Aun cuando persisten algunas discordancias, desde el gobierno se señala que el entendimiento con el FMI estaría próximo a rubricarse si pasa el filtro del Congreso. Uno de los aspectos centrales acordados, es que el déficit fiscal se reduzca al 2,5 por ciento del PBI, es decir 6.300 millones de dólares o 1,5 puntos porcentuales menos respecto al que hubiera existido en 2021 sin aportes extraordinarios, pues si bien el mismo fue del 3 por ciento, este resultado fue gracias al aporte del FMI para combatir la pandemia (0,9 por ciento del PIB) y al impuesto, también extraordinario, a las grandes fortunas (0,6 por ciento del PIB).
La guerra desatada por Rusia puso estos compromisos en mayor cuestión, pues parte del entendimiento con el FMI incluye una “reducción con criterios racionales” de los subsidios energéticos, que en 2021 llegaron a 10.500 millones de dólares o 2,4 por ciento del PBI, pero la suba del precio internacional del gas derivado del conflicto bélico llevó a que el gas importado en 2021 por Argentina a 8 dólares el millón de BTU, hoy cueste por encima de 30 y se proyecte con más subas.
El gobierno apuesta todas las fichas a que la principal reducción del déficit se de por vía de la mayor recaudación tributaria, derivada de un crecimiento estimado del 4 por ciento del Producto. Pero, nuevamente, estas proyecciones fueron antes de una guerra que no solo dificultará el suministro energético para Argentina y el mundo, sino que afectará el comercio y la industria global, ralentizando el crecimiento de un mundo que antes de la escalda se proyectaba por el Banco Mundial a un 4 por ciento, es decir un 20 por ciento menos que el 2021.
En estas condiciones, todo indicaría que para cumplir la meta del FMI será necesario algún tipo de ajuste sobre el presupuesto, por lo menos si el gobierno no modifica el esquema y tipo de fiscalización de 2021, donde se sostuvo una presión tributaria regresiva y laxa con los grupos con capacidad contributiva
De hecho, el reciente “Estudio de rigideces presupuestarias de la Administración Nacional” de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPS) da cuenta de las dificultades legales que tendría el gobierno para modificar el 90 por ciento del gasto público, o lo que es lo mismo, el intenso rol político que debería ejercer para modificar más del 10 por ciento de las partidas.
Cifras y tipos de gasto
Desde la OPS aclaran que el estudio tiene una “metodología subjetiva”, pues “la rigidez se calcula en términos aproximados siguiendo criterios subjetivos”. De hecho, al dividir entre erogaciones de rigidez alta, media, o flexible, ubican entre las primeras a las “remuneraciones del personal”, y entre las segundas a los “programas sociales”, lo cual podría ser objeto de discusión. Sin embargo, no menos real es que el estudio se apalanca en “instrumentos legales, contratos, demandas de la ciudadanía, compromisos políticos, o altos costos (judiciales, económicos o políticos)” que en efecto podrían tener un ajuste del gasto público rígido.
Así, concluyen que “los gastos con rigidez alta son el 63,6 por ciento del gasto total, los clasificados como de rigidez media participan con el 24,8 por ciento y el 11,5 por ciento restante corresponde a aquellos gastos más factibles de reasignar”. En este sentido, especifican que los gastos rígidos están mayoritariamente compuestos por las jubilaciones y pensiones, intereses de la deuda, asignaciones familiares, y remuneraciones al personal, y los de rigidez media son subsidios a la energía y al transporte, programas sociales, y servicios no personales, mientras que las erogaciones flexibles están compuestas por los gastos de capital, transferencias a provincias, y bienes de consumo, entre otros.
Pero además, desde la OPS cruzan las erogaciones con los recursos tributarios, ya que una gran parte de estos últimos tiene una “afectación directa”, lo cual significa que por ley no pueden ser utilizados para otro tipo de gasto que para los que se fijaron inicialmente. Por ejemplo, los impuestos que se cobran a los servicios audiovisuales se deben afectar en un 100 por ciento al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, el Ente Nacional de Comunicaciones, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, o proyectos especiales de comunicación audiovisual, o bien el 6,27 por ciento del impuesto a los bienes personales debe afectarse a las cajas previsionales provinciales no transferidas.
En este sentido, la rigidez para ajustar el gato público sin un rol intenso de la política es aún mayor, pues de acuerdo a la OPS, al cruzar ambos conceptos, los gastos clasificados sin rigidez y con fuentes de financiamiento sin afectación -sobre los que el Gobierno tiene mayor margen de acción-, son actualmente del 9,8 por ciento, mientras la vinculación entre gastos de rigidez media con recaudación de afectación media, que es aquella que se recauda para un determinado organismo público, aunque desde el cual se pueden disponer libremente de estas partidas para su área determinada, es de solo el 22 por ciento.
Así, frente a un panorama incierto en materia de crecimiento económico, todo indicaría que, si desea evitar un atraso con el FMI, el gobierno deberá intensificar la política para aumentar la recaudación y/o distribuir el ajuste, por lo menos frente a un 2021 en el pareció dejarla de lado para que al mercado se constituya como el principal asignador de los recursos
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