La jueza estadounidense Loretta Preska falló este viernes en contra de Argentina en el juicio por la reparación de daños a raíz de la expropiación de la petrolera YPF a Repsol en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, iniciado por los fondos buitres Burford y Eton Park. El Gobierno nacional confirmó que apelará la decisión.
Preska consideró que "la República Argentina ejerció control indirecto sobre un número de acciones de Repsol el 16 de abril de 2012, activando así su obligación de oferta pública de adquisición". Del mismo modo, consideró "procedente" que el interés anticipado del 8% empiece a correr a partir del 3 de mayo de 2023.
En ese sentido, el fallo de la jueza neoyorquina toma en cuenta tres puntos clave: la fecha de toma de posesión de la empresa por parte del Estado nacional a través de la adquisición de sus acciones, los intereses generados y la fórmula de cálculo de los intereses resarcitorios.
Preska le dio la razón a los fondos demandantes, Burford y Eton Park, en los tres puntos. Por eso, se prevé que el monto a resarcir sea el más alto de los que estaban en consideración, por unos 16.000 millones de dólares.
Argentina, en cambio, había pedido que la reparación de daños no superase los 4.920 millones de dólares. En este marco, el Estado nacional, representado por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT, apelará el fallo.
"El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", adelantó en Twitter la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, inmediatamente después de conocido el fallo.
La posición de Argentina en el juicio de los fondos buitre por la expropiación de YPF
El 31 de marzo pasado, Preska había fallado contra la República Argentina y eximió de responsabilidades a YPF por la expropiación de 2012, pero sin determinar en ese momento el monto a pagar como resarcimiento.
En cuanto a la fecha en que la Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación, los dos fondos demandantes señalan que fue el 16 de abril de 2012, fecha en que se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF.
La contraparte, el Estado argentino, responde que los daños económicos deben calcularse tomando como parámetro la fecha del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor la Ley 26.741 (que declaró la utilidad pública y la expropiación), ya que fue en ese momento que se comenzó a ejercer el derecho político y económico de las acciones. Sin embargo, este viernes Preska le dio la razón a los fondos buitre demandantes.
Argentina había planteado que "el tribunal debe ejercer discreción para no otorgar intereses previos al fallo" y que "el tribunal no debe inflar aún más las enormes ganancias inesperadas de los demandantes con intereses previos al fallo".
Además, el país, a través de sus representantes, había considerado que "los demandantes recibirán una ganancia inesperada bajo cualquier escenario, que el grupo Petersen se benefició durante años por el deterioro de YPF que condujo a la expropiación, y que cualquier otra indemnización por daños exacerbará los desafíos económicos actuales de Argentina".
Los patrocinantes del Estado argentino pusieron énfasis, en una presentación formal hecha en julio pasado, en que "los daños deben basarse en el cálculo corregido del precio de la oferta pública del 7 de mayo de 2012 sin intereses previos al fallo".
En la diferencia de la base de cálculo se especifica que "usando los datos de ganancias disponibles del cuarto trimestre de 2009, los daños de los demandantes para el 16 de abril de 2012 son casi 3 mil millones de dólares menos".
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