Como en los 90, con el DNU Milei busca dólares entregando empresas a sus amigos

Al igual que con el menemismo, el el Gobierno busca pagar la deuda del macrismo con las privatizaciones y acercarse a la dolarización de la economía.

21 de diciembre, 2023 | 10.27

Cualquier parecido con los 90 no es ninguna coincidencia. La presencia de Federico Sturzenegger, aún sin ser parte del gabinete oficial pero como artífice del articulado del mega decreto de necesidad y urgencia anunciado este miércoles, es una clara muestra. Quien fuera el economista jefe de YPF, entre 1995 y 1998 durante segundo mandato de Carlos Menem, hoy es quien le allanó el camino al presidente Javier Milei para volverla a privatizar. Tal como sucedió hace ya más de tres décadas, el gobierno libertario intenta imponer las privatizaciones como una solución para bajar el déficit, aunque el objetivo real sea entregar a manos locales y extranjeras “amigas” las empresas en las que el Estado tiene mayoría accionaria, tengan o no déficit.

La jugada es a tres bandas, permite el ingreso de capitales extranjeros para cancelar la deuda que parte de su gabinete económico generó durante el macrismo, cambia la lógica de funcionamiento de este tipo de empresas en cuanto a su rol asignativo y con el fondeo se acerca así a su ideal de dolarización. Hasta los cantidad de empresas a privatizar parecen caprichosos: en los 90 fueron 66 y ahora Milei va por 33.

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El DNU, si es que logra ser ratificado en el Congreso o la Justicia no hace su trabajo y habilita el ‘siga-siga’, dispone la derogación del régimen de sociedades del Estado, así como toda "normativa que impida la privatización de las empresas públicas", según expresó Milei en su discurso. Es un paso previo para la presentación de pliegos licitatorios de venta de activos del Estado. Habilitando la venta de los paquetes accionarios en poder del Estado, al pasar de la figura de Sociedad Estatal a Sociedad Anónima –como ya sucede con Aerolíneas Argentina—, a través del mercado de capitales y elimina que cada empresa tenga que ser tratada por separado.

En sus considerandos, el DNU expresa que "es necesario modificar el status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades. Que este cambio tendrá el extraordinario beneficio de mejorar la transparencia y el gobierno corporativo de esas empresas, al tiempo que tendrá la virtud de facilitar la transferencia de las acciones a sus empleados, en los casos en que se quiera avanzar en este sentido".

En el decreto se señala que "desaparecerán las figuras jurídicas de las Sociedades del Estado  y las Sociedades de Economía Mixta” y “se modifica el capítulo del Programa de Propiedad Participada de la Ley N° 23.696, a los fines de facilitar el traspaso de las acciones de las empresas actualmente estatales a sus empleados". De esta manera, las obliga a competir como una empresa privada más, desnaturalizando el rol que cumple una empresa pública en un sector considerado estratégico o de interés social, priorizando la ganancia empresaria por sobre el rol de servicio esencial.

El decreto pre-privatizador “comprende a las Empresas del Estado que no tengan una forma jurídica societaria, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones societarias donde el Estado nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y no se encuentren constituidas como sociedades anónimas”.

Las firmas sobre las que apunta son, además de YPF y Aerolíneas Argentinas, la Administración General de Puertos, AR-SAT, AYSA, Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas, Belgrano Cargas, Coviara, Casa de Moneda, Contenidos Públicos, Corredores Viales, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Dioxitek, Educ.ar; Empresa Argentina de Navegación Aérea, Enarsa, Fabrica de Aviones, Intea, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina, Polo Tecnológico, las radios de las universidades del Litoral y de Córdoba, Radio y Televisión Argentina, Tandanor, Télam, Veng la minera YMAD y Yacimientos Carboníferos Fiscales. Es un total de 33 empresas con participación mayoritaria o control total estatal.

En muchas de estas hay fuertes intereses privados por quedarse con su control y entre los posibles compradores suenan con fuerza grandes fondos de inversión con tenencia de deuda argentina, como Blackrock.

Una historia que ya vimos

Entre los años setenta y principio de los ochenta la economía argentina había incrementado su endeudamiento en moneda extranjera, lo que agudizó su restricción externa. El estallido fue acompañado por una severa crisis fiscal motivada por la estatización de la deuda externa privada y el deterioro de varias fuentes de financiamiento utilizadas por el Estado durante décadas. Con la crisis fiscal las autoridades comenzaron a recortar indiscriminadamente (y por lo tanto irracionalmente) los gastos. Aquí un proceso similar al de endeudamiento y posterior ajuste brutal del macrismo, en una primera aproximación.

En aquel contexto de los 90, la factibilidad de estrategias orientadas a recuperar empresas estatales o de estrategias mixtas alternativas (incorporación de capital privado, reconversiones de modelos de cooperativas) se fue debilitando. La situación patrimonial de la mayoría de las empresas estatales llegó a un punto crítico, la calidad de los servicios se deterioró. Segunda comparación: el desfinanciamiento de empresas del Estado que llevó también a cabo el macrismo.  

