Tras el arduo debate que generó la ley la ley de teletrabajo, que recién estaría vigente tres meses después de que finalice el aislamiento preventivo del COVID-19, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna volvió a encender el debate con una propuesta para una reforma laboral post pandemia. El ex funcionario, un hombre de consulta dentro del gobierno de Alberto Fernández, propuso un nuevo esquema para formalizar trabajadores con la idea de un mecanismo de aportes al seguro de desempleo. Desde el ala más dura del kirchnerismo salieron a responder que se trata de una flexibilización laboral. Directivos consultados por El Destape del ámbito empresario mostraron posturas distintas. En la Unión Industrial comulgan con la idea de Lavagna, aunque insisten en que se tomen medidas transitorias en el marco de la pandemia, mientras que en el sector pyme se niegan a tomar otra medida que no sea la propuesta y trabajada por sus cámaras y en colaboración con la Universidad de Buenos Aires.
La propuesta
Lavagna difundió esta semana un esquema programático para la post pandemia. Entre los puntos que incluye, se destaca uno que busca "crear trabajo privado", para lo cual, de acuerdo con el ex ministro "requiere de la convivencia de dos sistemas: el que hoy emplea al 49,5 por ciento de los asalariados, y debe ser respetado, y uno nuevo, en blanco, que responda a los cambios educativos, tecnológicos y productivos, y permita emplear al otro 50 por ciento".
Para este objetivo Lavagna insiste en la necesidad de que generar un entorno para el nuevo sistema con "normas precisas". Básicamente propone quienes están desempleados, sub- empleados, pseudo empleados (parte importante de monotributistas), entre otros; una Libreta de Trabajo, como se utiliza en el sector de la Construcción, y que supone aportes a un fondo de desempleo. La idea no dista mucho de la propuesta de reforma laboral macrista, que planteaba un Fondo de Cese Laboral, una suerte de seguro de desempleo con aportes de lxs trabajadorxs.
Las réplicas
El primero en contestar fue el abogado laboralista y director de YPF, Héctor Recalde, quien tildó la propuesta como insólita. "¡Es insólito, la flexibilización laboral no crea empleo!, yo no voy a decirlo como lo decía Bill Clinton ‘Es la economía, estúpido’, pero la creación o destrucción de empleo depende de la economía", respondió Recalde, quien ya había salido al cruce de las declaraciones del empresario Mario Pergolini en contra del marco regulatorio sobre el teletrabajo. "Me parece que Lavagna está ignorando lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, que establece protección contra despido arbitrario, y el 75 en su inciso 19, que incorpora con jerarquía constitucional el principio de justicia social y progresividad de los derechos", señaló el ex diputado.
“Yo soy reformista, quisiera bajar la jornada de trabajo. Pero hablar de reforma laboral hoy me genera escozor, porque se lo quiere utilizar para recortar derechos”, explicó en diálogo con El Destape. Con 48 horas semanales, Argentina y Colombia encabezan la lista de las jornadas más extensas del mundo, lo que desarma toda versión antiobrera. “Como diputado quise bajar de 48 a 45, no pretendía reducir a 35 horas de Francia, pero ni eso conseguí por todo el poder que tiene el empresariado. Lo digo como autocrítica de mi función”.
Ponderó también que la crisis económica mundial acentúa la asimetría entre las partes, lo que genera aún mayor preocupación sobre una potencial reforma en estos momentos. “En el contexto de pandemia hay una debilidad estructural de los sindicatos para conseguir mejoras laborales. Por eso debería ser el Estado el que tome un rol preponderante, del lado del Ejecutivo y el Legislativo”, propuso. En respuesta al mito de que los avances para los trabajadores implicarán un mayor desempleo, el laboralista precisó que “el que crea o destruye empleo es la política económica, no los derechos laborales. Hay una base que es la ley de contratos de trabajo”.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) criticó que la propuesta pone el acento en reducir los costos laborales. A través de un comunicado, sostiene se plantará para "defender al trabajo del despido arbitrario". "Las políticas de protección del empleo durante la pandemia han sido una de las que mayor consenso social han tenido y más apoyamos desde el movimiento obrero". La postura va en línea con las declaraciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para quien la decisión en este contexto es "encarecer los despidos para proteger el empleo".
