Mientras la atención política y mediática se focaliza en presuntas irregularidades de espacios comunitarios que alimentan a más de 10 millones de personas en el país y el gobierno retiene el envío de alimentos y fondos para que puedan atender necesidades cada vez más urgentes, poco se mira qué sucede con los recursos públicos que reciben empresas tecnológicas y que les han permitido crecer al punto de controlar determinados mercados, y aún así seguir recibiendo beneficios del Estado. Los datos son contundentes: solo cuatro grandes empresas (MercadoLibre, Accenture, Globant y Red Link) concentran el 50% de los beneficios del Régimen de Promoción del Conocimiento, por sobre más de 400 que se reparten la otra mitad.
Para ejemplificar en números concretos: los recursos proyectados ($76.000 millones) en 2023 equivalen al más del doble de lo destinado a comedores y merenderos comunitarios, y lo que recibió una firma como MercadoLibre ese año (más de 100 millones de dólares en subsidios del Estado) equivalen a otorgar casi 500 mil jubilaciones mínimas. Además, el presupuesto para 2024 ($137.225 millones - 0,04% del PBI) supera el costo total de todas las becas doctorales del Conicet.
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Así lo mostró una investigación conjunta del Observatorio del Trabajo Informático (OTI) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que resaltó que el régimen que está próximo a cumplir 20 años, “pasó de ser un régimen de promoción a uno de concentración”. Los números de los balances de estas empresas confirman que “la tendencia a la concentración sigue avanzando ya que el régimen beneficia a las más grandes, acentuando las desigualdades”.
Beneficios para pocos
El informe al que accedió este medio analizó qué sucede con los beneficios fiscales y, puntualmente, cómo son los resultados de la implementación del Régimen de Economía del Conocimiento. Al respecto, los beneficios fiscales tienen que ver con tratamientos impositivos diferenciales que se les otorga a ciertos sectores. Es decir, son ingresos que el Estado deja de percibir para incentivar objetivos específicos por lo tanto “resignar esta recaudación equivale a un gasto, una transferencia de recursos públicos. Se los llama Gastos Tributarios”, indicaron desde ACIJ.
En ese sentido, se destacó que para 2023 las pérdidas de recursos por dichos beneficios alcanzaron el 2,5% del PBI (el 11% de los ingresos totales y el 16% de ingresos tributarios), y “sumados otros beneficios fiscales, alcanzan el 5% del PBI”. Sin embargo, el tratamiento que se les da a estos gastos del Estado es opaco ya que rara vez se revisan y muchos menos se justifica con claridad la necesidad de sostenerlos en el tiempo. Tal es así que gran parte de estos beneficios terminan favoreciendo a los sectores más ricos de la sociedad, dándole exenciones impositivas a los más altos ingresos (como jueces y juezas) o estableciendo tratamientos diferenciales muy beneficiosos a las empresas más grandes, como ocurre en parte del sector de la Economía del Conocimiento.
Hay que recordar que en 2004 se sancionó la Ley De Software para impulsar a esta industria hasta 2019. Sin embargo, resaltaron los investigadores, en 2020 luego de un gran crecimiento del sector se prorrogó la ley "sin evaluar qué empresas aún necesitaban incentivos fiscales" y se amplió el alcance y extendió el plazo de vigencia. “Este régimen ha beneficiado a un grupo minoritario de empresas, primero fue un puñado de empresas exclusivamente del software, lo que más tarde se extendió a otras actividades bajo la denominación ‘economía del conocimiento´”, explicaron los trabajadores informáticos. Asimismo, indicaron que “las empresas que son beneficiadas rondan las 850-900 cuando el universo total que supera las 11.000 empresas (incluyendo microempresas) y con el agregado de que esta legislación excluye explícitamente a los autónomos y a los trabajadores, por lo que sólo ha servido a un reducido grupo y no a todo el universo”.
Con datos de lo sucedido en todos estos años y el inicio de 2024, desde el Observatorio del Trabajo Informático (OTI) alertaron que en el último tiempo “se distorsionaron los objetivos iniciales de esta política, que buscaba incentivar nuevas industrias, no favorecer a las más grandes. Pasó de ser un régimen de promoción a uno de concentración”, afirmaron. En detalle, de 2014 a 2019, solo cuatro empresas fueron las empresas que más ganaron al punto de que se llevaron el 46% del total de los beneficios (MercadoLibre 20% del total, Accenture 7%, Globant 15% y Red Link 4%). En el otro 54% se agregan 487 empresas.
El nivel de concentración es tal que, según estimaciones, la Ley de Economía Del Conocimiento proyectaba en 2023 unos $76.000 millones, esto significa que “el régimen es más del doble que lo destinado al programa de Comedores y Merenderos Comunitarios”. A su vez, solo la empresa Mercado Libre recibió el año pasado más de 100 millones de dólares en subsidios del Estado, lo que equivale a casi 500 mil jubilaciones mínimas. Para 2024 tiene un presupuesto proyectado de $137.225 millones, lo que representa un 0,04% del PBI, esto es “casi el triple que el Régimen de Promoción Minera y representa, por sí sólo, más que el Régimen para la Promoción y el Uso Sustentable de los Biocombustibles, el Régimen del Autopartismo Argentino y el Régimen de Fomento del Uso de Fuentes Renovables de Energía sumados. Supera, además, el costo total de todas las becas doctorales del Conicet”.
“La promoción del sector y su definición como industria, que tenía un determinado sentido y motivación en el año 2004, ha cumplido un ciclo y la falta de actualización ha convertido paulatinamente a dicho régimen de promoción en un vector de concentración, contradiciendo sus objetivos y horadando las propias bases para el desarrollo de un ecosistema de empresas locales sano y robusto”, analizaron desde el OTI.
Agenda relegada: beneficios para pocos
En una crisis económica como la actual, con políticas enfocadas en el ajuste fiscal y el recorte de partidas, las organizaciones involucradas resaltaron que “es crucial revisar los regímenes que eximen del pago de impuestos a grandes empresas”, y sumaron que “se agrega que los trabajadores informáticos siguen sin convenio colectivo ni paritarias”. Al respecto desde el OIT puntualizaron que “resulta llamativo que no se aborde críticamente el actual régimen de privilegios que ostentan algunos sectores que se encuentran exentos de impuestos en detrimento de la mayoría de la población, como en el caso de la LEC, y que atenta directamente contra el balance fiscal, por el cual el Estado termina financiando las mega ganancias de empresas transnacionalizadas”.
Según datos de ACIJ, el costo estimado de los gastos tributarios para 2024 es del 2,34% del PIB, además de otros beneficios fiscales que, aunque no se contabilizan como gastos tributarios, representan un 2,38%. En conjunto, suman un 4,72% del PIB. “En Argentina, las pérdidas provocadas por estas políticas han variado a lo largo de los años, en el año 2001 los gastos tributarios alcanzaron su punto máximo histórico, representando el 3,53% del PIB5, le siguió el año 2016, con un porcentaje cercano del 3,31% del PIB, y en 2023 se registró un mínimo histórico de 2,55% del PIB”, explicaron.
En la misma línea, se resaltó que “es urgente que el Congreso se comprometa a revisar los Gastos Tributarios, evaluando a quiénes beneficia y si es necesario mantenerlos o modificarlos. Sólo con mayor información y supervisión se podrá mejorar la eficacia y equidad en la utilización de los recursos públicos”.
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