La administración de Javier Milei juega sus fichas para avalar uno de los mayores procesos de concentración en el sector agroexportador: la fusión entre Bunge y Viterra (ex Glencore). Ambas compañías manejan más del 36% del complejo sojero según los cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Para el Poder Ejecutivo no sería relevante indagar sobre las consecuencias de tamaña operación que excede por lejos el aspecto comercial. Así quedó ratificado en tres diferentes dictámenes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) fechados entre junio y octubre de este año.
El Gobierno nacional pretende que cualquier movimiento vinculado a la operatoria de Bunge – Viterra quede por debajo del radar. Todo tiene que ver con todo. Ambas compañías forman parte, cada una a su manera, del complejo entramado vinculado a la estafa de Vicentin, que también cuenta con un capítulo judicial por evasión y lavado de activos.
Esta semana, la Suprema Corte de Santa Fe, a cargo de Rafael Gutiérrez, frenó el acuerdo privado que existía entre Vicentin, Bunge y Viterra para terminar de consolidar el vaciamiento de la sociedad con la venta del remanente de la principal empresa procesadora de soja conocida como Renova. Nada ocurre porque sí.
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Bunge y sus amigos
La fusión global entre Bunge y Viterra (ex Glencore) se anunció a nivel global en 2023; por entonces, la CNDC, bajo la dirección de Rodrigo Luchinsky, entendía que dicha operación comercial debía ser analizada de oficio por el Estado nacional, sobre todo teniendo en cuenta la existencia de otros expedientes que ya ponían la lupa sobre las maniobras entre Vicentin y Viterra en el marco de la causa penal iniciada tras el desfalco de 2019.
Con la llegada de la casta mileista, la decisión política de la administración nacional fue beneficiar a Bunge sin la intromisión de la CNDC.
El actual titular de la Comisión, Alexis Pirchio, con un paso previo como director nacional de Conductas Anticompetitivas durante la gestión Macri, asumió su cargo el 31 de enero de este año. Para el primero de marzo, emitía su primer dictamen a favor de Bunge, en el expediente que ponía la lupa en la adquisición de la empresa Renopack, también en el marco del caso Vicentin.
Luego de ese primer dictamen, llegó la resolución sobre el expediente vinculado a la fusión Bunge – Viterra.
“Bunge Argentina indica que, a la fecha en que presentó el descargo, no se había producido ninguna transferencia de control, ya que la transacción aún no se ha perfeccionado”, argumentaron desde la CNDC. Con este particular argumento, resolvieron dejar sin efecto cualquier tipo de actuación oficial.
“Se recomienda al señor secretario de Industria y Comercio disponer el archivo de las actuaciones por cuanto la operación analizada no se encuentra aún sujeta a la obligación de notificar conforme lo indica el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 (concentración económica)”, puede leerse en el texto oficial.
El dictamen llevó las firmas del presidente de la CNDC, Alexis Pirchio y los vocales Florencio Bogo, María Paula Molina, Eduardo Rodolfo Montamat y Lucas Trevisani Vespa. Fue rubricado el 26 de junio de este año. Para el 7 de agosto, el secretario de industria y comercio, Pablo Agustín Lavigne, disponía el archivo del expediente. La administración Milei se ocupó de que no transcendiese ninguno de estos movimientos.
Concentración
De acuerdo a los datos analizados por la Bolsa de Comercio de Rosario, Viterra ocupó el primer puesto como exportador de soja durante 2023, con una participación de mercado del 26%. Bunge ocupó el cuarto lugar, con un 10% del mercado. En conjunto, se quedaron con el 36% del complejo sojero.
Por otro lado, según un análisis del Centro de Estudios Agrarios (CEA), Bunge posee una capacidad de acopio de 3 millones de toneladas por año, mientras que Viterra lo hace con 4 millones. A su vez, esta sociedad posee el 50% de las acciones del grupo Lartirigoyen, con una capacidad de acopio de 2,6 millones de toneladas y la siembra de 150.000 hectáreas.
