La doble cara de las reformas del Gobierno: ajuste para la mayoría y beneficios exclusivos para pocos

“Vamos a hacer una reforma impositiva, una reforma previsional, una verdadera reforma laboral, y otras tantas reformas”, expresó el presidente Javier Milei a un año del inicio de su gobierno. Sin embargo, pese a presentar dichos anuncios como lo que el país necesita “hace décadas” lo cierto es que el primer periodo de mandato con “el ajuste más grande de la historia de la humanidad” dejó en evidencia que tales reformas lejos de ser para el conjunto social, favorecen a unos pocos actores: el supuesto "retiro" del Estado muestra una doble vara entre propuestas de desregulación que generan beneficios para ciertas actividades y cambios impositivos para los sectores más ricos, mientras los más perjudicados siguen siendo jubilados, trabajadores formales e informales, docentes, sector público, entre muchos otros.

Las acciones del gobierno ponen sobre la mesa como “el Estado estuvo proactivo y presente para hacer propuestas de desregulación, para reducir la cantidad de personas que pagan Bienes Personales, para brindar ventajas económicas a empresas de distintos rubros como la medicina y la explotación minera, y para privilegiar la primarización productiva”, alertó un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

De esa manera, lejos del discurso de desmantelamiento estatal en favor de la sociedad, el gobierno avanzó con un combo de leyes y regulaciones que mejoraron significativamente la rentabilidad de algunos sectores de la economía, con un Estado más chico pero directamente orientado a proteger cierto modelo de negocios: DNU 70/2023, Ley Bases, RIGI, decretos de necesidad y urgencia (DNU) y resoluciones ministeriales que modificaron y/o y derogaron decenas de leyes (Contrato de Trabajo, Alquileres, Abastecimiento, Promoción Industrial y Comercial, Ley de Tierras), reorganizaron la administración pública, ajustaron la protección de derechos sociales, desregularon las telecomunicaciones, y otros tantos que evidencian como “se atribuyó facultades extraordinarias como nunca antes había sucedido”. 

Los que pagan el "costo"

El gobierno nacional apuesta a sostener en 2025 un programa económico atado al mentado equilibrio fiscal, pero a costa de una economía real que sigue mostrando caídas significativas, con un consumo golpeado (cayó 20% en noviembre, similar a octubre 20,4% y septiembre 22,3%, y con once meses en rojo, según Scentia) y sostenido deterioro del poder adquisitivo de los ingresos sumado a la pérdida de puestos de trabajo, crisis del mercado interno y parálisis productiva en sectores clave (se destruyeron más de 11.000 firmas). 

En este escenario de recesión, funcional al objetivo del oficialismo de sostener la desaceleración inflacionaria vía apreciación cambiaria y apertura, el gobierno anticipó además que continuará con una serie de reformas -impositiva, laboral, previsional- que modificarían de manera estructural el rol del Estado en un sinnúmero de ámbitos que afectan la vida de millones de personas: relaciones de trabajo, alquiler, propiedad de las tierras, salud, educación, etc.. “La explicación es que el país estaba sumido en una maraña de regulaciones que entorpecían al sector privado y alimentaban la burocracia estatal, sin embargo, esa idea de simplificar la vida retirando trabas normativas tuvo como objetivo político concreto desregular para asegurar la desprotección de sectores amplios de la población”, analizó un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que alertó que “pese a la propaganda oficialista, lo principal no fue ‘achicar’ el Estado sino sintonizarlo con un modelo de país en el que es más fácil acumular riqueza y más difícil ejercer derechos”. 

¿Quién paga entonces el costo del “retiro’’ del Estado? “El ajuste tiene efectos visibles y cotidianos en el monto de las jubilaciones, en los sueldos docentes, en la caída de los programas sociales, en el aumento o la falta de cobertura en medicamentos, en los 14 millones de libros no comprados para estudiantes de primaria y secundaria de todo el país, en la reducción del presupuesto universitario, en la capacidad de compra de quienes trabajan en la informalidad y en la calidad de vida de quienes viven de su trabajo”, detallaron desde el CELS y agregaron “la paralización de las obras públicas de integración socio urbana de las villas y asentamientos de todo el país” sumado a que si los ingresos no alcanzan y aumentan servicios privados “las familias los suspenden y se incrementa la demanda para un sistema público ya ajustado”. 

Uno de los focos de la desregulación, presentada por el gobierno como clave para "promover la libre competencia y la libertad de los ciudadanos”, tiene que ver con los alimentos. Pueden identificarse tanto los problemas relacionados con la producción, “dejó de apoyar a la Agricultura Familiar Campesina Indígena que produce alimentos para el mercado interno, por ejemplo, genera la mayor parte de la yerba y de las hortalizas que consumimos de manera cotidiana”, así como los vinculados al consumo, “eliminó regulaciones orientadas a proteger a las y los consumidores” y con el acceso masivo, “abandonó gran parte de la asistencia alimentaria que prestaba a espacios comunitarios”, detalló el informe al que accedió este medio. 

En detalle, en agricultura familiar desarmó al menos veinte políticas del sector como el Pro Huerta, que desde 1990 proveía insumos y capacitación para huertas familiares y comunitarias y despidió a 900 trabajadores del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI). En cuanto a consumidores, se eliminaron mecanismos que buscaban garantizar un marco mínimo de protección -Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, el observatorio de precios- en tanto que, si bien la inflación empezó a desacelerarse en los últimos meses, los precios de los alimentos aumentaron por encima de los ingresos pautados por el gobierno: a mitad de año un salario mínimo alcanzaba para comprar 118 porciones menos de guiso que siete meses atrás. En cuanto al consumo popular si bien se reforzaron algunas transferencias directas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, “el apoyo ha sido insuficiente para contrarrestar la pérdida de ingresos reales de muchas familias, generada por la recesión económica” a la vez que “se redujeron los apoyos a comedores y merenderos comunitarios". Un millón de niños y niñas se van a dormir sin comer en nuestro país, según Unicef, y el 65% de las familias se vio obligada a hacer recortes en su alimentación en estos meses. 

