El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas formoseño, Jorge Oscar Ibáñez, evaluó el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Javier Milei al que denominó como un “plan de desregulación económica”, el cual resumió en 30 puntos principales sobre un total de alrededor de 300 reformas que incluyen derogación de leyes y reformas específicas.
En comunicación con el portal Agenfor, el funcionario provincial consideró que se trata de “un DNU abiertamente inconstitucional”, por lo que pidió aguardar a ver cómo reaccionará el pueblo argentino, tras destacar las protestas espontáneas que sucedieron en Capital Federal y varias provincias argentinas.
En este sentido, afirmó que desde el Gobierno de Formosa no comparten "en absoluto" estas medidas y advirtió que “la gente todavía no tiene conocimiento de la magnitud de esto”. Del mismo modo, subrayó que, a través de protestas, en Buenos Aires la gente “se encaminó hacia un lugar emblemático que tiene que dar respuesta a esta barbaridad jurídica y política, que es el Congreso de la Nación”.
“Si hoy el Gobierno nacional redobla la apuesta para poner en marcha este decretazo y barrer con miles de derechos como lo quiere hacer, indudablemente va a haber más convocatoria. Todas las materias con vocación de permanencia siempre en la Nación tienen que ser modificadas por el Congreso. Entendemos que esto es una auto-atribución de la suma del poder público, con facultades extraordinarias, que no puede terminar bien”, agregó.
Con respecto a la recepción del DNU emitido por el presidente electo, afirmó que "ya hay constitucionalistas que se han expresado sobre la inconstitucionalidad de este decreto y desde el punto de vista político". En esta línea, aseguró que está pensado "para favorecer a grandes grupos económicos y para la rápida privatización de empresas públicas, entre ellas en la que tienen puestos los ojos muchas multinacionales, que es YPF”, subrayó.
"No veo cuál es el beneficio para la gente. A los trabajadores les elimina muchísimos derechos. Hay una catarata de derogaciones de leyes, como por ejemplo la Ley de Alquileres, con la intención de colocar en igualdad de posiciones al inquilino y al dueño de un departamento para que pacten un contrato en el tiempo que ellos puedan y en la moneda que quiera hacerlo el dueño. Nos parece una barbaridad no proteger a los más necesitados”, sostuvo.
Con respecto a las medidas para achicar el Estado que anunció el Gobierno, afirmó que “no existe país en el mundo en el cual el Estado esté totalmente ausente de controlar servicios públicos, de las tarifas, y que todo lo regule mano del mercado”, como proponen desde La Libertad Avanza.
Insistió en que “la mano del mercado nunca puede ser el regulador social” y agregó que “nosotros levantamos la bandera de la justicia social, no es simbólica, es darles igualdad de oportunidades a todos los que nacimos en este bendito suelo, que tengamos salud pública y gratuita y educación, que estén regulados el transporte, los servicios”.
Ganadores y perdedores
En relación a las consecuencias que tendrá el DNU, aseguró que habrá ganadores y perdedores. En este sentido, ubicó entre los ganadores a “los grupos empresarios que van a poder exportar e importar lo que se les canta, los exportadores, las petroleras y los bancos que van a hacer negocios internacionales muy grandes”.
Por otra parte, consideró que entre los perdedores se encontrarán la totalidad de los trabajadores y jubilados, del mismo modo que puso en suspenso a las provincias y Municipios.
Por último, vaticinó más cacerolazos por parte de la clase media argentina: “Es la reacción de una clase media por algunas de las medidas que se escucharon, fue algo instantáneo. Es algo muy fuerte el tema de los alquileres en provincias como Córdoba, Buenos Aires y Rosario, el 70% de la gente vive alquilando, que se enteraron de golpe que a partir de hoy tienen que sentarse a negociar las condiciones, los plazos y la moneda de ese alquiler”.
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