Condiciones de vida: mejora el acceso a la red de agua y caen las conexiones de gas

El Indec publicó la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y, en el marco de la crisis económica actual y los efectos sociales negativos, un dato que puede rescatarse es la inversión pública en la extensión de las redes de agua y cloacas. Mientras se registró cierta mejoría en este sector, hubo un empeoramiento en el acceso a las redes de gas, un tipo de inversión que, en cambio, debería correr por parte de las empresas licenciatarias, bajo la regulación del Estado. Estos datos contradicen el apotegma de Diana Mondino, la vocera del candidato libertario Javier Milei: los servicios públicos se expanden solo con la presencia del Estado.

Servicios a cargo del Estado

El informe del Indec incluye aspectos tales como acceso a servicios públicos, cobertura médica, tipos de vivienda, acceso a la educación, régimen de tenencia de las viviendas, entre otras variables. Cada uno de estos ítem son aspectos estructurales de la población. Cada variación–ya sea a partir de un dato positivo o no – supone un gran impacto social.

En el caso de las cloacas, al primer semestre del 2022 se había registrado un 29,8% de la población sin acceso a este servicio, mientras que para este año, el indicador descendió al un 29,3%. En lo vinculado a la red de agua potable, se pasó de un 12,4% de la población con dificultades a un 11,1%.

La expansión de las redes de agua potable y cloacas son realizadas por el Estado nacional. Sin esta inversión pública, las condiciones de vida serían más agudas. Teléfono para la vocera de Milei que le trasladó a los “vecinos” la responsabilidad de hacerse sus cloacas.

Hay otro dato que reafirma la mirada privatista de los libertarios. El principal descenso se produjo en las redes de gas, obras que deberían ser financiadas por las licenciatarias, reguladas por el Estado nacional para llevar adelante tales inversiones.

Entre la población que no llega a cubrir la canasta básica total, el acceso a la red de gas pasó de un 47% al 45%, mientras que entre los hogares indigentes, la merma fue de cinco puntos porcentuales. Es decir, ausencia de la inversión  privada.

Los efectos de la especulación inmobiliaria

Otro dato central del informe del Indec tiene que ver con el aumento del hacinamiento; es decir el aglutinamiento de 3 personas que deben convivir bajo un mismo cuarto. En el primer semestre del 2022, el Indec había registrado un total de 5,5 millones de personas en dicha situación, el 19,1% de la población. Un año después, los afectados pasaron a ser 5,8 millones de personas (19,7% de la población).

¿Qué significa este incremento de la cantidad de personas que debió modificar su estilo de vida para amucharse en un hogar? La desmejora en este indicador tiene que ver con las condiciones de acceso a la vivienda, especulación inmobiliaria de por medio.

Al primer semestre del 2022, había 18,6 millones de personas que eran propietarios de su vivienda y del terreno donde habitaban. Un año después, 300.000 personas tuvieron que vender o desprenderse de su propiedad. Vendieron y pasaron a la condición de inquilinos.

Al cierre de junio de este año, el 21,8% de los hogares del país era ocupado por inquilinos; mientras que los considerados ocupantes -gratuitos con permiso y los ocupantes de hecho (sin permiso) representaban el 9,2% del total de hogares. Un año atrás, los inquilinos eran el 21,6% de los hogares y los ocupantes llegaban al 8,6%.

Saneamiento

Otro dato estructural tiene que ver con la categoría saneamiento, considerando la tenencia de baño, su ubicación (dentro o fuera del terreno), la exclusividad o no de su uso, el tipo de desagüe y su instalación. El Indec define como hogares con saneamiento inadecuado aquellos que tienen al menos una de estas características: no poseen baño; poseen el baño fuera del terreno; comparten el baño con otros hogares; el desagüe del baño no está conectado a la red pública (cloaca) ni tampoco a cámara séptica; o el baño no tiene descarga de agua.

En el primer semestre del 2022, se registraron 1,1 millones de hogares con un nivel inadecuado. Las personas afectadas ascendían a 4,08 millones, es decir el 14% del total. Un año después, los afectados llegaron al 15,4% de la población (4,5 millones).

Lo más crítico dentro de este aspecto estructural tiene que ver con la tenencia de baño con descarga de agua. Su ausencia resulta una situación crítica dentro del conjunto de hogares con saneamiento inadecuado. La situación empeoró, al pasar de un 7,5% de la población al 8,7%.

Más que una crisis de ingresos

Las condiciones estructurales de vida de la población empeoraron en sintonía con salarios que perdieron de manera permanente frente a la inflación, la creación de puestos de trabajo precarios y un modelo económico que no derramó de manera justa ni equitativa. En el primer semestre de 2023, hubo un alza en el hacinamiento dentro de los hogares comparado con el mismo período del 2022. Al mismo tiempo, se registró un alza en la cantidad de personas que tuvieron que vender sus viviendas para convertirse en inquilinos. También empeoraron las condiciones de saneamiento.

Ya no se trata solamente de una crisis de ingresos. Cuando lo que empeoran son las condiciones estructurales de vida, vinculadas a la vivienda, el saneamiento, el acceso a los servicios públicos, y la aglomeración de personas (aunque no de manera crítica), las políticas compensatorias se vuelven insuficientes.