Fortalecer a la Argentina para transitar el sendero del desarrollo nacional

El presidente de la Nación tomó una decisión de carácter estratégico para el país, al determinar la intervención transitoria de Vicentin, por medio del decreto 522/2020, conforme a lo establecido en la ley de expropiaciones (artículos 57 al 60), y, posteriormente, la expropiación de la empresa, en base a lo que determina la ley, que reglamenta el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional el cual, al igual que en la mayoría de las Constituciones de Occidente, prevé esa situación, basada en la declaración de utilidad pública. La expropiación es facultad del Congreso de la Nación, y es en ese ámbito democrático donde debatiremos y decidiremos sobre el proyecto que elevará el Poder Ejecutivo.

Con esta decisión, el gobierno nacional ha asumido la responsabilidad de rescatar a un privado en cesación de pagos, consecuencia de un derrotero, francamente, plagado de irregularidades. Con ella, se garantiza la continuidad de la sexta empresa del país por volumen de ventas externas agroindustriales, que representa el 9% del total, y la primera entre las exportadoras del complejo sojero que, para el año 2019, concentraba el 19% del total de exportaciones del país, en el caso de harina y pellets de soja, y el 22%, en el de aceite de soja. También, y como razón de primer orden, se pone fin a la incertidumbre que pesaba sobre las fuentes de empleo de los trabajadores de la firma, unos 2.195 de la industria aceitera, 1.000 de la empresa algodonera, 376 de la industria vitivinícola y 2.057 de la planta frigorífica.

Los trabajadores de Vicentin, que venían sufriendo incumplimientos en el pago de sus salarios, por medio de un comunicado firmado por la Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmontadores de los Departamentos General Obligado y San Javier, de la Provincia de Santa Fe, Comisión Interna, Delegados de Base y trabajadores de Vicentin S.A.I.C., apoyaron la intervención asegurando que “La prioridad en esta crisis deben ser los trabajadores, sus fuentes de trabajo y las familias de la región. Apostamos firmemente que la resolución del Gobierno de la Nación brinde una respuesta en favor de la recuperación productiva garantizando los puestos de trabajo y mejorando las condiciones laborales, para todos los trabajadores y las familias del norte de Santa Fe”. 

Sin embargo, el rescate va incluso más allá. De un lado, porque se evita que un activo estratégico quede en manos foráneas, lo que promovería una mayor extranjerización y concentración de la producción y exportación agroalimentaria de nuestro país, como ya ocurrió con la firma Renova S.A., de la cual Vicentin se desprendió, justo antes de entrar en default, de 1/3 de su participación, cediéndolo al grupo multinacional Glencore, que, alzándose con el 66,67% de las acciones, se quedó con el control efectivo de una empresa estratégica. Por cierto, no se puede perder de vista el alto grado de concentración y extranjerización que ya existe en el mercado de granos y cereales, donde las 10 mayores empresas representan el 91% del total de las exportaciones de granos y derivados del país, de acuerdo con los datos surgidos de la campaña 2018/2019, mientras que, de esas empresas, la mitad son de capitales extranjeros. Este criterio, en efecto, y en el marco de la situación excepcional en la que la pandemia ha colocado al conjunto de los países, no es exclusivo de la Argentina, sino que recorre a la mayoría de las economías desarrolladas del mundo capitalista, entre ellas los 27 países de la Unión Europea y los Estados Unidos.

En todos esos países una preocupación central de los estados nacionales ha sido la de salvaguardar la nacionalidad de sus capitales frente al apetito de capitales externos, impulsando el rescate de empresas consideradas estratégicas y el dictado de marcos normativos a tal efecto. Así lo hizo la Comisión Europea que, a principios de mayo, reglamentó la nacionalización de empresas para toda la Unión, habilitando que la ayuda estatal se canalice mediante la cesión de acciones o instrumentos de deuda susceptibles de capitalizarse. En el caso del paquete de ayuda dispuesto por el Congreso norteamericano también se establecieron mecanismos que permiten al gobierno “tomar participación en el paquete accionario de las empresas que reciben asistencia financiera”.

No obstante, la situación de Vicentin antecede, a diferencia de lo que ocurre en el mundo desarrollado, a la crisis del coronavirus. Por eso, del otro lado, la decisión del gobierno argentino también guarda relación con el hecho de que el default declarado por la empresa puso en riesgo a toda la cadena del agro en gran parte del país, dejando a la deriva a casi 2.000 personas (físicas y jurídicas) que le vendieron granos, otras casi 600 personas que le vendieron otros bienes y servicios, además de 37 entidades financieras que le otorgaron créditos, y 19 organismos fiscales y aduaneros que también registran deudas a cobrar. En pocas palabras, la decisión del presidente fue un dique de contención para evitar una crisis aún mayor, con afectación sobre una gran cantidad de actores, extendida a lo largo y ancho del territorio nacional.

