El Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para gravar la "renta inesperada producto de la guerra", que plantea una alícuota sobre el componente de esa utilidad que se enfoca en un conjunto de empresas con ganancias netas imponibles altas superiores a los 1.000 millones de pesos, que en 2021 fue de solo el 3,2% de las empresas. La idea se ancla en otras políticas impositivas que se pensaron y tomaron en el resto del mundo en un pasado lejano y cercano.
Según consignó el ministro de Economía, Martín Guzmán, los criterios para la imposición de la alícuota incluyen que la ganancia neta imponible real tiene que haber crecido en forma significativa en 2022 respecto a 2021 y, además, se incluirá un parámetro para que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva, el porcentaje será menor.
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Renta inesperada: antecedentes del proyecto
La irrupción de la pandemia puso en escena el debate por las características del sistema impositivo en todo el mundo. A mediados de 2021, los ministros de Finanzas del G7 -que agrupa a Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido- alcanzaron este sábado un acuerdo para fijar las bases de un nuevo sistema fiscal internacional, mediante la instauración de un impuesto mínimo global del 15% para las grandes corporaciones multinacionales.
De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también respaldó la creación de un aumento de los impuestos sobre el “exceso” de las ganancias de las empresas, como propone el Gobierno. En el marco de la reunión boreal del Fondo y el Banco Mundial, el organismo presentó un documento en que asegura este instrumento puede ser utilizado en forma temporal para paliar situaciones de crisis.
En un capítulo analítico del World Economic Outlook (WEO), el organismo multilateral de crédito detalló que “para disminuir la carga para las finanzas públicas, se podría prever un aumento temporal de los impuestos sobre el exceso de beneficios”.
“Esto ayudaría a recuperar parte de las transferencias a las empresas que no las necesitan”, señaló el texto y remarcó que “en los casos en los que la fijación de objetivos es difícil y el espacio fiscal es limitado, los países pueden tener que considerar medidas de aumento de los ingresos para financiar diversas prioridades”. El informe menciona como “posibles vías” el aumento “del cumplimiento de las obligaciones fiscales y otras reformas para modernizar de la fiscalidad de las empresas".
El último acuerdo que rubricó el FMI con Ecuador apuntó a aumentar ingresos fiscales y recortar gastos para reducir déficit. Se pretendía recaudar U$S 1.900 y la propuesta original del Fondo fue aumentar el IVA, pero luego se determinó recorrer otro camino con medidas que afectaron al 0,4% de la población. Se gravó a personas que ganan mas de U$S 2.000, personas con más de U$S 1 millón, empresas con patrimonio superior a U$S 5 millones con una contribución especial por dos años de 0,8% y personas que tengan capitales o inversiones en el exterior.
En 2020, durante el peor momento de la pandemia, diversos expertos del ámbito internacional argumentaron que ante una situación anómala, se requería la creación de un "impuesto a las ganancias extraordinarias" de las empresas. Este tipo de instrumentos se inspiró en un gravamen que se llevó a cabo durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. El mismo fue aplicado por países como Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Francia, Italia y Estados Unidos.
En líneas generales, este impuesto apuntaba a que todas aquellas empresas que subieron sus ganancias durante la pandemia, pagaran más impuestos. El foco fue puesto en las grandes farmacéuticas y las firmas tecnológicas, entre muchas otras compañías, cuya rentabilidad creció exponencialmente.
Pero hay más antecedentes en este sentido. La renta inesperada rememora la experiencia de los impuestos a las rentas extraordinarias a las petroleras estadounidenses implementado durante la guerra de los 6 días en Medio Oriente. Mientras los costos de extracción se mantenían estables, comercializaban el fluido con un 80% de incremento.
Las empresas habían aumentado sus ganancias en un billón de dólares como consecuencia de la guerra, mientras que los costos locales no se modificaban porque tenían autoabastecimiento. El tributo se fijó de manera permanente por dos años durante la administración de Richard Nixon.
Respecto al caso argentino y en diálogo con El Destape, Nicolás Gutman, integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortíz (CESO), señaló: "El precio de los commodities es una variable fácil para utilizar en los cálculos de renta extraordinaria en la mayoría de los casos". A su vez, agregó: "Un tributo efectivo debería ir escalando según el precio internacional y en el caso de Argentina con el costo local y el precio del dólar".
Sobre el proyecto que enviarán al Congreso desde el Ejecutivo, el presidente Alberto Fernández pidió a los sectores "que han tenido una ganancia extraordinaria que contribuyan, que colaboren con su aporte para ayudar a los que han quedado más postergados".
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