La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Economía, prorrogó hasta el 31 de diciembre próximo la suspensión para autorizar la constitución de nuevas Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), incluyendo aquellos trámites de autorización ya iniciados, debido al impacto fiscal de las mismas.
Lo hizo a través de la Disposición 2/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial.
Las SGR, reglamentadas en 1995 a través de la Ley 24.467, tienen como objetivo facilitar el acceso al crédito, otorgando garantías que mejoran sus condiciones de financiamiento en las entidades financieras, mercados de capitales, organismos públicos y proveedores.
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Para ello, están formadas, además de los socios partícipes, por socios protectores, cuyos aportes conforman un Fondo de Riesgo que permite a las SGR responder a los acreedores en caso de que la pyme no pueda pagar el crédito.
En la actualidad existen 45 SGR autorizadas para funcionar, con distintas características, y una “situación diferente en cuanto al Fondo de Riesgo, apalancamiento y garantías otorgadas”:
En abril de 2021 se decidió suspender el otorgamiento de nuevas autorizaciones -decisión prorrogada nuevamente en octubre de ese año- para realizar una “evaluación global del Régimen” y, de ese modo, “analizar con detalle la posibilidad de generar cambios en el sistema”, con foco en los requisitos y procedimientos, que sean “tendientes a lograr un mayor impacto en el financiamiento para las pymes”.
Del mismo modo, se señaló como una motivación para su suspensión “el impacto fiscal” que el régimen trae aparejado en las cuentas públicas “en el marco de la crisis económica en la que se encuentra el país, agravada por la pandemia”.
La norma prevé, como beneficios impositivos, la deducción del 100% de impuesto a las Ganancias para los socios protectores y partícipes así como a la misma SGR.
Del mismo modo, se exime del Impuesto al Valor Agregado a los ingresos de las SGR.
Se estima que el costo fiscal del régimen para este año fue de $20.156 millones, y se prevé que ascienda a $23.011 millones en 2023.
El régimen es señalado en el Presupuesto 2023 como uno de los componentes que forman parte de los "gastos tributarios" que para el 2023 comprenderán el 2,49% del Producto Bruto Interno (PBI).
La prórroga de hoy se fundamentó en que las razones que motivaron la suspensión “continúan hoy vigentes”.
Además de ello, la disposición también detalla que, debido al “devenir de la economía general del país y las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno”, se hará una evaluación de la situación del régimen “con un mayor nivel de detalle, haciendo especialmente hincapié en la cuestión relativa al impacto fiscal”.
Del mismo modo, se concluyó –de forma preliminar que actualmente el sistema “está en condiciones de crecer fuertemente con la cantidad actual de SGRs” y, por ende, el Gobierno no considera “necesario ni menos, urgente”, incorporar nuevas sociedades, hasta tanto se realice la mencionada evaluación y arribe “un mejor contexto de la economía del país”.
“Atento el contexto del Sistema en sí y del país en general, la posible fijación de parámetros o criterios para evaluar la procedencia o no de los pedidos de autorización de nuevas sociedades, debe ser realizado en situaciones de cierta estabilidad”, se añadió en los considerandos.
En esa línea, se concluye que no se advierte que la suspensión del otorgamiento de autorizaciones tenga “efectos perjudiciales” en la mejora del acceso al financiamiento de las MiPymes, ya que “no depende ni está vinculado a la cantidad de SGRs existentes, sino al contexto del país, del financiamiento Pyme, y de los incentivos”.
Con información de Télam
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