¿Concentración? La casta mileista no la ve.
La estafa
El tándem Bunge – Viterra pretende quedarse con el resto de los activos que aún permanecen en manos de los dueños de Vicentin. Así quedó ratificado en el acuerdo privado que firmaron las tres empresas en el marco del concurso de acreedores, que esta semana se encontró con el escollo de la Corte Suprema de Santa Fe que decidió declarar “inconstitucional” lo firmado por los privados.
No es la primera vez que el titular de la Corte santafesina, Rafaél Gutiérrez, falla en contra de las pretensiones de Vicentín. El supremo supo jugar sus fichas en favor del Grupo Grassi, uno de los acreedores que también busca quedarse con los activos de la sociedad concursada.
Dicha resolución judicial ocurrió dos semanas antes de las próximas audiencias en el marco de la causa penal vinculada al vaciamiento de la cerealera, donde se investigan maniobras de evasión y posible lavado de dinero. Todo tiene que ver con todo. Viterra (ex Glencore) fue clave en el proceso de desfalco terminado de pergeñarse sobre el cierre de 2019, con un aval explícito del ex presidente Mauricio Macri y el préstamo millonario entregado por el Banco Nación.
Las maniobras de la compañía incluyeron el falseo de balances para conseguir distintas líneas crediticias que luego eran redireccionadas hacia las empresas satélites del grupo Vicentin. De las movidas detectadas en esta causa judicial, sobresalió una explícita protección a Renova, el activo más valioso del grupo.
¿Cómo fue la maniobra? El vaciamiento incluyó la entrega de la empresa Renova al grupo Glencore, que de un día para el otro pasó a controlar el 60% de las acciones. La entidad financiera que participó en la intermediación de esa operación de traspaso de activos fue el banco suizo Rabobank, histórico financista de Glencore y con fuerte participación de BlackRock, otro de los grandes fondos detrás de este entramado.
Tal como quedó detallado en uno de los informes de la auditoria forense realizada en el marco de la quiebra, la transferencia de Renova se realizó a través de una triangulación vía Vicentin Paraguay, con la intermediación del banco Rabobank. Por la cesión de esas acciones se pagaron 122 millones de dólares, de los cuales 26 millones quedaron depositados en el Rabobank. Según lo detallado en la auditoria forense, uno de los últimos desembolsos de este banco tuvo como destino Glencore, transferencia solicitada por Vicentin Paraguay.
Una vez denunciada la quiebra de Vicentin en Argentina, Glencore tomó posesión de la subsidiaria paraguaya de Vicentin y cambió su nombre por Viterra.
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Dejar hacer
El Gobierno de Milei viene haciendo todo lo posible para evitar que se hable de la fusión entre Bunge y Viterra, ni de las acciones penales del caso Vicentin ya que ponen la lupa sobre el Rabobak.
El pasado 15 de octubre, el ministro Luis Caputo, mantuvo una reunión con el representante local del banco, Rafael Eduardo Bonasso. Del encuentro también participó Trompetter Marjan, presidente del consejo de Supervisión de Rabobank, Hofsté Petri, miembro del consejo del banco, y Spoelstra Renske, secretaria corporativa. Según el Registro Unico de Audiencias, hablaron de los negocios de la entidad en el país. Ni más ni menos.
Lo interesante es lo que ocurrió al otro día, el 16 de octubre. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia volvió a sostener que no existía riesgo de concentración económica en otro expediente que investigaba el contrato firmado por Bunge y Viterra para la utilización de las instalaciones de Vicentin, en lo que se conoce como un contrato de fasón.
Más allá de los alcances del dictamen, la CNDC ratificó la existencia del acuerdo privado entre Viterra – Bunge y Vicentin para la entrega de Renova, la principal procesadora de soja del país. El Rabobank tampoco quiere que se hable de la fusión ni de la causa penal donde aparece mencionada.
Con la casta mileista no desaparece el Estado. Todo lo contrario. Se lo pone al servicio de los grandes grupos concentrados
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