Hace poco más de una semana, la guerra volvió a desatarse en Colombia y, ahora, el Gobierno decretó el estado de “conmoción interior”. La medida de excepción -anunciada hace cuatro días y materializada este viernes- regirá durante 90 días en la región del Catatumbo y sus alrededores para frenar la violencia desatada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y para reforzar las acciones para la “recuperación del control del territorio”. “La ruta de tráfico de cocaína desde el Catatumbo hasta Haití es la base de la violencia que ha matado a centenares de colombianos desde el 2017”, afirmó el presidente, Gustavo Petro, en sus redes sociales durante esta semana.
Entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, la región que linda con Venezuela, es rica en recursos naturales y uno de los epicentros del conflicto armado en el país sudamericano, vivió una de ola de violencia y una masacre que hacía años no se veía. Según el Gobierno y el propio Petro, se trató de una acción planificada con asesinatos selectivos.
En tanto, en el decreto firmado por Petro, el Ejecutivo logró registrar 381 homicidios, entre ellas cinco firmantes de la paz de 2016. Pero la falta de control territorial dificulta conocer la cantidad de personas muertas, de un hecho que también cuenta personas secuestradas, así como desplazamientos y desapariciones forzadas.
Ese escenario llevó al mandatario a suspender las negociaciones por los diálogos de paz, una promesa de campaña que hizo política de Estado y que lleva adelante junto con una decena de otras organizaciones de manera paralela que incluye disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -con las que se enfrenta el ELN- y, también, organizaciones criminales para ponerle fin al conflicto armado interno que el país vive hace 60 años.
“Con el pueblo del Catatumbo hicimos un pacto social. No lo quiso el ELN pero lo haremos realidad con el pueblo. La primera tarea es pagar la erradicación voluntaria y hacer las obras públicas con las organizaciones populares. Queremos sembrar maíz, cacao y café y que se exporte al mundo por la carretera al mar. Invito al pueblo catatumbero y a los empresarios del país a que se le midan a esta transformación real del territorio. El decreto de conmoción busca los fondos para empezar ya”, escribió Petro en sus redes sociales al firmar el decreto 00062/2025 este viernes, pero que había anunciado hacía cinco días.
La medida comprende a la región del Catatumbo, ubicada al noroeste del país en la frontera con Venezuela, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar.
Según explicó la Presidencia en un comunicado, con ella el Gobierno queda habilitado para “dictar decretos legislativos en aras de conjurar las causas de la perturbación al orden público e impedir la extensión de sus efectos, para lo cual podrá, entre otras, suspender las leyes incompatibles con este estado de excepción”. Para el caso, luego de los ataques que la guerrilla -la más grande y la última que queda en el país- enviaron un refuerzo de militares para contener la situación y rescatar a pobladores, defensoras y defensores de derechos humanos y líderes sociales.
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¿Qué podrá hacer el Gobierno?
La declaración de “conmoción interior” permite al Ejecutivo a poner en marcha mecanismos y herramientas para ponerle freno a la violencia, así como retomar el control territorial por parte de la fuerza pública y a impedir que ocurran más desplazamientos forzados en esa región.
Según reportó el portal El Colombiano, a partir de esta decisión el Gobierno podrá recurrir a recursos fiscales extraordinarios y, aclaró, que para ello el Presupuesto General de la Nación sufrirá algunas modificaciones. Advirtió, además, que la liberación de los recursos serán para financiar a la Fuerza Pública en sus labores de restablecimiento del orden público y, por otro lado, para inyectar recursos en proyectos y programas sociales para la población del Catatumbo.
Los proyectos que pretende financiar el Gobierno en el Catatumbo son en los sectores de infraestructura, educación, salud.
El cultivo de coca en disputa
El mismo Petro en más de una ocasión vinculó la problemática de la expansión del cultivo de coca en Colombia y las políticas de drogas punitivistas con la expansión de las redes narcotraficantes y criminales en Haití que, según el mandatario, van desde el Catatumbo hasta Florida, Estados Unidos. “Cuba ha sido una muralla para los traficantes, por eso debilitan Haití. La meta: la Florida en los EEUU”, escribió el mandatario en su cuenta de X, ex Twitter.
Y denunció: “Una red multinacional controla la muerte en nuestros territorios y es dirigida desde la Florida. Las armas con que matan vienen desde allí. Un negocio redondo”.
En el decreto señalaron que, de acuerdo con informes oficiales, “los municipios de Norte de Santander pertenecientes a la región del Catatumbo concentraban 43.178 hectáreas de cultivos de coca, de las cuales el 63,3 % (27.329 hectáreas) estaban ubicadas en los municipios de Sardinata y Tibú; así mismo, que, desde entonces, dichos cultivos se han incrementado, habida cuenta de la reactivación del mercado de la coca para fines ilícitos”.
En esa línea, aseguraron que “el ELN ha incrementado sus ataques y hostilidades contra la población civil y, especialmente, contra los firmantes del acuerdo final de paz en la región del Catatumbo, lo cual es promovido y financiado, entre otros, con los recursos provenientes de las actividades y economías ilegales en esta región”.
Las cifras de la violencia
En el decreto firmado el Ejecutivo informó las siguientes cifras:
Desplazamientos forzados
De acuerdo con la información del Comité de Justicia Transicional, con corte a 22 de enero de 2025, “el consolidado de la población desplazada forzadamente es de 36.137 personas. En contraste, durante todo el año 2024 el RUV (Registro Único de Víctimas) reportó un total de 5.422 desplazados forzadamente”.
Además, señalaron que, al 21 de enero de 2025, del total de personas desplazadas forzadamente, 16.482 se encuentran resguardadas en albergues y refugios ubicados en distintos municipios de Norte de Santander.
Migraciones hacia Venezuela
En el decreto también citan un informe del ministerio de Relaciones Exteriores que detalla que, entre el 17 y el 19 de enero, hubo un flujo migratorio hacia Venezuela que alcanzó las 700 personas diarias; y que los días 20 y 21 de enero de 2025 se presentó una leve disminución a cerca de 400 personas por día.
Desborde institucional
En tanto, el municipio de Cúcuta atendió a 15.086 personas como consecuencia del escalamiento de las hostilidades y los ataques a la población civil en la región del Catatumbo, mientras que, en los municipios de Tibú, Teorama y San Calixto registraron el confinamiento de 7.122 personas.
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