El detrás de escena de la liquidación del ahorro de los jubilados: empresas felices y sin límites

El plan “platita”, en dólares (of course), del ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en el endeudamiento externo y en la dolarización de la economía tienen tres patas afectadas, todas ellas con sus respectivos ganadores: los activos del Banco Central, que se los quedarán entidades financieras privadas; YPF y Aerolíneas, que también pasarán a manos privadas, y el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS), que, en desmedro del ahorro de los jubilados, les permitirá a las empresas donde hoy hay al menos un director por parte de Estado, deshacerse de ellos. En otras palabras, cumplir con el principal principio libertario del comercio, especialmente con empresas como Techint o el Grupo Clarín.

El FGS nació a partir de la estatización de las administradoras privadas de jubilaciones y pensiones, que tenían la mayor parte de su dinero –el que no fugaron—en acciones de firmas privadas. Al nacionalizarse el sistema, el Gobierno se quedó con ese porcentaje, aunque pequeño por empresa, del paquete accionario. El suficiente para colocar en la silla del directorio un representante por parte del Estado.

Además, la apuesta era a dejar la jugada financiera y volcar esos recursos en el mercado doméstico e incentivar la producción. Esto generaría mayor actividad económica y, por ende, mayor recaudación. Lo que podríamos decir un círculo virtuoso. Las diferentes gestiones de Gobierno fueron modificando en parte el perfil de inversiones del FGS. La tenencia de títulos públicos siempre fue mayoritaria pero cambió la participación relativa en proyectos productivos: en junio de 2019 representaban el 4,3 por ciento de las tenencias, contra el 11 por ciento que había dejado la administración de Cristina Fernández.

En proyectos productivos el grueso de las inversiones se concentra actualmente en los vinculados con petróleo y gas, construcción de gasoductos y oleoductos, terminales nucleares de Atucha, aeropuertos y préstamos Procrear. Todo esto se desfinanció durante la gestión macrista. La tenencia de títulos públicos representaba en 2019 el 64 por ciento de la cartera del FGS. Actualmente explica el 73 por ciento de los activos.

Los que empujan la venta

Si bien el movimiento de dinero que movilizó el FGS permitió que muchas empresas proveedoras del Estado se beneficiaron, es mayor el deseo de no tener un representante del Estado en el Directorio que los controle. “De esta forma se le otorga al sector privado aquellas acciones en potestad de los jubilados/as que son sus activos de carácter anticíclico”, señalan desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Para los dueños de estas empresas, la participación de directores en sus filas (derivado del nivel de participación accionaria del Estado en las mismas) constituyó siempre una intromisión inaceptable del Estado en el sector privado.

De hecho, una de las normas más interesantes y resistidas del gobierno de Cristina Fernández fue la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE), cuya función era participar en la elaboración de los planes de inversiones de las empresas, para que sus decisiones tengan relación con objetivos estratégicos; influir en la política de precios de las empresas y, consecuentemente, en los sectores involucrados; tomar conocimiento de reestructuraciones societarias (fusiones y adquisiciones), a los fines de evitar conductas monopólicas o distorsivas de la competencia y fomentar e incentivar la orientación productiva de las empresas.

Las participaciones no son grandes, pero lo suficiente para tener poder de veto de las decisiones en contra de los consumidores. Al 30 de junio últimos las participaciones en el paquete accionario y del FGS son las siguientes:

• Ternium Argentina: 18,8 por ciento del total de acciones 462.877 millones de pesos
• Pampa Holding: 10,9 por ciento del total y 268.089 millones de pesos.
• Transportadora Gas del Sur: 10.8 por ciento y 264.875 millones de pesos.
• Banco Macro: 10,4 por ciento del paquete accionario total y 254.847 millones de pesos   
• Grupo Financiero Galicia: 9,5 por ciento y 233.191 millones de pesos.

En estos cinco grupos está invertido el 9,5 por ciento del FGS y representan el 60,3 por ciento del total accionario de estas compañías. El restante 39,7 por ciento del paquete el 6,3 por ciento y del total del FGS se reparte entre empresas como Aluar, Banco BBVA, Banco Hipotecario, Banco Patagonia, Central Costanera, Central Puerto, Camuzzi Gas, Sociedad Comercial del Plata, Cablevisión, Distribuidora de Gas Cuyana, Edesal Holding, Edenor, Naturgy, Grupo Clarín, IRSA, Ledesma, Loma Negra, Metrogas, Mirgor, Molinos Agro, Molinos Río de La Plata, Metrovías, Grupo Concesionario Del Oeste, Grupo Supervielle, Telecom Argentina y Transener, entre otras.

Otro pasito a la privatización

Rematar el FGS y retirar a los directores del Estado del control de la empresa es solo una parte. Esta semana se tomó un paso más en línea con la privatización de las empresas del Estado. Primero fue el decreto de necesidad y urgencia que busca convertir las sociedades del Estados en Sociedades Anónimas. Este viernes el Gobierno estableció los mecanismos necesarios para la designación de autoridades e interventores de las empresas y sociedades del Estado nacional, tarea que estará a cargo de la Jefatura de Gabinete.

A través de otro decreto, el Poder Ejecutivo dispuso que la designación de directores o interventores de sociedades estatales, sociedades con participación estatal o cualquier otra forma empresaria donde el Estado, en uso de sus derechos de participación o representación, deba designar autoridades, debe contar con la previa y expresa intervención de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete.

También fijo que todas las jurisdicciones estatales deberán informar las designaciones que hubieren realizado y se encuentren vigentes, de directores o interventores en sociedades del Estado. "En caso de que la Secretaría de Empresa y Sociedades del Estado no ratifique la designación informada dentro de los 20 días de comunicada, la misma será dejada sin efecto", puntualizó el decreto.

En total se trata de 41 empresas que buscan venderse al mejor postor. Entre ellas, la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, YPF, AySA, Banco Nación, la Casa de la Moneda, Corredores Viales, el Correo, Enarsa, Fabricaciones Militares, los Ferrocarriles y Télam, entre otras.