Caso 1: el abandono de la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires
El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni planteó con precisión la imposibilidad de coordinar la política de aislamiento social obligatorio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dada la súbita apertura masiva de comercios y el levantamiento de restricciones para circular para los habitantes de la ciudad capital. Habida cuenta que Buenos Aires no es un núcleo urbano inserto en un entorno rural, sino que, por el contrario, se enclava en un tejido construido extenso en superficie y denso en población que permea a la jurisdicción con alta movilidad diaria de transeúntes, la decisión unilateral de abandonar la cuarentena acercándose el pico de la pandemia impacta de lleno en el área metropolitana que la circunda, y sin embargo ocurrió.
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A pesar de media docena de conferencias de prensa que reunían al Presidente de la Nación con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno de la Ciudad, en las que este último enaltecía permanentemente “el trabajo en equipo” -muletilla macrista si las hay- relajó el aislamiento y disparó el número de contagios con epicentro en la Ciudad, pero con onda expansiva al área metropolitana, sin medir consecuencias sobre el sistema de salud. El cinismo también es un atributo macrista.
Caso 2: el impuesto a los ricos
Hay u$s 100.000 millones declarados como consecuencia de último blanqueo impulsado por el Gobierno de Cambiemos en el 2016 que permanecen en el exterior del país. Se trata de fondos acumulados mediante la evasión fiscal y la fuga de capitales que padece el país como una endemia de su economía. A pesar de beneficiarse con el derecho de mantener esos activos fuera de la Argentina y pagar una alícuota bastante menor de la que hubiera correspondido para blanquearlo, también se han visto favorecidos por una rebaja gradual de la alícuota a los Bienes Personales en estos últimos años.
La pandemia ha impactado en la economía global y numerosos países han adoptado medidas para contener el declive de la actividad y la pérdida de ingresos de sus ciudadanos, acciones que deben ser financiadas con distintas fuentes, entre ellas la contribución de los ricos al sostén del tejido social.
Caso 3: la intervención de la empresa Vicentin y el proyecto de su expropiación
El grupo agroalimentario Vicentin se presentó en concurso preventivo en diciembre pasado, arrojando una deuda impaga con el sector público consolidado de $ 29.600 millones verificada a febrero de este año. Dicho importe se conforma de $ 18.200 millones adeudados al Banco Nación, $ 1.800 millones al Banco Provincia y $ 9.600 millones de impuestos no abonados a distintos fiscos. Además, dejo un tendal de productores agrícolas que le vendieron su cosecha y no recibieron la liquidación de los fondos generados. La participación de la empresa en el mercado de comercialización de soja oscila en el 10%, con presencia en la actividad de biocombustibles y producción de alimentos para el consumo interno.
La intervención del Estado en este escenario responde, primero, a una razón de responsabilidad legal que consiste en accionar para resguardar los casi $ 30.000 millones de fondos públicos que Vicentín adeuda. En segundo lugar, se trata de una oportunidad para construir un regulador público del mercado de alimentos para exportar y destinar al mercado interno.
En la columna pasada advertíamos sobre el mal desempeño de las cuentas externas en el primer cuatrimestre del año, en parte por la existencia de exportaciones agrícolas no realizadas o no liquidadas al Banco Central. La construcción de una agencia comercializadora de granos estatal, proyecto barajado hace tiempo en varios círculos de economistas heterodoxos, permite intervenir y transparentar ese mercado. Del mismo modo en la producción de alimentos para el consumo popular, desvinculando precios internos de los internacionales, tema que abordamos en columnas anteriores.
La intervención y potencial expropiación de Vicentín es un avance notable en la construcción del abastecimiento de bienes esenciales -alimentos y energía- para nuestro pueblo. Su imbricación en un grupo empresario mixto con YPF delinea un horizonte virtuoso en ese sentido.
Nuevamente, la oposición respondió con furia poco democrática presentando una denuncia penal contra el Presidente, vociferando en los medios hegemónicos con planteos de “poner límites al Gobierno” por fuera de los correspondientes al funcionamiento de las instituciones y agregándose el consabido cacerolazo de la zona de Norte de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios aledaños.
La descripción de los tres casos revela la absoluta falta de consenso y el intento de quebrar resueltamente las políticas de Gobierno destinadas a proteger al pueblo, en dos direcciones: ruptura de la cuarentena y propagación del virus y a la vez deterioro acelerado de la economía.
La oposición pretende un colapso sanitario y un desborde macroeconómico fiscal y externo
La cuarentena ha impedido hasta ahora la saturación del sistema sanitario y consecuentemente ha garantizado la preservación de vidas. Una apertura irresponsable como la ocurrida en la CABA lesiona directamente ese objetivo.
El impuesto a las grandes fortunas allega recursos ociosos al Fisco, imprescindibles para amortiguar el impacto de la pandemia, pero también para trazar una perspectiva de restablecimiento del equilibrio de las cuentas públicas a mediano plazo. La intervención estatal en el mercado alimenticio y la comercialización de granos y oleaginosas con el exterior asegura mejores precios internos y flujo de divisas positivo, coadyuvando a nivelar las cuentas externas.
La oposición pretende un colapso sanitario y un desborde macroeconómico fiscal y externo, procurando en forma más o menos desembozada la desestabilización del Gobierno.
El Gobierno de la coalición peronista debe afirmar su agenda en curso y apoyarse en la enorme mayoría democrática que lo respalda para reparar y frenar los daños causados y que pretende perpetrar la barbarie macrista. La Argentina no debe funcionar al ritmo del humor volátil de los porteños ricos, que salen a correr masivamente ignorando el riesgo del virus o cacerolean defendiendo causas de minorías privilegiadas.
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