Otro aspecto que afectó directamente la vida de los hogares tiene que ver con la derogación, vía el DNU 70/23, de la ley de Alquileres, que “eliminó las pocas regulaciones que existían en el Código Civil y Comercial y no propuso una política alternativa para responder a la falta de viviendas”. Como consecuencia, tal como viene informando este portal, hoy las familias se enfrentan a alquileres que se firman por cualquier plazo (generalmente inferior a un año) en cualquier moneda y con actualizaciones definidas con cualquier criterio (cada tres o seis meses, principalmente, y siguiendo el IPC, el precio del combustible, entre otros). Este cambio generó un empeoramiento de las condiciones de las familias inquilinas: el 62% declaró ingresos por debajo de la línea de pobreza, y casi el 40% destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler en AMBA.

En tercer lugar, en materia de acceso a la salud, La Libertad Avanza puso en marcha un proceso de recorte de servicios y retroceso en la cobertura. Las consecuencias están a la vista: “la desregulación de los precios de la medicina prepaga llevó a un aumento de las cuotas de alrededor del 118% en el primer trimestre de 2024, muy por arriba de la inflación. Esto generó una migración hacia el sistema público, saturándolo aún más, y la suspensión de la cobertura para muchas personas, particularmente para las personas con discapacidad y que tienen enfermedades crónicas o graves”, subrayaron desde el CELS. 

A esto se sumó el recorte en acceso a medicamentos ya que la cobertura del PAMI se restringió y dejó a miles de personas que dependen de su jubilación, desprotegidas. “La eliminación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) implicó la renuncia a una política sanitaria nacional y el fin del apoyo financiero a la producción de medicamentos esenciales. Los precios de los medicamentos subieron drásticamente, lo que afectó la continuidad de tratamientos. La venta de medicamentos recetados cayó un 16% en comparación con el año anterior”, agregaron. Asimismo, la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) dejó sin tratamientos a pacientes con enfermedades graves, incluidas las oncológicas, que dependían del sistema público, es decir, a la población más vulnerable. 

Se suma como otro punto la apertura importadora que afecta directamente la estructura productiva nacional. Desde el inicio de la gestión de Milei, se avanzó en la desregulación de importaciones de productos de la canasta básica (alimenticios, bebidas, productos de limpieza y cuidado e higiene personal) además de medicamentos y otros bienes como indumentaria y calzados, sobre los que se fijó una menor carga impositiva, junto con menores controles a ciertos productos que ingresan desde el exterior, todo lo que -como ya sucedió en otros momentos de apertura sin control de importaciones y desregulación comercial- podría poner en jaque la supervivencia de sectores clave de la industria nacional. A ello se sumó la derogación de normas que funcionaban como herramientas de fiscalización (el valor criterio, las estampillas y los veedores de cámaras empresariales locales) lo que, alertan desde el empresariado nacional sobre todo el sector pyme, podría generar consecuencias irreparables para la producción y empleo nacional. Datos difundidos por CAME indican que en noviembre diferentes empresas enfrentaron dificultades para hacer frente al pago de salarios, tal el caso del sector Textil e indumentaria con un 19,7% de las empresas con problemas, seguido por Alimentos y Bebidas, donde el 18,3% reportó inconvenientes. 

Los que reciben los beneficios

La otra cara del ajuste fiscal y la modificación y/o eliminación del conjunto de leyes y regulaciones ya realizadas o por venir, es la generación de condiciones más que beneficiosas para algunos sectores de la economía, ganadores del modelo de La Libertad Avanza.

Al respecto, se destacó que “aumentó la desigualdad con una fenomenal transferencia de riqueza desde los sectores medios y empobrecidos hacia los sectores ricos y concentrados”. En lo concreto, se redujo la cantidad de personas que pagan Bienes Personales, que recae sobre las personas más ricas del país y grava justamente el stock de riqueza acumulada, mientras que en se repuso el impuesto a las ganancias para la clase media, por sus ingresos laborales.  Asimismo, “se brindó ventajas económicas a empresas de distintos, rubros como la medicina y la explotación minera, para privilegiar la primarización productiva del país” de modo que “se promovió un Estado más chico y orientado a proteger ese modelo de negocios”, afirmaron desde el CELS. 

En relación, un informe del centro CIFRA-CTA publicado recientemente sobre la rentabilidad empresarial a lo largo del primer año libertario, mostró que el promedio de las utilidades sobre ventas de las 15 empresas líderes pasó de 9,6% a 21,0%.  “La elevación de la rentabilidad se explicó por una suba muy importante de las utilidades en el primer trimestre de 2024, cuando alcanzaron tasas de rentabilidad promedio de 39% con un impacto considerable de los ingresos financieros asociados a la devaluación de diciembre. Luego, en el segundo y tercer trimestre la rentabilidad disminuyó, aunque se mantuvieron por encima del año previo”, indicaron. Entre las empresas que más que duplicaron sus niveles de rentabilidad en 2024 se encuentran YPF, Tecpetrol, TGS, Richmond, Loma Negra, Arcor, Mirgor y Mastellone. Otras empresas que cierran el año con altas tasas de utilidad elevadas son Aeropuertos Argentina 2000 (40,2%), Pampa Energía (36,3%) y Pan American Energy (19,9%).