El paquete de medidas que implementó el equipo económico esta semana, en el contexto de las negociaciones con el FMI, tendrá un probable correlato en precios y en la actividad industrial. Sin embargo, en el Gobierno entienden que representa un mal menor frente a la devaluación formal que pedía el propio Fondo, debido a que permitirá aumentar la recaudación fiscal y evitar una suba inflacionaria generalizada.
El domingo por la noche, el Gobierno anunció la aplicación de un impuesto del 10% extra al dólar ahorro o solidario, al igual que, con algunas excepciones, un impuesto del 25% a las importaciones de servicios y de un 7,5% a las importaciones de bienes. En paralelo, lanzó también un aumento del dólar agro.
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Las nuevas normativas tendrán inevitablemente un correlato inflacionario y en el Gobierno lo asumen más o menos tácitamente. Además, al incluirse a la mayor parte de los insumos en el impuesto a las importaciones, la industria pyme entiende que habrá una desaceleración del sector por la suba de costos y la reducción de los márgenes de ganancia.
Resulta claro, por lo tanto, que la devaluación fiscal implementada no es una opción deseable para Sergio Massa en el actual contexto electoral. Sin embargo, sí representa un mal menor frente a otra opción de mayor impacto: una devaluación directa y formal del dólar oficial, tal como pedía el FMI, que advirtió la semana pasada, en un informe sobre Argentina, sobre el atraso de un 25% en el tipo de cambio.
Menor impacto en precios
En este sentido, en el Gobierno entienden que realizar una devaluación formal hubiera tenido dos importantes desventajas respecto al paquete finalmente anunciado. La primera es que hubiera tenido un impacto mucho mayor en la inflación.
Al contrario, explican en el equipo económico, la devaluación fiscal implementada pretende evitar una suba de precios en el sector clave de los alimentos, que afecta particularmente a los sectores vulnerables.
Por un lado, debido a que se trata de un rubro particularmente atado al dólar oficial, al igual que otros sectores también relacionados directamente al bolsillo como el mantenimiento del hogar y los aparatos electrónicos, tal como explicó un informe de PxQ en un informe de mayo pasado.
La consultora que dirige Emmanuel Álvarez Agis contrastó estas áreas industriales con otras más ligadas a los dólares paralelos, como la automotriz, la indumentaria o la de medicamentos, que por lo tanto sí podrían padecer una mayor suba de precios con las actuales medidas.
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Pero por otro lado, la devaluación fiscal también permite, al menos en teoría, procurar una segmentación del impacto inflacionario excluyendo formalmente de las subas impositivas a ciertos rubros sensibles.
"La principal diferencia con una devaluación directa está en esas excepciones", señaló Federico Zirulnik, economista del CESO, ya que "una devaluación oficial hubiera tenido impacto en absolutamente todos los bienes y servicios".
Nuevamente, uno de ellos es el de los alimentos, ya que la normativa indica que el impuesto a la importación de bienes no alcanzará a los relacionados a la canasta básica alimentaria. Otros rubros clave excluidos del impuesto total en el paquete de medidas son los combustibles y los bienes vinculados a la generación de energía, con efecto multiplicador en la inflación, al igual que los medicamentos o los servicios en salud y educación, también con impacto en los sectores vulnerables.
Además, entienden en el Gobierno, la devaluación fiscal abre la posibilidad de que las empresas que anticiparon una suba de precios estimando una devaluación formal ahora puedan absorber así parte de los nuevos impuestos.
La recaudación fiscal
La segunda desventaja de una devaluación formal es que no hubiera tenido el impacto fiscal positivo que sí tendrán las actuales medidas impositivas, especialmente en el contexto de una fuerte baja de la recaudación por la sequía.
Se trata de un punto clave, ya que permite que Argentina se acerque significativamente al cumplimiento de dos de las tres metas con el FMI que están terminando de ser renegociadas, y que fueron incumplidas en el último trimestre. "El mecanismo que encontró el Gobierno con el impuesto PAIS va a ayudar al frente fiscal y a acercarse más a la meta negociada con el FMI, aunque no alcance para cumplirla", señaló Zirulnik al respecto.
En primer lugar, la meta fiscal. El organismo exigirá un déficit máximo de alrededor de dos puntos, mientras que el Gobierno calcula que el nuevo paquete permitirá una recaudación de 0,8% del PBI, equivalente a 1,3 billones de pesos.
En segundo lugar, la meta de adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro ya que, entienden en el equipo económico, la recaudación extra posibilita que la entidad monetaria no deba emitir tanto para luego esterilizar parte de la base monetaria.
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