El incremento sostenido de los alimentos de la canasta básica, por arriba del 20% en el primer trimestre de este año, y la suba de la pobreza en el último semestre del 2022 configuran un panorama preocupante para el acceso a la alimentación en los barrios populares del país. En ese contexto se impulsa un proyecto que busca reconocer el trabajo de las cocineras de los comedores comunitarios que entregan cada día más de 40.000 raciones de comida, dedican entre 6 a 8 horas diarias de trabajo (144 horas mensuales), acumulan una antigüedad de 6 años en promedio, y llegan a alimentar a 10 millones de personas. La iniciativa apunta a lograr el reconocimiento salarial de ese trabajo garantizando el pago de un salario mínimo, licencias, vacaciones y acceso a la Seguridad Social.
El proyecto crea una nueva modalidad de contratación a través del Régimen de Trabajadoras y Trabajadores de Comedores Comunitarios y abarca a quienes desempeñan un rol laboral en comedores comunitarios lo que “requiere de mucho tiempo de trabajo, actualmente no reconocido ni remunerado”, según destacan desde La Poderosa, organización que impulsa la iniciativa. De acuerdo al texto, se busca “garantizarles acceso a la vivienda digna, alimentación adecuada, educación, vestimenta, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, entre otros derechos, con fundamento en las garantías otorgadas al ‘trabajo en sus diversas formas’ por el artículo 14 bis y en el mandato de procurar ‘el progreso económico con justicia social’ establecido en el artículo 75, inciso 19, ambos de la Constitución Nacional”.
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“Si un día las cocineras paran, ¿qué comerían los miles de vecinos?”, se preguntan desde la organización social y evalúan que “si las personas que trabajan en los espacios alimentarios no realizaran su tarea, los alimentos que destinan los gobiernos a esta problemática social no cubrirían las necesidades, y la conflictividad y las consecuencias serían enormes”.
La realidad de las cocineras
Según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCom) en Argentina existen 34.782 comedores y merenderos en los que trabajan 134.449 personas. “Cerca del 80% han sido creados y son conducidos por mujeres, algunos nacieron durante la última pandemia, pero otros surgieron en diferentes momentos de crisis. Hay espacios alimentarios que tienen más de 30 años de existencia”, destacan desde La Poderosa. Al respecto indican que si bien estas mujeres, 75 mil del total, dedican gran parte de su vida a cumplir tareas en estos espacios populares, no cuentan con ningún tipo de reconocimiento salarial para la subsistencia cotidiana y no tienen aportes para acceder a una vejez digna. Además de no gozar de otros derechos laborales como vacaciones pagas, licencias, protección por accidentes de trabajo, entre otros.
Joana Ybarrola, vecina de la Villa 31 e integrante de La Poderosa, dijo en diálogo con este medio que “el proyecto de ley apunta al reconocimiento salarial de las cocineras de los comedores de los barrios populares. La demanda específica es un salario digno que tenga como piso el Salario Mínimo, Vital y Móvil para todas las cocineras del país, sumado al acceso a derechos como cualquier trabajadora” y destacó que “es clave marcar que existe un vínculo entre esas trabajadoras y el Estado”.
El tiempo que dedican a estas tareas crece a medida que se incrementa la demanda en los barrios, a la disposición de entre 7 a 8 horas diarias se agregan las tareas domésticas y de cuidados en el propio hogar, y los trabajos pagos que puedan sumar. “Pueden enfermarse y necesitar atención médica pero no cuentan con una obra social que cubra estos gastos, además llegan a la edad jubilatoria habiendo dedicado igual o mayor tiempo a los comedores que a sus trabajos formales, quienes los tienen”, señalan desde la organización y recalcan que predominan además los trabajos informales que implican mayor precarización y peores ingresos para estas mismas trabajadoras.
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Estos espacios están ocupados sobre todo por mujeres, que representan el 57% de las personas inscritas en el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) siendo un 29% en la rama de servicios socio-comunitarios donde predominan comedores y merenderos. “El laburo que hacemos es muy complicado porque estamos de lunes a sábados, y a veces domingos, trabajando entre 7 y 8 horas, y nos organizamos lo mejor que podemos para garantizar alimentos nutritivos” describió Joana a este portal y agregó que “las compañeras también se ponen al hombro hacer actividades económicas para no cerrar esos espacios alimentarios, porque saben que son clave y actualmente no recibimos la mercadería. Muchos pibes y pibas, muchas familias garantizan dos de sus comidas ahí, merienda y cena, y el desayuno lo toman en la escuela”.
