(Por Marcelo Bátiz) El ahorro de unos $455.000 millones en subsidios energéticos para el año próximo que anunció el Gobierno se enmarca en la pauta de déficit fiscal primario previsto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según economistas consultados por Télam.
Los especialistas consultados coinciden en la necesidad de contar con más información sobre la forma en que se aplicarán los recortes, para poder evaluar si se está en condiciones de cumplir con el objetivo previsto.
En ese sentido, citaron como fecha clave la del 15 de septiembre próximo, cuando el Ministerio de Economía deberá presentar en el Parlamento el proyecto de ley de Presupuesto 2023, si se tiene en cuenta que el avance que se diera a conocer a mediados de junio -elaborado durante la gestión de Martín Guzmán- se realizó sin tener en consideración el nuevo esquema de segmentación por consumo dispuesto por el ministro Sergio Massa.
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Asimismo, los efectos de la inflación y de la variación que pudiera haber en los precios internacionales de la energía serían dos efectos insoslayables a la hora de evaluar la brecha entre tarifas y costos de explotación, de cuyo resultado dependerá la evolución futura de los subsidios.
"Tomando en consideración la información del Gobierno, entiendo que el ahorro total con los subsidios a la energía será de 0,78 punto del PBI, repartidos en 0,18 punto para lo que queda de 2022 y 0,60 para el año que viene", indicó a Télam Nadín Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
El economista señaló que desconoce "si el Gobierno tiene pensado algún otro recorte para el año próximo, pero esa pauta viene en línea con la meta con el FMI, que en 2023 será de 1,9% del PBI, es decir 0,6 punto menos que el 2,5% de 2022 y equivalente al ahorro en subsidios".
"Tendrían que mantener el resto (del gasto) de manera constante y así los subsidios aportarían el 0,6 necesario, pero todo depende de las decisiones que se tomen y del proyecto de Presupuesto que debe entrar el 15 de septiembre al Congreso", agregó.
Rafael Flores, ex presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), sostuvo en declaraciones a Télam que el cumplimiento de la meta de ahorro en subsidios es "factible", aunque admitió que con la información disponible es difícil "hacer un número fino".
"Al 30 de junio, el gasto en subsidios energéticos era de aproximadamente $ 800.000 millones, así que una proyección razonable teniendo en cuenta la inflación sería de unos $ 2 billones para todo el año; es decir que con una baja de $ 455.000 millones estaríamos hablando de un 25% de ese monto", analizó.
De todos modos, recomendó esperar unos días para conocer a ciencia cierta el número de usuarios que accederá al beneficio establecido en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), ya que la meta de ahorro "es factible si es verdad que un 40% de la población no pidió continuar con los subsidios, pero habrá que ver si cuando empiecen a llegar las facturas mucha gente cambia de opinión y resuelve pedirlos".
"También dependerá de la evolución del precio del combustible y de cuándo se terminará el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner", añadió, si bien el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, precisó que sus efectos en cuanto a ahorro por sustitución de importación de combustible no tendrá un impacto determinante en el invierno de 2023, ya que por lo general los contratos de compra de gas se pactan con antelación.
Si bien la decisión oficial de rebajar los subsidios obedece a causas múltiples (brecha entre tarifas y costos, desigualdades regionales, sesgo "pro-rico", etc), el peso de su gasto en el déficit fiscal se ubica en primer lugar.
Al respecto, en el primer semestre de 2022 solamente los subsidios energéticos (sin incluir al transporte y a otros sectores económicos) representaron el 39,2% del déficit financiero y el 53,9 del primario, aunque la serie histórica relevada por la ASAP muestra años en los que llegaron a significar más del 100% del déficit primario (2012, 2013, 2014, 2015 y 2020) y del financiero (2011), además de haber condicionado el nivel de superávit primario que se registró en 2011 y 2019.
Argañaraz incluyó en su análisis la necesidad de establecer "un sostén de la tarifa real", teniendo en cuenta que la inflación puede neutralizar el ahorro esperado.
"Es clave la política de actualización de tarifas, ya que este esquema va a generar menor gasto en la medida que sostengan su valor real; de lo contrario, por efecto de la inflación al mes siguiente del ajuste va a haber atrasos en términos reales y esa cobertura en pesos se va a realizar con más subsidios", proyectó el especialista.
Por tal razón, consideró que se debe ir avanzando en "subsidios focalizados en la demanda, ya que no todos están en la misma situación".
"Eso requiere de un diseño muy complejo, es verdad, pero hay que avanzar en esa dirección, para no descuidar a la población de menores recursos", concluyó.
Con información de Télam
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