¿Es la ANSES una bomba de relojería para las finanzas públicas?

Hace unos días una columnista de La Voz del Interior publicó un “análisis” sobre la situación de la ANSES que afirmaba que el sistema previsional argentino era “el problema estructural número uno que afecta a las finanzas públicas nacionales”. Según ella, los recursos recaudados por ANSES no alcanzan siquiera para “sostener” a los jubilados. Si eso no fuera suficiente problema, alimentando un lugar común del terror a la política social, la autora advierte que el organismo “paga cada vez más ayudas sociales”. Ni la pandemia, ni la deuda, ni la restricción externa, la base de toda crisis económica sería la inflación generada, a la vez, por la emisión con la que el Estado financiaría “asignaciones y planes varios a otros siete millones de personas”.

Por si quedan dudas, la nota nos explica que la causa de todos los males no es otra que los propios beneficiarios. No todos, sino quienes tienen cobertura gracias a alguno de los mecanismos de inclusión y solidaridad del sistema. En un apartado refiere al problema de los privilegios, pero con una singular manera de definirlos: se trata de recibir más de lo que aportaron.

No se priva, tampoco, de redefinir el concepto de solidaridad. Una transferencia a quien menos tiene (pero no a quien previamente la haya pagado) es, nos advierte, una relación despareja en términos de solidaridad. Esta pirueta retórica le permite citar, sin pudor, alguien que afirma que “el principal régimen de privilegio son los monotributistas y casas particulares”.

En la nota esta absolutamente todo mal: los datos, la identificación de supuestas causas, la manera de entender los conceptos y cada una de las interpretaciones. Voy a detenerme en los principales problemas.

1. No, el Tesoro Nacional no financia el 40% de las erogaciones de ANSES, sino el 23%. El financiamiento de la ANSES se financia de la siguiente manera (según el último dato disponible, de 2019):

2. No, Tesoro Nacional no realiza transferencias porque el sistema sea deficitario, sino por sus obligaciones legales. La ley establece que el Estado es responsable de transferir recursos a la ANSES para financiar “gastos figurativos”, pensiones no contributivas, pensiones para Ex Presos Políticos y prestaciones por la Pensión Universal para el Adulto Mayor. No hablamos de textos confusos, sino de palabras como las del art.19 de la ley 27.260, que dispone que el gasto para financiar la PUAM “será atendido por el Tesoro Nacional con fondos provenientes de rentas generales”.

Además, desde 2016 el Estado asumió la obligación de transferir a la ANSES el equivalente al aporte de coparticipación que se restituyó gradualmente a las provincias. ¿Por qué? Desde los 90 y hasta 2015 se había asignado a la ANSES el 15% de la recaudación coparticipable. La Corte Suprema dictaminó que la asignación no era legítima desde 2006, por no estar fundada en un pacto federal. Cuando llego el momento de discutir el pacto federal en 2016, provincias y gobierno nacional dispusieron que las provincias dejaran de ceder su parte en ese 15% y que el Tesoro debería transferir un monto equivalente a esos recursos (Ley 27.260 art.26). Así, esa supuesta asistencia "adicional" que la ANSES estaría demandando al Estado para sus gastos corrientes no aparece en los datos disponibles.

Si se trata de considerar déficit a las trasferencias del Tesoro que son adicionales a sus obligaciones legales, lo cierto es que sólo vemos algo así en 2016 y 2017, cuando difícilmente podamos atribuirlo a la expansión de derechos. Esos años, en cambio, los gastos que se expandieron fueron ante todo los contributivos, al ampliar el alcance de las Asignaciones Familiares e implementar la Reparación Histórica. Mucho menor fue el aumento de erogaciones para ampliar la AUH a monotributistas y aplicar de forma muy restrictiva la moratoria que estaba vigente. El ajuste no tardó en llegar con la controvertida ley de movilidad de finales de 2017. Ese mismo año se avanzó en medidas de desfinanciamiento del sistema, como la reforma tributaria con la Ley 27.430. Luego, la recaudación de ANSES se vio además contraída por el deterioro de los salarios y la caída del consumo, que resultaron de la política económica del macrismo.

