A contramano de Milei, el FMI propone un plan industrializador

“Los datos muestran que la reciente ola de nuevas actividades de política industrial está impulsada principalmente por las economías avanzadas y que los subsidios son el instrumento más utilizado”. La conclusión no pertenece a ninguna fundación de izquierda o kirchnerista, sino del Fondo Monetario, el mismo organismo cuyo staff se reunirá este viernes con representantes del Gobierno de Javier Milei para pedirles más recortes y ajustes.

El presidente no tiene problemas con esos pedidos de recorte ya que reconoció menores partidas en materia de financiamiento a la producción industrial, apoyo a las pymes de todo el país y promoción de las empresas vinculadas a la economía del conocimiento y formación de recursos humanos.

En momentos en que el libertario avanza en una desregulación total de la economía, los países se preparan para avanzar en una industrialización. Milei sólo quiere una economía primarizadora.

“El regreso de la industria”, es el título de la nota del FMI que publican Simon Evenett, Adam Jakubik, Ferdinand Martin y Michele Ruth, pero que el organismo que conduce Kristalina Georgieva claramente no cumple porque siempre receta los mismos ajustes y quita de subsidios de siempre. El documento describe los patrones emergentes de intervención política durante 2023 asociados con el retorno de la política industrial.

Las restricciones comerciales a las importaciones y exportaciones son utilizadas con mayor frecuencia por las economías de mercados emergentes y en desarrollo. La competitividad estratégica es el motivo dominante que dan los gobiernos para estas medidas, pero otros objetivos como el cambio climático, la resiliencia y la seguridad nacional están en aumento.

“En regresiones exploratorias, encontramos que las medidas implementadas están correlacionadas con el uso pasado de medidas por parte de otros gobiernos en el mismo sector, lo que apunta a la naturaleza de ojo por ojo de la política industrial”, sostiene el documento, que además detalla los factores de economía política interna y las condiciones macroeconómicas se correlacionan con el uso de medidas de política industrial.

“La política industrial ha adquirido una mayor importancia en el discurso público en los últimos años, cuando los gobiernos han buscado herramientas y estrategias efectivas para remediar las consecuencias de crisis múltiples y agravadas: lentitud pos-financiera, crecimiento de la crisis, la pandemia de COVID-19 y las interrupciones del suministro asociadas, junto con la intensificación de las tensiones y conflictos geopolíticos, incluso sobre el territorio, los recursos y el liderazgo en nuevas tecnologías, que han planteado el espectro de la fragmentación geoeconómica”, señala el relevamiento de los autores.

Datos recientes de China, la Unión Europea y los Estados Unidos muestran que, en promedio, existe una probabilidad del 73,8 por ciento de que un subsidio para un producto dado por parte de una economía importante se corresponda con un subsidio para el mismo producto otorgado por otra en el plazo de un año.

De acuerdo con el documento, “los instrumentos de política utilizados con más frecuencia son los subsidios a los productores nacionales. Sin embargo, el segundo tipo de políticas más frecuente en las economías avanzadas son los incentivos a la exportación, seguidos de otras políticas de localización, como las adquisiciones públicas y los controles de inversión, mientras que en las economías en desarrollo, las barrera a las importaciones son el segundo grupo más frecuente, seguidas de las políticas de localización.

“El uso de estas políticas varía según la jurisdicción. Por ejemplo, en materia de incentivos a la exportación, Canadá, Alemania, Japón y Corea son las jurisdicciones más activas en función del número de intervenciones, mientras que Estados Unidos y la India son las jurisdicciones que más dependen de medidas de localización”, concluye el texto.

El recorte mileista, a contramano

A los efectos de desglosar los principales sectores afectados por la política fiscal, el cuadro siguiente detalla que, de los 5,4 puntos de PBI, una suma de 2,35 puntos o lo que equivale al 43,5 por ciento del total, serían costeados por los trabajadores activos, por distintas vías. Las medidas que afectan a este sector se encuentra en distintos rubros de la planilla publicada por el MECON: la reversión de la eliminación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, el recorte a las transferencias a las provincias que afectaría partidas del Fondo Nacional de Incentivo Docente – FONID-, la suba de tarifas y de transporte, el congelamiento de los planes Potenciar Trabajo, la destrucción de puestos de trabajo de la obra pública, y la afectación a trabajadores/as estatales por recortes en gastos de funcionamiento.

Luego, las y los trabajadores pasivos asumirían el peso de 0,5 por ciento del recorte, a partir de la suspensión de la formula jubilatoria, si eventualmente se aprobara en el Congreso, o a través del recorte o congelamiento de los bonos que licuarían este rubro del gasto previsional, que como hemos adelantado, es el 60 por ciento del gasto. El ajuste a los pasivos significará el 9,3 por ciento del total.

Las pymes, en tercer lugar, se verían afectadas por la suba del Impuesto PAIS a la importación de bienes (de 7,5 a 17,5 por ciento), lo cual les incrementa el costo de la importación de insumos a un dólar de  940 pesos. En suma, el 67 por ciento del ajuste lo pagarían los trabajadores y trabajadoras activos, pasivos y PYMES.