Esta medianoche, la Provincia de Córdoba entrará en default, ya que desde esa hora se cumple el mes de gracia que tenían el gobernador Juan Schiaretti y su ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, para saldar el pago de un cupón de US$ 25 millones vencido el 9 de diciembre del año pasado correspondiente al pago de intereses del crédito PDCAR21.
Con las finanzas en rojo por haber tomado deuda en dólares cuando éste cotizaba a menos de $ 20; el gobernador de Córdoba está en una verdadera encrucijada: la economía está paralizada por la pandemia del Covid-19, la poca recaudación es en pesos y los pagos los debe realizar en divisas, que cotiza a casi $ 85 en el mercado oficial mayorista.
Por caso, el pasado martes 5 de enero, el Ministerio de Finanzas provincial informó que al 30 de noviembre de 2020, la deuda cordobesa llegaba a $ 223,1 mil millones; cinco mil millones más de pesos que a principios del mismo mes. Esa suba se debió a que el dólar oficial trepó de $ 78,69 a $ 81,31; un 3,32% más. Y se explica en que el 89,6% de la deuda cordobesa está en dólares (86%); euros (3,4%) y el 0,2% en dinares kuwaitíes.
En septiembre del año pasado, Schiaretti comenzó a negociar la reestructuración de tres bonos que vencen en 2021, 2024 y 2027 y que suman US$ 1.685 millones. Ya presentó cuatro ofertas que fueron rechazadas por no conseguir las adhesiones mínimas para concretar el canje: para ser aceptado, debe conseguir el visto bueno del 66% de los tenedores de los tres títulos juntos y, a la vez, el 51% de los acreedores de cada bono.
El mismo martes 5, cuando informó la suba de la deuda, el Ministerio de Finanzas hizo una quinta propuesta a los bonistas, pero no logró convencer al núcleo duro de acreedores, por lo que Córdoba entra en default. Allí, el Estado cordobés propuso incrementar levemente los intereses a devolver en 2022; y desde 2023, respecto de la propuesta que había realizado en diciembre pasado.
Schiaretti consiguió el apoyo de los bonistas de Schroder Investment Management North America, uno de los principales tenedores; pero lo rechazaron los bonistas del Grupo Ad Hoc: “Las modificaciones fueron anunciadas de manera unilateral por la Provincia sin negociar o consultar previamente con el Grupo, y mismas que siguen sin cumplir con los términos necesarios para una resolución consensuada”, apuntaron desde Grupo Ad Hoc a través de un comunicado.
El sector bonista más duro detalló que “el Grupo está compuesto por inversionistas institucionales que mantienen posiciones de bloqueo en cada una de las series de los bonos internacionales de la Provincia sujetos a la Solicitud de Consentimiento Modificada. El Grupo posee más del 50% de los Bonos de la Provincia 7,125% con vencimiento en 2021; más del 40% de los Bonos de la Provincia 7,450% con vencimiento en 2024; y más del 30% de los Bonos de la Provincia 7,125% con vencimiento en 2027. Por lo tanto, sin el apoyo del Grupo, no será posible aprobar una solicitud de consentimiento que afecte a todas o alguna serie en particular de los bonos internacionales emitidos por la Provincia. En conclusión, no hay forma que la Provincia pueda implementar la reestructuración de sus bonos internacionales sin previas conversaciones de buena fe con el Grupo”.
¿Default técnico?
Fuentes del Gobierno de Córdoba y de los bonistas confiaron a El Destape que mientras ambos sectores signa negociando, el default no tendrá mayor impacto; pero que si los acreedores vuelven a rechazar la propuesta de Schiaretti por considerarla improcedente e insuficiente; pueden activar las cláusulas de aceleración en los tribunales de Nueva York y exigir el pago íntegro de todos los bonos. Desde el Ministerio de Finanzas confían que los bonistas no llegarán a ese extremo y que se sentarán a negociar nuevamente en la próxima reunión que tendrán el próximo 14 de enero.
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