El golpe definitivo a cualquier política más o menos matizada y gradual lo constituyó el episodio hiperinflacionarios de 1989 y su repetición durante el año siguiente. Esa experiencia, con sus consecuencias dramáticas, afincó en vastos sectores un sentido de urgencia de las reformas estructurales y otorgó a la propuesta de privatizaciones masivas una popularidad sorprendente: de un modo u otro, los cambios debían ser realizados; bien o mal, había que privatizar”, señala un informe ‘Las privatizaciones en la Argentina: Impactos micro y macroeconómicos’, escrito por Pablo Gerchunoff y Guillermo Cánovas para la CEPAL/Naciones Unidas. Milei viene azuzando sobre una supuesta hiper del 15.000 por ciento (un número más que estrambótico) mientras toma medidas, como un salto del dólar del 118 por ciento de un día para el otro, que atizan ese diagnóstico. Profecía autocumplida, se denomina en los libros de Economía. 

“El gobierno inaugurado en julio de 1989 necesitaba encarnar en una política su voluntad de dejar atrás la carga ideológica populista con que llegaba al poder”, agrega el documento. Cualquier parecido con la posición anarco capitalista de Milei tampoco es coincidencia.

En los 90 el país no tenía acceso a ninguna clase de financiamiento voluntario externo o interno y las privatizaciones constituían –en la percepción de las autoridades—el único instrumento disponible para evitar que se repitiera la experiencia hiperinflacionarias. “Al iniciarse el proceso de privatizaciones argentino, la política de enajenación de activos fue más una herramienta macroeconómica para estabilizar la economía que una herramienta de la política de reformas estructurales orientada a aumentar la productividad de la economía en el largo plazo”, detallan los autores.

En una primera etapa (1989/1990) las privatizaciones sirvieron para cancelar masivamente deuda pública externa y acercarse así a una negociación con los bancos acreedores que luego se plasmaría en la firma del plan Brady. Su privatización incentivó la reducción de costos pero también ha significado una pérdida importante de eficiencia asignativa, debido a la tendencia de los propietarios privados a tratar de explotar monopóliticamente los mercados. Un caso es Aerolíneas Argentinas: su recuperación en 2008 permitió que tuviera un carácter más social y de interconexión federal, abandonando la concentración de vuelos solo en destinos rentables, como sucedía en manos privados.

“En algunos casos se priorizaron las metas de eficiencia asignativa (electricidad, gas); en otros, la meta de obtención de fondos siguió siendo la principal, pero no para equilibrar el presupuesto sino para usar esos fondos como instrumento político-electoral (tal fue el caso de YPF)”, detalla el informe de CEPAL.

En esos años, se privatizaron 66 empresas, el doble que lo que pretende hasta ahora el anarco capitalista presidente: Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, Aeropuertos, Agua y Energía Eléctrica, Area Material Córdoba Aviones, Argentina Televisora Color, Astillero Ministro Manuel Domecq García, Astilleros y Fábricas Navales, Banco Hipotecario Nacional, Banco Nacional de Desarrollo, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Canal 11, Canal 13, Carboquímica Argentina Sociedad Anónima Mixta, Carolina Minera, Compañía Azucarera las Palmas, Conarsud, Consultara de la Armada, Corporación Argentina de Productores, Empresa Desarrollos Especiales, Empresa Líneas Marítimas Argentinas, Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas, Establecimientos Altos Hornos Zapla, Fábrica Militar de Acido Sulfúrico, Fábrica Militar de Tolueno Sintético, Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos, Fábrica Militar General San Martín, Fábrica Militar Pilar, Fábrica Militar San Francisco, Ferrocarriles Argentinos, Flota Fluvial del Estado Argentino, Fondo Nacional de la Marina Mercante, Forja Argentina, Gas del Estado, Hidroeléctrica Norpatagónica, Hierro Patagónico de Sierra Grande, Hipódromo Argentino, Induclor Sociedad Anónima Mixta, Indupa, Industrias Mecánicas del Estado, Instituto Nacional de Reaseguros, Interbaires, Intercargo, Junta Nacional de Carnes, Junta Nacional de Granos, Radio Belgrano, Radio Excélsior, Radio Córdoba, Llao Llao Holding, Monómetros Vinílicos, Obras Sanitarias de la Nación, Petropol, Petroquímica Bahía Blanca, Petroquímica General Mosconi, Petroquímica Río Tercero, Polisur Sociedad Mixta, Redes Viales, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA), Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR), Tanque Argentino Mediano, Tecnología Aeroespacial, Yacimientos Carboníferos Fiscales y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

Muchas se mantienen en manos privadas y otras desaparecieron o se fusionaron. Un número importante logró recuperarse. La mayoría durante el kirchnerismo. Milei busca deshacer todas las que fueron recuperadas y llevarnos a los 90.