Uno de los aspectos que se destaca tiene que ver con la triple jornada laboral que representa para esas mujeres el trabajo comunitario. “Hay una triple jornada porque trabajamos fuera de casa, habitualmente precarizadas y sin salario, en nuestras casas y en nuestra comunidad. Claramente no celebramos que se abran comedores, soñamos que dejen realmente de existir, pero son la red de supervivencia de millones de personas y hace más de 30 años que existen. Generaciones de familias, abuelos, madres, padres, hijos, comieron y comen en comedores”.
La letra del Proyecto
El proyecto de ley que aún no ingresó formalmente al Congreso hace foco en que los comedores lejos de ser un fenómeno reciente subsisten desde la crisis del 2001 generada por las políticas neoliberales iniciadas en la última dictadura cívico-militar y profundizadas en los ´90, y el consecuente empobrecimiento de la población.
“Los comedores y merenderos realizan un trabajo esencial para la sociedad, tanto es así que durante el período de cuarentena más estricta en el 2020 permanecieron abiertos en la primera línea de fuego, sin reconocimiento, ya que sus integrantes no recibieron vacunas como esenciales. En ese contexto fue que murió Ramona Medina, del Comedor Gustavo Cortiñas de La Poderosa de la Villa 31, sin agua, sin poder lavarse las manos ni ‘quedarse en casa’, por sostener su trabajo comunitario”, se plantea en los fundamentos del texto.
La iniciativa crea un “Régimen de Trabajadoras y Trabajadores de Comedores Comunitarios como nueva modalidad de contratación para aquellas personas que desempeñen un rol laboral en comedores comunitarios en el marco del Programa de Trabajo Autogestionado II - Programa para Comedores Comunitarios” a partir del cual se busca reconocer y otorgar un salario individual a quienes trabajan en dichas unidades autogestionadas, las que deberán por su parte estar inscriptas en el ReNaCom.
De esa manera se entiende por trabajadores de comedores comunitarios “a toda persona residente de cualquier barrio popular del territorio argentino que desempeñe un rol como trabajadora o trabajador en comedores y/o merenderos populares por 24 o más horas semanales”.
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La relación laboral entre el Estado y quienes trabajan en los comedores populares implica la inscripción formal de dicho espacios en un Registro de Unidades Servicio Autogestionadas con la respectiva personería jurídica. Se establece además un período de prueba de 30 días en el contrato entre la Unidad Productiva y la trabajadora, así como límites a la jornada laboral diaria (no podrá exceder de 7 horas diarias y 45 horas semanales), descansos semanales, licencia anual ordinaria, licencia por enfermedad, accidentes y por crianza sin distinción de género, pagas. Además considera el acceso a ropa y elementos de trabajo, seguro de riesgo, antigüedad, indemnización y aguinaldo.
“El salario mínimo no puede ser menor al Salario Mínimo, Vital y Móvil fijado por el Instituto Nacional de Asociativismo y el mismo deberá actualizarse según las categorías que fije el Ministerio de Trabajo” en tanto que “será otorgado a aquellas personas que se encuentren desocupadas, se desempeñen en la economía informal, sean monotributistas inscriptos en las categorías A o B; monotributistas sociales y trabajadoras y trabajadores de casas particulares, siempre que cumplan con ciertos requisitos”. Para ello cada trabajadora deberá contar con una cuenta bancaria en el Banco de la Nación a su nombre, única e intransferible.
Otro aspecto relevante es el acceso a la Seguridad Social ya que se establece que quienes trabajan allí “quedan incorporados a los regímenes instituidos por la leyes 26.425, 23.660 y 24.557 y sus modificatorias o las que en un futuro las reemplacen, bajo las condiciones y conforme a las modalidades del presente estatuto”, y se establecen las alícuotas de los aportes y contribuciones.
“Nelly es referente de Zabaleta y en su comedor nació La Poderosa. Hace más de 30 años que cocina en su comedor, para más de 500 personas pero no recibe un salario, ni tiene derecho a una obra social, ni a vacaciones, ni aun seguro contra accidentes. Y como esa Nelly hay muchas. No hay lugar para discutir si esas mujeres tienen o no que cobrar. No alcanza con un reconocimiento simbólico, necesitamos un reconocimiento salarial con el cual también podamos garantizar adentro de nuestras viviendas un plato de comida”, cierra Joana.
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