Esta semana el gobierno nacional realizó anuncios para reforzar los ingresos en un contexto marcado por la incidencia de la inflación importada y la remarcación arbitraria de precios en rubros esenciales de la canasta familiar.
En primer lugar, se trata de medidas que apuntan al sector más golpeado no solo por la inflación del primer trimestre sino por el periodo pandémico. El bono de 18 mil pesos para trabajadores no registrados, monotributistas sociales, de categoría A y B, y trabajadoras de casas particulares (registradas y no registradas) así como el bono de 12 mil pesos para jubilados con hasta dos haberes mínimos, se alinean con el diagnóstico de un mayor crecimiento (más producción y empleo) pero sin distribución equitativa y tendrán impacto favorable en el segundo trimestre del año.
Para ilustrar lo anterior cabe analizar algunos datos clave: el uso de la capacidad instalada industrial a febrero de 2022 fue del 64,3 por ciento, el segundo mejor desempeño mensual de los últimos 7 años, al tiempo que los datos de empleo privado registrado a enero de este año muestran un crecimiento en 29.200 puestos, lo que representa 13 meses consecutivos de recuperación. Sin embargo, estos guarismos que validan una recuperación sostenida no tienen su correlato en materia de ingresos.
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De acuerdo al Índice de Salarios del Indec, si se toma como punto de referencia diciembre del 2019, los trabajadores registrados del sector privado aumentaron apenas 2,2 puntos con respecto a la inflación, mientras que los trabajadores del sector público están 3,1 puntos por debajo y los trabajadores no registrados 6,2 puntos por debajo del promedio. En contraparte, los datos de productividad laboral dan cuenta de que la misma se mantiene un 7 por ciento por encima de los niveles pre-pandemia, es decir que la totalidad de los trabajadores (registrados y no-registrados) no sólo no lograron aumentos por encima de la inflación, sino que no obtuvieron ninguna retribución por su contribución al incremento de productividad.
Queda de manifiesto, por lo tanto, que se trata de medidas importantes para reforzar los ingresos de los sectores más postergados. No obstante, será necesario hacia adelante lograr reducir la inflación para que tengan efecto, así como evitar una suba de parte de los formadores precios en un intento por apropiarse de este esfuerzo y que, en definitiva, no tengan que repetirse a futuro, habiendo alcanzado la recuperación del salario real buscada.
En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda histórica tomada en la gestión macrista, ¿qué impacto pueden tener los bonos para el cumplimiento de la meta de déficit? Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) de cara al segundo trimestre, los pagos anunciados (unos 200 mil millones de pesos) conllevarían unos 90.000 millones de pesos en rojo, por lo que también es fundamental el financiamiento que pueda lograrse mediante el aporte de la “renta inesperada”, así como las negociaciones con el propio organismo multilateral.
Al respecto, en el mismo acto en el que se anunciaron las medidas analizadas, el gobierno aseguró que busca discutir un mecanismo para capturar la renta inesperada de las grandes empresas generada a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Si bien resta conocer precisiones, el proyecto a enviarse al Congreso implicaría una alícuota adicional del impuesto a las ganancias de sociedades para una pequeña porción de empresas que en sus balances tengan una ganancia neta imponible mayor a 1000 millones de pesos con respecto al último año. En 2021, solo el 3,2 por ciento de las empresas tuvo ese nivel de ganancias.
Se trata de un proyecto razonable si se considera que aplica sobre una rentabilidad extraordinaria desvinculada de una mayor inversión, producción y empleo, y derivada exclusivamente del conflicto bélico y la suba internacional de precios de commodities, y que, en relación, recae sobre los sectores de mayores ingresos, y no en los sectores populares sobre los que ya recae una mayor presión fiscal porque destinan más porcentaje de sus ingresos al pago de impuestos indirectos al consumo (IVA).
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