"El resultado no plantea un punto de inflexión en El Salvador, sino la continuidad de un modelo de cooptación institucional total", dijo ante El Destape Ruth Eleonora López. La salvadoreña especialista en derecho electoral graficó de ese modo la situación en la que quedó el país centroamericano tras las elecciones del 4 de febrero pasado. Ese día, Nayib Bukele, presidente en licencia y candidato inconstitucional, se autorpoclamó ganador por una abrumadora mayoría. Mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoció “incidentes” y llevó a cabo un recuento cuestionado, Bukele logró instalar un régimen de partido único y tomar las instituciones. ¿Qué queda para una oposición cercada? ¿Cuál es el desafío para el presidente más popular de la región?
El Salvador abrió el calendario de las contiendas en América latina, en un 2024 que estará marcado por las votaciones en más de 70 países del mundo. Y lo hizo con un cimbronazo electoral: el partido Nuevas Ideas de Bukele ganó las presidenciales con el 82,66 % de los votos, según los datos oficiales.
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Para corroborar los datos autoproclamados por el Presidente, el TSE dispuso un conteo que modificó con el correr de los días y que referentes de distintos partidos de oposición y misiones de observación cuestionaron, hasta hay quienes denuncian fraude: el conteo en un principio dio más que la cantidad de personas habilitadas para votar. Sobre la conformación de la Asamblea Nacional, se sabe lo que Bukele anunció el domingo, que su partido ganó “58 o más” de las 60 bancas, algo sobre lo que el TSE todavía trabaja, pero López afirmó que no está garantizada la voluntad popular. Mientras, al menos, cuatro partidos (FMLN-Arena, Vamos y Nuestro tiempo) anunciaron que pedirán la nulidad, más allá de las resistencias del organismo electoral que dijo que el plazo para ello finalizó.
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La participación, otra gran interrogante en un comicio que se realizó bajo estado de emergencia y con libertades cercenadas, se mantuvo dentro de los números habituales allí con el 52,7% de la población.
En conclusión, Bukele retomará oficialmente su cargo el 1 de junio por los próximos cinco años.
Ganar fuerza tomando las instituciones y cercando a la oposición
Para afianzar su poder, el salvadoreño cumplió con una serie de pasos antidemocráticos que él mismo celebró el domingo pasado. Van desde la destitución de jueces, el conocido establecimiento de un régimen de excepción inédito junto con la militarización del país hasta la reforma electoral -que redujo de 84 a 60 las bancas en el Congreso y 262 a 44 los municipios-. En diálogo con El Destape, desde la organización de derechos humanos Cristosal, sumaron también la toma del Instituto de Acceso a la Información y de la Defensoría del Pueblo con una “amplia discrecionalidad en el uso de fondos públicos”.
Otro hecho trascendental ocurrió el 9 de febrero de 2021, cuando el ahora mandatario reelecto ingresó al Congreso con el Ejército para obtener la aprobación del presupuesto para implementar parte de su plan de "guerra contra las pandillas". En el corto plazo, otra forma de cerco fue advertida por Observa El Salvador: la oposición careció del financiamiento del Estado “para competir en condiciones justas" porque el TSE y el Ministerio de Hacienda no garantizaron “la entrega oportuna", lo que los puso en desventaja ante el enorme y estratégico aparato de propaganda del Gobierno.
Desde el equipo de anticorrupción y justicia de Cristosal, habló el abogado Jonatan Sisco: “Si el Ejecutivo tiene injerencia e incluso control de otras instituciones del Estado, entonces, lo más probable es que las violaciones a derechos humanos no disminuyan, sino que se vayan generando con impunidad”. Pero también su alerta fue en términos del modelo económico que acompaña estas políticas, ya que aseguró que existen "actos irregulares" en el desalojo de propiedades para la instalación de megaproyectos y en la entrega de permisos ambientales.
La unidad, la única opción de la oposición ahora
Hace un año, distintos partidos iniciaron gestiones para una gran alianza opositora. Entre ellos, estuvieron sentados líderes del FMLN, partido de la ex guerrilla de izquierda; y su principal oponente Arena, representante de la derecha nacionalista del país, además de Vamos y Nuestro Tiempo junto con el Movimiento Sumar.
Los acuerdos fallaron y hubo quienes sostuvieron que no había que participar. A los ojos del analista salvadoreño Enrique Anaya en ese momento ganaron las diferencias ideológicas entre Arena y el FMLN, el inicio tardío de las negociaciones y “la desconfianza mutua, pues no se logró construir un único liderazgo”.
Ante un escenario en el que “cabe esperar la profundización del autoritarismo, sobre todo, acallar cualquier crítica”, Anaya apuesta por la vía de un frente único. Lo que le tocaría a la oposición “es reconstruirse a través de la unidad -probable, al menos en la derecha-, convocar a la sociedad civil y potenciar liderazgos reales”, opinó ante El Destape.