Como elemento no menor, entre las deudas bancarias, se encuentra la que el grupo mantiene con el Banco de la Nación Argentina, donde Vicentin resulta ser el principal deudor de la entidad, por más $18.000 millones (casi el 80% del total de ese tipo de deuda con entidades nacionales de la empresa), con el que la anterior administración violó la normativa bancaria, sobreexponiendo crediticiamente a la entidad, lo que implicó el curso de sendas investigaciones, administrativa y penal, para determinar las responsabilidades tanto de la empresa como de las autoridades de la anterior gestión, no sólo del Banco, sino del propio ex presidente, Mauricio Macri, que está acusado -en base a la relación personal y política (Vicentin fue el principal aportante a la campaña proselitista de ese espacio político)- de haber ordenado directamente la habilitación de los créditos pasando por encima de las normas vigentes, y también del ex titular del Banco Central, Guido Sandleris, por “hacer la vista gorda”, evadiendo las obligaciones de control a su cargo, al omitir ejercer la correcta supervisión del principal banco público del país.

Por supuesto, la calificación de estratégica, exige considerar que una empresa testigo, como la que se proyecta bajo el gerenciamiento de YPF Agro, permitiría al Estado nacional intervenir en dos áreas cruciales de la economía, vinculadas al abastecimiento de divisas, un insumo crítico para la sustentabilidad del desarrollo económico nacional, en un mercado históricamente caracterizado por la opacidad y los manejos especulativos con impacto cambiario; y la provisión de alimentos, influyendo en la distribución interna y la evolución y transparencia de los precios de estos últimos, amén de mejorar la posición de los pequeños productores. Pero, además, operaciones como la triangulación y la manipulación de precios de transferencia (por debajo de los de mercado), por medio de empresas vinculadas radicadas en guaridas fiscales, son parte de uno de los temas de la mayor trascendencia para la política económica en los países en vías de desarrollo, como la Argentina: la fuga de capitales y la evasión fiscal.

De acuerdo con un trabajo de Andrea Podestá, Michael Hanni y Ricardo Martner (Cepal, 2017) las salidas financieras ilícitas en América Latina y el Caribe, originadas en la manipulación de los precios de comercio, durante el año 2013, llegaron a más de U$S 100.000 millones y, en el acumulado de diez años, entre 2004 y 2013, representaron el 1,8% del PIB regional y el 3,1% del valor total de comercio exterior, lo que implica U$S 765.000 millones durante ese periodo. Una aproximación a los ingresos fiscales que se podrían percibir en caso de controlar y gravar estas actividades, realizada en el mismo estudio, ronda los U$S 31.000 millones anuales.

Vicentin también está siendo investigada por estos delitos, ahora con la concurrencia de la UIF, en carácter de querellante, por la sospecha de maniobras de evasión y lavado de activos vía paraísos fiscales, con la utilización de un complejo entramado societario, clásico en este tipo de delitos, en el que participaban empresas vinculadas como Renova S.A., ahora controlada por el trader global Glencore, dueño de un largo prontuario de denuncias por evasión y delitos económicos en Europa y los Estados Unidos, y Vicentin Paraguay SA. Vicentin Paraguay maneja el 15% de la exportación sojera de Paraguay, país donde las empresas del rubro no pagan impuestos sobre exportaciones ni retenciones, ni siquiera el IVA de los productos exportados.

Argentina es el principal comprador de soja paraguaya, el 65% de esa producción llega en forma de granos a molinos y procesadoras, como las plantas de Renova en San Lorenzo y Timbúes, esta última la más grande de la Argentina y una de las mayores del mundo, que los reconvierten para exportarlos. Vicentin Paraguay encabeza a los sojeros paraguayos que exportan a la Argentina, pero no tiene en ese país activos, ni fábricas, ni casi oficinas.

Por estos delitos, así como por los préstamos irregulares del Banco Nación bajo la conducción de González Fraga, en el Congreso trataremos un proyecto del Senador Oscar Parrilli para la creación de una comisión bicameral investigadora, que buscará esclarecer si existieron movimientos de fondos entre empresas vinculadas para, por medio de  maniobras espurias, ocultar o simular la verdadera realidad económica de la firma, provocar el déficit económico y financiero que llevó al proceso concursal, así como posibles operaciones de lavado de activos y la responsabilidad de las ex autoridades de la UIF por incumplimiento de sus obligaciones de control. La Comisión también indagará si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al Grupo en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos.

Todos estos elementos, el rescate de una empresa de enorme envergadura, la continuidad de las operaciones comerciales en un sector estratégico, la preservación de miles de puestos de trabajo, el resguardo de los pequeños productores, proveedores y acreedores de la firma, entre ellos el principal banco público del país, la garantía de que no se operará una mayor extranjerización y concentración de la producción y exportación agroalimentaria nacional, la posibilidad de incidir en los mercados de exportación, alimentario y de divisas, y de ejercer un control efectivo sobre prácticas de especulación cambiaria, fuga y evasión, confluyen en un objetivo superior que explica la trascendencia estratégica de la decisión adoptada: fortalecer a la Argentina para transitar el sendero del desarrollo nacional en el nuevo mundo que emerja tras la pandemia.