Recalde consideró la posibilidad de una solución intermedia, que implique la reducción de la jornada. "Se puede trabajar menos para distribuir el empleo existente", apuntó el director de YPF. La iniciativa es apoyada por el diputado oficialista Hugo Yasky, que hace unas semanas le acercó a Alberto Fernández un proyecto de Ley de reducción de la jornada laboral y otro de participación de los trabajadores en las utilidades empresarias, inspirado en el convenio del Sindicato del Neumático con Bridgestone.
Los empresarios
Entre el empresariado las posturas no son homogéneas. El presidente de Sociedad Comercial del Plata y la alimenticia Morixe, Ignacio Noel, opinó a El Destape que en estos tiempos existe una predisposición generalizada contraria a contratar personal. “Creo que las razones son la alta conflictividad con juicios laborales, presiones de algunos sindicatos que son verdaderas monarquías hereditarias y los aprietes, como piquetes. Si ser empleador en Argentina es exponerse a ese tipo de acciones, vamos a seguir sin generar empleos de calidad”. Si bien no generalizó esta descripción a la mayoría de los trabajadores ni gremios, consideró que “lamentablemente una minoría ruidosa, violenta y combativa prevalece sobre las mayorias silenciosas y pacíficas”.
Ante la consulta de una ley que pueda modificar la situación, Noel consignó: “No sé si el problema se arregla con reformas laborales, creo que el problema es más profundo. Creo que, con una actitud más favorable a producir y construir, pero sin tolerancia con los aprietes, se podría trabajar bien sin necesidad de reformas a la legislación de fondo laboral y con adecuaciones a los convenios colectivos de la década del 70 al trabajo en el Siglo XXI”. A la par, presentó reparos ante los impuestos asociados a contratar personal. “Debería estudiarse la enorme diferencia entre el costo laboral contra el percibido por el trabajador en mano que, sin considerar Ganancias, se pagan $ 160 y recibe $ 100 en mano. Así es muy difícil que se genere empleo porque toda esa carga encarece el trabajo”.
En diálogo con este medio, el dirigente de la UIA y dirigente de Celulosa Argentina José Urtubey consideró que la propuesta de Lavagna "es la más interesante". "Es como lo maneja hoy el sector de la construcción, con la creación de un fondo de desempleo. Pero también creo que se necesitan de medidas transitorias en el marco de la actual emergencia sanitaria", explicó el vocal y consejero de la UIA.
Lavagna había señalado que la reforma requería celeridad en el marco de la actual situación de crisis. Para Urtubey habría que analizar esos cambios desde dos perspectivas, por un lado una reforma de mediano y largo plazo y, por la otra, "establecer para el corto plazo cláusulas transitorias por la emergencia actual e ir conteniendo la situación de lxs trabajadorxs informales".
En declaraciones radiales a AM 530, la empresaria Carolina Castro, integrante de la UIA, consideró que no es necesario una reforma laboral y abogó por mantener la discusión apuntando a "los convenios laborales para mejorar la productividad". "Si modificamos la legislación, vamos a seguir teniendo el mismo problema en los conflictos judiciales. La reforma laboral no es la mejor manera de encararlo", sostuvo la empresaria que prefirió no jugarse por una iniciativa concreta.
Desde la Confederación Empresaria Argentina (CGERA), que comanda Marcelo Fernández, aseguraron que no se van a mover de la propuesta que elaboró la entidad en un trabajo conjunto con la Universidad de Buenos Aires. "No vamos a hablar de proyectos de otros cuando tenemos los nuestros", aseguró Fernández. En la propuesta conjunta con la alta casa de estudios, que consta de cinco anteproyectos que abarca distintas temáticas, se estipula la creación de un organismo mixto, permanente y vinculante, de promoción de la producción y el trabajo, conformado por el Estado y los empresarios nacionales pymes.
Las pymes apuntan además a la federalización de la producción y el trabajo, cambiando el concepto de producción de productos primarios por un entretejido industrial, comercial y de servicios agregando valor en origen. Por último, analiza la posibilidad de reformular los sistemas tributario, laboral y financiero del sector para fomentar la producción y el trabajo nacional, que se basa en programas de atracción de capitales e impulso a la inversión privada; sistemas de fondeo mixto; formalización de la economía; reducción de la presión tributaria, y simplificación operativa y ampliación de la base tributaria; y la profundización del mercado de capitales argentino al servicio de la producción.
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