En un nuevo paso por la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, asistirá este martes a la Cámara de Diputados para respaldar dos leyes destinadas al agro: por un lado, una serie de cambios al marco regulatorio de los biocombustibles, y también la creación del RIDA (Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial), que busca emular al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado en la cuestionada Ley Bases del presidente Javier Milei.
El máximo mandatario provincial formará parte de una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que preside el radical entrerriano Atilio Benedetti, donde comenzarán a tratarse ambos temas, con un fuerte impulso desde la Provincia para obtener dictamen en las próximas semanas y llevar los proyectos al recinto.
Una de las propuestas, presentada por los cordobeses de Encuentro Federal Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Juan Brügge, modifica varios artículos de la Ley 27.640 de Biocombustibles, una cuestión que había quedado pendiente durante el tratamiento del mega proyecto, cuando el Gobierno decidió retirar el capítulo referido al tema.
En la iniciativa, se define al biocombustible como “el bioetanol, el biodiesel y cualquier otro biocombustible líquido que cumpla los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación, siguiendo estándares internacionales, y cuyo origen sea agropecuario, agroindustrial y/o provenga de desechos orgánicos y/u otros desechos, considerándose que los mismos computarán como parte del corte obligatorio”.
Además, se establece que “por un plazo de 18 años contados a partir de la entrada en vigor de la ley, los biocombustibles que se mezclen obligatoriamente con combustibles fósiles deberán ser producidos en instalaciones situadas en la República Argentina, utilizando materias primas nacionales”.
En cuanto al porcentaje para la mezcla o corte obligatorio, se fija para el biodiesel un 10% a la fecha de entrada en vigencia de la ley, 11% al 1° de enero de 2025, 12% para el año 2026 y 15% para 2028. Y para el bioetanol, un 12%, que en un plazo no mayor a dos años tendrá que ser elevado al 15%, mientras que en tres años se abrirá un “mercado libre y voluntario” para mezclas que superen ese porcentaje.
El proyecto agrega: "Solo cuando las mezclas superen el 15% para el biodiesel y el 12% para bioetanol, las empresas hidrocarburíferas estarán autorizadas a participar en el abastecimiento de biocombustibles, únicamente en el volumen excedente a esos porcentajes. En ningún caso la participación podrá ser superior al 50% del volumen excedente total".
De esta manera, la norma impulsada por Llaryora busca blindar el negocio de los biocombustibles para los productores y enviar que brazos petroleros puedan acceder a esa parte del negocio. Sin embargo, esto encontrará resistencia por parte de las provincias petroleras.
RIGI y RIDA: Llaryora busca implementar esquemas de flexibilización impositiva
En tanto, Llaryora también hará fuerza para la creación del RIDA, un proyecto que fue encabezado por Benedetti y el jefe del bloque Encuentro Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto y tiene un acompañamiento transversal, aunque promete resistencia por parte del Gobierno nacional, ya que implica costo fiscal.
El RIDA le daría al sector agroindustrial estabilidad de beneficios fiscales por tres años, prorrogables por otros dos por el Poder Ejecutivo. Algunos de esos incentivos son amortización acelerada del impuesto a las Ganancias, y menor plazo para la devolución del saldo técnico a favor del IVA por inversiones en bienes de uso.
Para acceder al régimen, los beneficiarios deberán acreditar incrementos en alguno de los siguientes indicadores: volumen de ventas, de producción o de exportaciones físicas, cantidad de personal ocupado, o inversiones realizadas.
MÁS INFO
En ese sentido, apuntan a una amplia gama de actividades, como cultivos de arroz, trigo, maíz, soja, cereales, girasol, tabaco, algodón, cítricos, vid, legumbres, caña de azúcar y yerba mate; cría de ganado, pesca, plantación de bosques, fabricación de aceites, grasas y harinas, elaboración de fiambres y embutidos; y servicios de maquinaria agrícola, cosecha mecánica, fumigación y procesamiento de semillas.
Hace poco más de 10 días, el Gobernador confirmó la decisión del Ejecutivo provincial de adherir al RIGI, un esquema de flexibilización impositiva que busca incentivar que las compañías inviertan en la Argentina.
Si bien las economías regionales se encuentran en situación de alerta por la quita de capacidades tributarias que podrían sufrir los territorios regionales, el gobierno de Córdoba ve una gran posibilidad a partir de la implementación del régimen: instará a las empresas a desembolsar grandes sumas de dinero para inversiones locales. Los montos, que deben superar los 200 millones de dólares, contarán con exenciones impositivas y aduaneras, además de otras ventajas fiscales para la generación de empleo local.
Cerrar sesión