Esta semana se conocieron detalles del preacuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la refinanciación de la deuda de 45 mil millones de dólares que tomó Mauricio Macri en su gestión. ¿Cuáles son los aspectos claves para la economía?
En primer lugar, ¿qué pasará con el crecimiento? Para este 2022 se proyecta un crecimiento económico de entre el 3,5 y 4,5%. En ese sentido, si se mantiene el nivel de actividad de diciembre último a lo largo de estos doce meses el promedio para este año sería del 3,5%, el umbral mínimo necesario para cumplir con la meta de reducción del déficit aunque con sostenimiento similar de las condiciones de vida actuales. El preacuerdo proyecta por su parte tres años de crecimiento.
Un aspecto no menor refiere a no crecer por razones externas a la Argentina. En ese escenario aparece una situación internacional más complicada (Rusia-Ucrania y suba de precios de la energía) que plantea el interrogante sobre la posibilidad de redefinir las condiciones del acuerdo y bajo qué circunstancias puntuales: “Nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda”.
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Otra pregunta clave es ¿qué sucederá con la inflación? Se prevé una reducción de la variable inflacionaria de “a lo sumo 48%” para este 2022 y luego una reducción de entre 4 y 6 p.p. por año. En cuanto al empleo público, se proyecta un aumento de la masa salarial a la par del crecimiento económico.
El principio de entendimiento propone una convergencia fiscal gradual que comienza en el 2022 con reducción al 2,5%, sigue en 2023 con 1,9% y va a 0,9% en 2024. Sin lugar para reformas estructurales regresivas, el eje estaría en la reducción de los subsidios a la energía y la segmentación de tarifas. El gobierno autorizó vía publicación en el Boletín Oficial subas del gas de hasta el 20% para usuarios residenciales y del 15% para pequeñas y medianas empresas. Resta aún conocer detalles de cómo se implementará el esquema de segmentación que se estima va a significar una reducción de 0,6 p.p del PBI.
Además se plantea un revalúo inmobiliario para acercar el valor fiscal de las propiedades al valor de mercado, lo que impactará en Bienes Personales con mejora de la recaudación en 0,1% del PBI, en tanto que podrían mejorar las políticas de control y combate de la evasión. También se reducirían las transferencias discrecionales a las provincias y podría haber recortes en empresas estatales.
¿Qué pasa con las jubilaciones? El gobierno confirmó que no habrá reforma previsional, continuando vigente la fórmula de actualización aprobada a fines del 2020. ¿Qué se propondría? Revisar la edad y los llamados regímenes especiales, puntualmente Servicio Exterior y Poder Judicial. Se trata de las jubilaciones que se consideran “de privilegio” y que según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) representan en el caso del Poder judicial unas 7252 con monto promedio de haberes a diciembre de 2021 de $385.181 (los autodetermina la Corte Suprema) y las de Diplomáticos abarcan unos 693 haberes con monto promedio de $445.508. Representan 13 veces y 15 veces la jubilación mínima respectivamente y el costo total fiscal es de 40 mil millones de pesos anuales, por lo que no implican una solución de fondo para el déficit fiscal si se considera además que cualquier cambio se aplicaría para adelante.
El capítulo financiero conlleva el sostenimiento de tasas reales positivas, lo que fundamentalmente desincentiva la ida hacia el dólar y remunera mejor los plazos fijos que están debajo de la inflación. En este sentido es relevante ver que sucederá con la tasa a la inversión, ya que el acceso crediticio es fundamental para la producción.
¿Y el tipo de cambio? Continuará la regulación con un tipo de cambio que irá a la par de la inflación. Será clave analizar cómo se producen las modificaciones para controlar la inflación y defender el valor de la moneda/salario así como para incentivar la acumulación de reservas. Hay que recordar que los desembolsos estarán sujetos a revisiones trimestrales que conllevan incertidumbre e inestabilidad financiera.
En cuanto al financiamiento del déficit, en el mercado local se menciona la modificación de las LELIQ y aumento del plazo promedio de operaciones de esterilización. También se cubrirá el déficit de financiación recurriendo a otros organismos internacionales. Además se señala el desarrollo de una hoja de ruta para fortalecer proyectos de inversión pública.
Finalmente cabe señalar que el preacuerdo hace referencia a la situación económica heredada pero no dice nada sobre la responsabilidad del gobierno anterior en el acuerdo ni del propio FMI en cuanto a su corresponsabilidad al otorgar el mayor préstamo de su historia a un país sin condiciones para solventarlo.
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