La “era dorada” de Trump inicia con políticas punitivistas y el calentamiento de la frontera sur

Las primeras horas de gobierno de Donald Trump dejaron un mensaje contundente para la población migrante de la región, en un intento por cumplir con la narrativa de que la “decadencia” americana está vinculada a una supuesta inmigración descontrolada, y un hecho que evidenciaba la mala administración demócrata.

Las medidas anunciadas por Trump, el mismo día de la asunción, mostraron decisiones contundentes (tal como había anunciado previamente) centradas en la frontera sur del país. 
En la noche del lunes 20 de enero Trump firmó más de un centenar de decretos. Entre ellos, declaró la emergencia nacional en la frontera con México como una de las primeras acciones y reiteró su compromiso con el envío de  tropas para controlar lo que describió como una “invasión” en EEUU. Además impartió definiciones: los cárteles de la droga mexicanos serán designados como organizaciones terroristas extranjeras, lo que habilitaría a disponer los medios para enfrentarlas como un problema de seguridad nacional.

Durante su discurso de asunción, el lunes 20, y en la posterior firma de decretos, el magnate de la construcción se encargó de denostar las políticas de la gestión Biden sobre el tema y dejó clara su intención de poner fin a lo que definió como la práctica de “atrapar y liberar”, que permite que algunos inmigrantes indocumentados queden en libertad mientras esperan sus audiencias judiciales, a fin de agilizar el proceso de deportación masiva.

Así quedaron planteados de manera contundente los principales ítems de su política migratoria. Esta incluye alimentar la política de “Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en ese país durante el proceso y la cancelación de las solicitudes pendientes al momento. También la orden de retomar la construcción del  muro en la frontera terrestre, para ampliarlo. Además se dispuso el fin del asilo y de la ciudadanía por nacimiento para las y los migrantes indocumentados y se estableció también el fin de toda protección a migrantes irregulares que se encuentren refugiados en iglesias, albergues, escuelas, etc.

El martes 21 el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, Benjamine Huffman, anunció en un comunicado dos directivas centrales en la política migratoria que pretende. La primera es una eliminación de las zonas bajo protección y la segunda “pone fin al amplio abuso” que posibilita a los migrantes mantenerse en ese país bajo “libertad condicional humanitaria”. 

“Esta acción empodera a los valientes hombres y mujeres de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y atrapar a los extranjeros criminales, incluyendo asesinos y violadores, que han ingresado ilegalmente a nuestro país. Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de EEUU para evitar ser arrestados. La administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que utilicen el sentido común”, explicó en un informe, difundido por RT.

Ese mismo día y  como respuesta a los anuncios de Trump, la presidenta Sheinbaum y su secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ramón de la Fuente, comunicaron una serie de acciones para proteger a migrantes deportados de EE.UU. Ante las posibles detenciones y traslado de indocumentados, el gobierno mexicano ejecutará el programa “México te abraza” que incluye cuatro medidas: activar los 53 consulados de México en EE.UU; lanzar la aplicación ConsulApp para auxiliar a los migrantes en procesos de detención; entregar 2.000 pesos (US$100) a los migrantes deportados para sus gastos de traslados y proporcionar seguridad social en salud, educación, vivienda y jubilación para los deportados.

El miércoles 22 de enero, dos días  después de la asunción, la Cámara de Representantes votó para aprobar el proyecto Ley Laken Riley, la primera iniciativa del Partido Republicano, que solicita la detención de migrantes indocumentados acusados de delitos. La norma contó con el apoyo demócrata para poder ser aprobada y espera la firma del presidente.

Datos que hablan por sí solos

Se estima que la población de inmigrantes indocumentados en EEUU es de al rededor de 11 millones de personas. En la actualidad, EEUU sigue siendo el destino principal de los flujos migratorios regionales, en muchos casos irregulares. Durante 2024, el país ha mostrado un incremento en la entrega de tarjetas verdes (permisos para residir y trabajar en el país) en un 18 por ciento  en comparación con los últimos cuatro años fiscales, según los datos según los datos proporcionados por el Departamento de Estado, de EEUU, en sus estadísticas mensuales sobre la emisión de visas, correspondientes al mes de marzo de 2022 .

Entre 2022 y 2024, los principales países de origen fueron México, Brasil, Colombia, República Dominicana y Ecuador, que en conjunto representaron el 76 por ciento de tarjetas verdes solicitadas en la región, siendo México el de mayor relevancia con 41 por ciento de las tarjetas para el continente. 

Sin embargo, bajo lo designios de la política demócrata, en la que se derogaron grandes cantidades de dinero para combatir el problema en los países de origen y fueron flexibilizadas algunas medidas como la construcción del muro los datos proporcionados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), de diciembre de 2024 mostraron que el país norteño deportó durante ese año 271.484 no ciudadanos a 192 países diferentes. México fue el destino más común de los deportados (87.298), seguido de Guatemala (66.435) y Honduras (45.923).

En su último año de gobierno, la Administración de Joe Biden marcó el récord de deportaciones en una década. Las expulsiones realizadas por Biden superaron así el récord marcado Trump en 2019, cuando fueron deportadas 267.260 personas.

Durante los cuatro años de la administración Trump se expulsaron a 935,346 inmigrantes. En esta próxima gestión, el mandatario promete ir por más. El plan de gobierno prevé cumplir con la expulsión de 1 millón de migrantes por año.

Llevar adelante un proceso de deportación de tal magnitud, sin embargo, implica destinar cuantiosos recursos del Estado para ejecutarlo. Entre sus consecuencias, habría una gran pérdida de fuerza de trabajo a bajo costo, algo que preocupa a empresarios norteamericanos. 