3. No, el aporte del Tesoro no financia “asignaciones y otros planes” sin respaldo. Además de que algunas fueron creadas específicamente con financiamiento a cargo del Tesoro, los recursos con los que el Tesoro sustituye el aporte de las provincias son necesarios para cubrir prestaciones tanto contributivas como no contributivas. Como vemos, mientras las erogaciones contributivas utilizan 60% de los recursos de ANSES, vimos antes que las cotizaciones solo representan el 39% del financiamiento del sistema.

4. No, las erogaciones de las jubilaciones por moratoria no son puramente beneficios no contributivos. Cerca del 40% de las erogaciones por moratoria se explican por un componente contributivo de las jubilaciones de esas personas (como se puede apreciar en las estadísticas de ANSES), y sólo el resto corresponde a mecanismos solidarios de inclusión. De todos modos, aun si fueran enteramente no contributivas, ello no las hace insustentables por definición:  la política social se puede financiar con otros recursos además de las cotizaciones.

5. No, las cotizaciones no son la única manera legítima de financiar la política social, ni siquiera al sistema previsional. El financiamiento presupuestario, vinculado a rentas generales, no solo puede financiar la política social, sino que lo hace desde hace décadas en nuestro país, como se ve en esta línea de tiempo:

Este hecho está lejos de ser una anomalía. Es consecuente con los compromisos de derechos humanos que exhortan los Estados a garantizar el acceso a derechos sociales y a generar políticas que reparen inequidades, que se explican por la precarización y la informalidad laboral, el desempleo y la asimétrica participación en el trabajo no remunerado (especialmente en el caso de mujeres), entre otras razones. Cabe advertir que la existencia de mecanismos solidarios financiados por presupuesto del Estado no es una idea “comunista”: se institucionalizó en países capitalistas con el modelo de seguridad social de Beveridge a mediados del siglo XX. En ese paradigma no se trataba de que el Estado se limite a realizar transferencias en casos de extrema pobreza, sino de avanzar en sistemas inclusivos de protección con redistribución del ingreso. Resulta completamente anacrónico afirmar, a estas alturas de la historia, que ese tipo de transferencias en la política social puedan considerarse privilegios.

En la columna de hace unos días se acepta la “solidaridad” en una única dirección: no se discute que quienes no alcanzaron a completar 35 años de cotizaciones financien un sistema de protección al que no acceden, ya sea con años de cotizaciones (que no llegan a 35) , ya sea aportando a la recaudación tributaria que se destina ala ANSES. Pero, en cambio, se denuncia como “desparejo” que las transferencias sean para quienes fueron contratados en negro por empleadores que evadieron sus cargas fiscales, para quienes tuvieron problemas para conseguir empleo en algunos años, quienes sobrevivieron a costa de actividades independientes de baja renta, o dedicaron trabajo no remunerado a la sociedad. Y no es ya que se rechace que estos beneficios sean financiados con las cotizaciones de algunos, sino también que lo haga la sociedad en su conjunto con la recaudación general. Es decir, con una recaudación en la que también aportan quienes, desde esta mirada, no pueden ser legítimamente beneficiarios de la política social.

6. No, la emisión no se explica por un déficit estructural del sistema de jubilaciones. El déficit fiscal corriente del Estado puede atribuirse a la ANSES como a cualquier otro gasto estatal. En todo caso, en 2020 tiene mucho más sentido vincularlo a los gastos nuevos realizados ese año, o a dificultades que supuso la pandemia para financiar el Estado, y no a obligaciones preexistentes.

7. Una cosa si es cierta. La sociedad argentina no quiere discutir el ajuste sobre los derechos sociales y sobre las jubilaciones. Quedó claro a los diferentes  sectores políticos con las consecuencias que tuvo el ajuste de diciembre de 2017 y la imposibilidad del macrismo de avanzar en una reforma previsional mayor . Pero no es porque sea un tema “tabú”. Es porque la política no puede escindirse del ánimo social. La opinión pública no esta dispuesta a aceptar un retroceso en un área en la que el consenso, en cambio, es que se necesita más. Es falso entonces que el debate “pendiente” sea el del ajuste. El debate puede ser, perfectamente, el de cómo financiamos y como distribuimos una seguridad social aún más inclusiva, equitativa y de calidad.