El 20 de junio de 2018, hace exactamente cuatro años, la Argentina recibía el primer desembolso del acuerdo de Stand-By con el Fondo Monetario Internacional (FMI), firmado durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, e iniciaba así un nuevo proceso de endeudamiento con el organismo multilateral.
Fue un desembolso de US$ 15.000 millones que formó parte del primer acuerdo por US$ 50.000 millones -una magnitud inédita para el organismo y para la Argentina- que, aún así, luego se amplió a US$ 57.100 millones meses más tarde pese a no cumplir siquiera con la primera revisión del programa, en medio de una fuerte corrida contra el peso y de especulaciones por la fragilidad del programa económico.
Según un informe del Centro de Economía Política (CEPA), si se hubiesen cumplido todos los desembolsos programados (US$ 57.000 millones), la Argentina habría superado la mitad del monto total que el FMI desembolsó en medio de la pandemia de coronavirus a 85 países.
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No obstante, los desembolsos efectivos concretados a la Argentina (US$ 44.000 millones) superaron lo dado a países fuera del hemisferio occidental en pandemia.
"Los desembolsos se usaron para financiar la salida de capitales (contrario al propio estatuto del FMI). Entre enero de 2018 y diciembre de 2019 hubo desembolsos por USD 44.867 millones y la formación de activos externos ascendió a USD 54.099 millones. Cada tres meses, los fondos recibidos ya no estaban en el país", sostuvo el informe.
Entre los elementos más cuestionados de aquel doble programa Stand By fueron los incumplimientos formales en los que incurrió -incumplimiento del art. 61 de la Ley de Administración Financiera y constancia de dictamen previo del BCRA sobre el potencial impacto del crédito en la balanza de pagos, entre otros-, además de ignorarse criterios que habilitaban a otorgar un préstamo de ese volumen: probabilidad de repago (la deuda pública bruta como porcentaje del PBI pasó de 57,1% a 86,2%, y hoy sigue en 82% ); falta de acceso a los mercados internacionales; y alertas de la Oficina de Evaluación (OEI).
Además, señaló el documento del CEPA, la estructura de repago firmada en 2018 "fue siempre impagable para el país".
"Para el año 2021 correspondía abonar USD 5.072 millones (45% del total de los vencimientos). En 2022, unos USD 18.901 millones, y en 2023, USD 19.144 millones", detalló el documento.
Con información de Télam
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