Un 28% de las mujeres denunció violencia económica en 2022

Este sábado se cumplen ocho años de la primera movilización de Ni Una Menos. Las demandas de este año hacen eje, entre otros puntos, en el impacto de la violencia económica, teniendo en cuenta además la estrecha vinculación que tiene con otras formas de violencia de género. Un 28% de quienes denunciaron violencia doméstica en 2022 sufrieron violencia económica y patrimonial, a su vez 4 de cada 10 adultas mayores la padecieron, en tanto que un 63% de las víctimas tiene una ocupación remunerada y un 29% es beneficiaria de programas sociales.

Los datos se desprenden del último informe presentado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y permiten dimensionar la realidad de este tipo de violencia, usualmente menos visibilizada, y que se profundiza en contextos de crisis, donde se ven afectados los ingresos para la vida diaria, y crece el endeudamiento de los Estados y las familias.

“Nos queremos desendeudadas, pero no solamente a nivel de la deuda estatal, sino también desendeudadas en nuestra vida cotidiana, porque algo que viene sucediendo de manera muy fuerte es que cada vez más nos endeudamos más para vivir”, indican desde Ni Una Menos, y advierten sobre los círculo vicioso de deuda y vulnerabilidad financiera que afecta a mujeres e identidades diversas.

Datos de la violencia económica

En 2022, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) contabilizó 10.231 denuncias por violencia doméstica, el 76% de quienes denunciaron fueron mujeres, y del total de las víctimas, un 28% sufrió violencia económica y patrimonial. Vale recordar que la violencia económica está reconocida en la Ley N° 26.485 de Prevención y Erradicación de la violencia de género, y abarca toda acción que afecte el acceso a ingresos para una subsistencia digna, que impida trabajar, estudiar y disponer de bienes o dinero propio, así como el control arbitrario de los gastos, la brecha salarial por género, el incumplimiento de la cuota alimentaria, el rechazo a compartir tareas de cuidados, entre los principales. 

Según se desprende del informe mencionado, la violencia económica y patrimonial afecta en mayor medida a las personas mayores (60 años y más) llegando a un 36%, por lo que en el país “4 de cada 10 personas mayores fueron víctimas de violencia económica y patrimonial”. Ello puede vincularse a la mayor dependencia de ingresos de terceros, sobre todo porque las vulnerabilidades de la vida activa, trabajos más precarios e informales con menos aportes a la Seguridad Social, repercuten luego en la vida pasiva.  Otro dato relacionado indica que este tipo de violencia es más frecuente en vínculos de “Pareja” (36%) y “Filial” (26%).

Respecto de la actividad laboral de quienes padecen este tipo de violencia, “un 27% es inactiva (fuera del mercado laboral), 9% es jubilada o pensionada, 8% realiza tareas de cuidado por las que no percibe remuneración y 10% tiene otra situación (ingresos que no provienen de ocupación remunerada)”. Por su lado, el mayor porcentaje refiere a personas en actividad (73%) de las cuales un 10% está desocupada mientras que 63% de las víctimas tiene ocupación remunerada. De este total, 5 de cada 10 realiza sus actividades en la economía informal, sin aportes a la Seguridad Social. Asimismo, un 29% es beneficiaria de programas sociales (Potenciar Trabajo, Ciudadanía porteña, entre otros) y al menos 16% reside en barrios populares y 23% en hogares con hacinamiento crítico o moderado.

Feminización del endeudamiento

Una de las manifestaciones de la violencia económica o patrimonial tiene que ver con el incumplimiento de la cuota alimentaria. “Este año aparece muy fuerte la demanda por el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de los progenitores, es decir, cuando las parejas se separan y quien queda a cargo de la crianza es la mujer sosteniendo el hogar y los progenitores no hacen los aportes, esto es una forma de violencia económica”, explicó en diálogo con El Destape, Luci Cavallero, Doctora en Ciencias Sociales e integrante de la asamblea de Ni Una Menos de Buenos Aires.

Sobre este punto, son contundentes los datos del Primer informe sobre endeudamientos, géneros y cuidados en la Argentina dado a conocer esta semana por CEPAL y el Ministerio de Economía nacional, que indican que “el 60% de los hogares sostenidos por mujeres reportó haber recurrido a financiamiento, (frente a un 50% de los hogares sostenidos por varones) y el 64% de los hogares destinaron el financiamiento obtenido a la compra de comida y medicamentos”. 