“Los partidos políticos tienen que darse cuenta que separados no van a ganar”, pidió en una entrevista con El Faro en la misma noche de la elección el excandidato a la presidencia por Nuestro Tiempo, Luis Parada -que disputó el cargo desde el extranjero-. Y consideró que Arena y el FMLN “deberían estar (en la alianza) si piensan seguir como fuerzas políticas relevantes y están interesadas en El Salvador”.
Su sentimiento, dijo, es “que tiene que llegar el día en el que se entienda que la batalla entre la democracia y la dictadura no es ideológica, es de supervivencia de la república”.
Desde el FMLN no respondieron ante este medio si estarían dispuestos a habitar un frente común, pero aclararon que su partido nació “de la organización del pueblo en busca de liberarse de una dictadura militar, de cambiar las condiciones de vida de la gente” y que, en la actualidad, la situación es bastante similar: “Hay una crisis en la economía de las familias, la pobreza extrema duplicada, hay desempleo y capturas arbitrarias e ilegales de personas inocentes, con una fuerte carga de militarización y represión”, enumeró la diputada nacional Anabel Belloso.
Su forma de lucha, aclaró, “trasciende lo electoral”. Apuestan, en tanto, a “seguir fortaleciendo la lucha social en las calles, la lucha política, al menos hasta que siga siendo posible”.
El desafío para el segundo mandato de Bukele: una economía débil y dolarizada
Los números de popularidad de Bukele en Latinoamérica por sus políticas de seguridad contrastan con los de la economía del país. Allí, justamente, estuvo su mayor fracaso. En este escenario, los especialistas consultados para esta nota compartieron la idea de que las élites económicas son beneficiadas por sobre la población y en detrimento del medio ambiente.
“El próximo desafío es que la situación económica no les explote en la cara, es una bomba de tiempo”, afirmó la economista feminista, Lorena Valle. Para ella, al “modelo Bukele” además de leerlo en términos de seguridad también hay que mirarlo en clave económica.
“Busca promocionar a El Salvador como un paraíso de libertad financiera con el bitcoin a costa de la explotación de recursos naturales y del retiro del Estado, que está orientado a la atracción de turismo y de inversiones que no han logrado crecer de manera significativa”, dijo y lo comparó con “el experimento neoliberal chileno” instalado por la dictadura pinochetista.
Con una población de 6.300 millones de personas, El Salvador es una de las economías más débiles de Centroamérica. Su PBI depende en casi un 30% de las remesas que mandan quienes decidieron migrar e informes privados indican que la deuda pública real supera el 80% del PBI, lo que “amenaza con volverse insostenible”, precisó un estudio de Cristosal en septiembre pasado.
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Además, su crecimiento está “estancado”, coincidieron Valle y su colega Oscar Cabrera, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica. El país, que es uno de los 12 dolarizados en el mundo, no supera los 2 o 2,5 puntos, según las perspectivas del FMI hasta 2027.
Es que, la dolarización de 2001 -explicó Cabrera- hizo que el país dejara de lado “el kit” que tiene el 92% de los países del planeta para llevar adelante una política monetaria, crediticia y cambiaria propia. Además, estuvo acompañado por una austeridad fiscal que impactó en la pobreza y la desigualdad. Una idea de cómo se vive allí la dio un informe de las Naciones Unidas realizado con la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC): en 2022, la mitad de la población -3.3 millones de personas- enfrentó algún tipo de problema para satisfacer sus necesidades alimentarias.
En un territorio en el que hace años “no se percibe al dinero como un bien público, sino como una criatura del mercado” -en palabras de Cabrera-, el presidente cool -como lo bautizaron los medios no sin cierta complicidad- legalizó el bitcoin, que no tiene respaldo y se basa en la especulación. Esa política no fue suficiente para hacerle frente al escenario de pobreza y hambre en un contexto geopolítico en el que los alimentos van en alza.
“Nadie usa” esa no moneda, es la frase que más resuena en encuestas y entre especialistas. La razón que esgrimió el economista es el escaso acceso a internet y la poca educación financiera de las personas, que las expuso a riesgos como la suplantación de identidad y al robo de depósitos. Y, no sólo eso: afirmó que los principales beneficiarios están en la “economía subterránea” y en el uso para “el lavado de dinero”. Y, según el propio Presidente, fue utilizada para la colocación de las reservas extranjeras del país en esa criptomoneda. Aunque sobre eso no se conoce mucho más dadas las políticas de opacidad del Gobierno.
La “criptoutopía libertaria del bitcoin está desplazando comunidades para negocios extranjeros”, alertó Valle y sugirió que la clave de los números estará en las remesas, “un indicador de que las cosas realmente no están bien”, pero que al mismo tiempo funcionan como “válvula de escape” para el sostén de la economía del país.
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