, Alckmin y De Moraes, también bajo el argumento de que es “una narrativa más de la izquierda”.
En el resto, predominó un rechazo “vehemente” a la amnistía y apuntaron a la necesidad de una justicia imparcial, condenas efectivas y defensa de la democracia. “Para ellos, los crímenes contra la democracia exigen respuestas firmes y ejemplares”, destacaron.
Los líderes de derecha: entre el silencio, la moderación y el apoyo a Bolsonaro
Los líderes de la derecha y la ultraderecha brasileña están a la expectativa desde la misma derrota de Bolsonaro, en 2022. Aliados y no tan aliados se mueven con cautela mientras emergieron nuevas figuras como el coach ontológico Pablo Marçal, que disputó la intendencia de San Pablo este año y fue la muestra de que el bolsonarismo trascendió ya al personaje.
“Los líderes de derecha están en un momento delicado”, apuntó ante este medio el especialista en marketing político cofundador de BaseLab, Paulo Loila. Las razones son: las pruebas “robustas” que hay contra el ex presidente, las confesiones de militares que señalaron a Bolsonaro y hasta el pedido de amnistía, así como la emergencia de Marçal, “que viene construyendo una narrativa más cercana al público conservador” que el propio Bolsonaro, señaló.
Para Loiola, el contexto para el próximo año dependerá del avance de las investigaciones, aunque destacó que el parate a la ley de amnistía “aumenta las divisiones y disputas para elegir quién será el sucesor de Bolsonaro”.
Son varios los que anotados en esa lista: Eduardo Bolsonaro, hijo y diputado federal, ya fue desacreditado por su propio padre que dijo que sólo desistirá de su candidatura sólo si estuviera muerto.
El resto de los líderes que se posicionan como candidateables mantuvieron las siguientes posturas de cara a las acusaciones contra el exmandatario: se mantuvieron en silencio el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); y el presidente de Republicanos, Marcos Pereira. Relativizaron los hechos los gobernadores de Goiás, Ronaldo Caiado (Unión Brasil); y de Paraná, Ratinho Junior (Partido Social Democrático). Y desacreditaron la investigación el gobernador de San Pablo, Tarcísio Freitas (republicanos) y el expresidente Michel Temer dijo que no ve “riesgos para la democracia y que no hay clima para golpe”. El gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (Partido de la Social Democracia Brasileña), fue el único que pidió condenas rigurosas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (Progresistas), no se pronunció, pero dijo que al único que ve como candidato es a Bolsonaro.
Sobre esas posturas, la periodista e investigadora Ana Luiza Albuquerque coincidió con Loiola: ir contra Bolsonaro puede significar cerrar una puerta de alianzas con el Partido Liberal, al que está afiliado el expresidente. “Es un cálculo electoral porque hay un 30% de la población que está muy convencida con él y eso significa que estarían soltándole la mano de esos votos en las próximas elecciones”, señaló en el podcast Café da Manhã.
En su análisis, advirtió sobre un proceso de “insensibilización” de las personas y sobre el “corrimiento” de los límites para tomar en cuenta la gravedad de los hechos. Como responsables de ello apuntó a los sectores de la política y del poder económico que tomaron al líder extremista como un “personaje folclórico” que “no podría hacer todo lo que quería” (tal vez sirve para tener en cuenta en Argentina). Para el caso, advirtió que “sin el apoyo de los moderados los sectores extremistas tienen menos chances de triunfar” y señaló la necesidad de pronunciamientos “vehementes” como un factor de protección contra el retroceso democrático porque cuando los líderes extremistas vuelven lo hacen "más fuerte".
Laura Costa, secretaria estadual de las Mujeres del Partido Socialista Brasileño y analista internacional, aportó algo de luz sobre el por qué del descrédito sobre el proceso judicial. A su entender, su país atraviesa un “proceso de judicialización de la política y politización de la justicia que inició con el Lava Jato, que estuvo repleto de fake news” en una estrategia que usó la derecha, pero que ahora, cuando es uno de los suyos el acusado “quieren dar dos pasos para atrás” para llamar al Supremo Tribunal (la Corte) "abusivo".
Para ella, si la acusación hubiera sido por corrupción quizá sí se hubiera debilitado la imagen de Bolsonaro, en cambio "para algunas personas de derecha la acusación de golpe es un orgullo” en el marco de una sociedad en donde la cultura autoritaria y el culto al autoritarismo "aún está muy imbrincada" por las huellas de una dictadura militar (1964-1985) con una justicia de transición que "falló en el acceso al derecho, a la memoria y a la verdad, que dejó un terreno fértil para que crecieran figuras como Bolsonaro" (tema que se reavivó en las últimas semanas por el estreno de la película Todavía estoy aquí/Ainda estou aqui, de Walter Salles).
“Es un escenario complejo de cómo las democracias mueren y de cómo la extrema derecha usa los aparatos de la democracia por dentro para debilitarla”, dijo. Y avizoró que es posible que los líderes se organicen en torno a otro personaje y que la estrategia será crear la imagen de un Bolsonaro “mártir”.
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