El relevamiento se realizó a fines del 2022 y da cuenta de una creciente “feminización de los endeudamientos de los hogares” a causa de la mayor vulnerabilidad económica y la falta de autonomía a las que se ven expuestas las mujeres, que las lleva a endeudarse más que los varones. Al respecto, la informalidad laboral agrava la necesidad de financiamiento, ya que las trabajadoras no registradas solicitaron en 69,2% algún tipo de financiamiento, lo que representa una brecha de 20 puntos frente a las registradas (49,4%). 

“Desde el año 2018, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), hay una caída pronunciada del poder adquisitivo de los ingresos de la clase trabajadora, tanto de los salarios como de los subsidios sociales y eso está generando que muchas familias se tengan que endeudar para vivir, es decir, endeudarse para comprar medicamentos, alimentos, incluso endeudarse para pagar otras deudas. Esto se incrementó en pandemia y actualmente una gran parte de la población está endeudada para vivir”, puntualizó a este medio Cavallero, co-autora del libro Una Lectura Feminista de la Deuda.

Otro aspecto a tener en cuenta es que en los hogares de menores ingresos es más difícil poder acceder al crédito formal, por lo que se recurre en mayor medida a alternativas informales de crédito, con mayores costos y que se convierten en circuitos de endeudamiento con pocas salidas. En particular, el 21,2% de los hogares cuyo principal sostén son mujeres ha recurrido en el último mes de 2022 a este tipo de financiamiento, mientras que en los hogares de mayores ingresos solo el13,8% de las mujeres recurre a créditos informales, a su vez el 45,1% de las mujeres que solicitaron financiamiento lo hizo a familiares o amigos, mientras que solo el 35,1% de los varones recurrió a esa fuente.

El panorama se complejiza en hogares con responsabilidades de cuidado de niños, niñas y adolescentes que están encabezados por mujeres, donde “el 72,6% destina el financiamiento a la compra de comida y medicamentos, 7 de cada 10 arrastra atrasos en los pagos de deudas o de servicios, y casi la mitad destina todos sus ingresos para hacer frente a sus deudas o sostiene que sus ingresos le resultan insuficientes para afrontarlas”. 

De acuerdo con la Encuesta rápida sobre la situación de la niñez y adolescencia de UNICEF, el 51,2% de los hogares en los cuales el progenitor no vive allí, no recibió dinero en concepto de manutención en los últimos 6 meses y el 12% solo recibió manutención algunos meses. Esto se refleja en sus necesidades de financiamiento, ya que 64,5% de las mujeres que son sostén económico del hogar con niños solicitó algún tipo de financiamiento. 

Políticas públicas

Teniendo en cuenta este escenario, como resultado de las asambleas que realizaron de cara a la convocatoria del sábado 3 de junio frente al Congreso entre organizaciones sociales, sindicales, partidos y diferentes espacios y personas convocadas, se proponen también una serie de políticas para atender los puntos más urgentes de la violencia económica y a los sectores más afectados.

“Es muy importante visibilizar el rol de la deuda. Vemos que el Estado está muy condicionado por el pago de la deuda para poder avanzar en medidas redistributivas. Por ejemplo, la ley de cuidados, la posibilidad de reconocer el trabajo comunitario, porque tiene las manos atadas para invertir en educación, en salud y eso termina generando más trabajo no remunerado de las mujeres, caída del salario y del poder adquisitivo de los subsidios y una imposibilidad de poner en acción políticas públicas efectivas para la prevención y la salida de las violencias”, señaló Cavallero a este portal.

Además puntualizó que entre las demandas centrales se destacan el reconocimiento del trabajo comunitario, en merenderos y comedores, que avance la discusión de la Ley de Cuidados en el Congreso, y también una mayor regulación del mercado de vivienda y de alquileres ante las dificultades de acceso a este derecho, "estamos pidiendo medidas que valoricen el trabajo feminizado y que nos provean de servicios públicos y de vivienda para poder generar autonomía económica”, cerró.