De cualquier forma, los perfiles de los miembros del gabinete que tendrán injerencia sobre el tema, expresan el enfoque del mandatario, que  sintetiza de alguna manera la doctrina de la imposición de la “paz, a través de la fuerza”.

El nuevo Secretario de Estado Marco Rubio, de posturas muy duras respecto del tema migratorio, expresa sin tapujos el interés de la administración republicana en la región. 
En ese sentido Thomas Homan, el llamado  “zar de la frontera”, oficiará de principal asesor de Trump en migración. Es ex policía, estuvo al frente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el primer mandato y fue el encargado de las deportaciones en el Gobierno de Barack Obama, más amplias que la de Trump. También participó en la política de separación de familias y ha prometido más redadas en centros de trabajo para detener a indocumentados, abriendo la puerta al uso de militares.

Al equipo se suma como Subjefe de Gabinete Stephen Miller, nombrado asesor de seguridad nacional, cargo que ya ocupó en la primera administración trumpista, donde diseñó planes de inmigración que resultaron en la separación de familias. Miller adelantó por estos días que los planes de deportaciones masivas serán procesos en lugares de trabajo y espacios públicos para detener a la mayor cantidad de inmigrantes irregulares posible. Declaraciones en consonancia con el perfil de la nueva Secretaría de Seguridad Nacional Kristi Noem, Gobernadora de Dakota del Sur que ganó su lugar entre “los leales” en 2021 al enviar tropas de la Guardia Nacional del estado a la frontera sur ese año, quien ya anunció sus planes de lucha contra el terrorismo.

¿Qué esperar en la región?

La elección de Trump en 2016 y su política de “America First” fue disruptiva a nivel mundial en todas las instancias multilaterales de la estrategia de gobernanza global, llámese G20, OMC u OTAN. A nivel regional, su elección en noviembre de 2016 significó una profundización del “golpe de timón” que América Latina sufrió entre diciembre de 2015, con el ascenso de la Alianza Cambiemos en Argentina, y Febrero de 2016 con el NO a la Paz en Colombia, el inicio del juicio político a Dilma Roussef en Brasil y el NO al Referendum Constitucional en Bolivia (y posterior Golpe de Estado). Tras su ascenso, sucedió el triunfo de la quinta columna en Ecuador, el ascenso de Bolsonaro, el retorno de Piñera a la presidencia de Chile y la declaración de guerra híbrida a Venezuela.

En esta nueva etapa es recibido en la región por un conjunto de gobiernos afines, cuyos máximos exponentes fueron invitados a la asunción -de manera extraordinaria, si se tiene en cuenta que no es una costumbre invitar mandatarios.  Así se apersonaron de manera oficial Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador y Javier Milei, de Argentina.

Edmundo González Urrutia, ex candidato a presidente en Venezuela, intentó a personarse a instancias de una invitación por parte del senador republicano Rick Scott,  pero al parecer, solo llegó hasta las galas previas.

Sin embargo, en el caso de Venezuela, aún no es claro el rumbo que tomará el vínculo entre ambos países. Durante la gira emprendida por González Urrutia en busca de apoyo para poder cruzarse la banda presidencial, el 10 de enero, pese a que fue reconocido por el departamento de Estado y recibido por Biden, no logró la misma suerte con Trump. Sólo fue recibido por su asesor de seguridad y por algunos referentes políticos republicanos.

En otro orden, en el marco de la importancia que el nuevo mandatario estadounidense dió en su discurso a temas energéticos,son considerables las licencias petroleras otorgadas por Oficina de control  de Bienes Extranjeros (OFAC), lo que convirtió a Venezuela en el tercer mayor proveedor de petróleo para EEUU en 2024. En temas migratorios, el asesor principal Tom Homan, se expresó en declaraciones recientes el anhelo de que EEUU “trabaje con Venezuela” para recibir vuelos de deportación, quizás, bajo la visión del vicepresidente JD Vence, que ha expresado que el país debe poner fin a una política exterior moralizante, pueda primar el pragmatismo.

Restará ver qué sucede con temas álgidos, como el Canal de Panamá y los aranceles prometidos para México y los productos provenientes de China. 

Durante su asunción el mandatario volvió a pronunciarse duramente respecto de sus intenciones de recuperar el Canal de Panamá. Declaraciones que rápidamente fueron contestadas y repudiadas por el presidente de ese país, Raúl Mulino, quien rechazó las declaraciones y reiteró en un comunicado que el Canal “es y seguirá siendo de Panamá” al igual que su administración y control. 

Otro de los países que estará en la mira constante será México, no solo por el tema migratorio y la designación como terroristas a las organizaciones del narcotráfico, lo que podría justificar uns incursión militar sino por la intención de aranceles a los productos provenientes del exterior, con incremento, si han tocado puertos chinos.

En el caso de Brasil, la manera en que se establecerán los vínculos entre el gigante sudamericano y Estados Unidos, ahora con Lula da Silva como presidente, aún es impredecible, pese a las divergencias manifiestas entre los modos de ejercer la diplomacia y concebir el mundo de uno y otro mandatario.

Mientras que Trump aboga por el proteccionismo, el pragmatismo y la diplomacia bilateral, el gobierno de Lula, con un importante peso en los Brics y como presidente del G20, aboga por el multilateralismo y el globalismo. Para más, frente al negacionismo manifiesto de Trump ante cuestiones vinculadas al abordaje de las causas del cambio climático, Brasil será sede la 30ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30) que se celebrará en noviembre de 2025.